Es difícil predecir los puntos de quiebre pero en ocasiones existen señales de que algo importante puede cambiar. Ese es el caso de la política de drogas en México. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su primera -e histórica- sentencia en 2015, decretando que la prohibición administrativa sobre el uso de marihuana con fines recreativos era inconstitucional; hasta llegar al momento actual en el que, no solo se reformaron diversas leyes de salud y penales para permitir la producción y comercialización del cannabis para uso recreativo, sino que existen serias iniciativas para contar con una Ley General para Regular y Controlar el Cannabis, el paradigma se ha venido invirtiendo. Como dice Alberto Abad Suárez: "la era prohibicionista de la regulación de la cannabis en México se ha resquebrajado".
Creo que existen tres dimensiones del asunto que, aunque están íntimamente imbricadas, merecen pensarse por separado. Primero la dimensión de los derechos humanos -que son individuales- implicados en el tema. En segundo lugar, la dimensión pública del problema que conlleva e impone consideraciones de carácter general. Finalmente, los efectos colaterales que también tienen una dimensión importante en términos de derechos y una relevancia pública indiscutible, pero que no son el núcleo de la cuestión. Veamos.
Creo que la Suprema Corte de Justicia puso el asunto de manera emblemática sobre la primera dimensión. Con una postura consistente y liberal centró su argumentación en el principio de autonomía personal, en el derecho -creado por los propios jueces abrevando del derecho internacional- al libre desarrollo de la personalidad y en la multiplicidad de libertades asociadas a estos conceptos fundamentales. Esa línea argumental que concatena el derecho personalísimo a decir cómo queremos vivir nuestras vidas, con la posibilidad de elegir qué consumimos y de asumir la responsabilidad que ello conlleva también tiene asidero en interpretaciones de cortes internacionales sobre lo que es la vida privada y sus implicaciones. Además, por supuesto, en esta materia es fundamental el derecho a la salud. Al menos esa es una de las tesis medulares del sugerente y documentado ensayo "La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional" que incluye una "propuesta radical, e indispensable, para remediarla".
Ese trabajo, elaborado por el ex-presidente Zedillo y los académicos Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo y Fernanda Alonso, será analizado en la Universidad de Yale por un grupo de especialistas en diversas disciplinas en estos días y tiene el mérito de abordar la segunda dimensión en la que se debe pensar la cuestión; esto es, la necesidad de mirarla en su conjunto para encontrar las políticas públicas idóneas para atenderla. La experiencia indica que es necesario un marco regulatorio completo que abarque todas las aristas del problema. En el documento citado, por ejemplo, se advierte que el tema del derecho a la salud debe atenderse sin ignorar -como hemos visto- el libre desarrollo de la personalidad pero también las particularidades de las comunidades locales, y el acceso a la información, medicinas y tratamientos. Todo ello a partir de conocimientos y evidencia sólidos. Eso exige un mirador potente que pondere y responda a las características objetivas de un tema con múltiples facetas.
Por último, tenemos una tercera dimensión que no puede ignorarse y que se ha convertido en uno de los peores males de nuestro tiempo: los efectos colaterales pero directos de la política punitiva hasta ahora vigente en términos de desplazamientos, desapariciones, torturas, homicidios y otras violaciones de derechos humanos. La prohibición, la criminalización y la mano dura han amalgamado un compuesto de violencia que ha generado dolor y sufrimiento equivalente al de una guerra civil. Si nos atenemos a los números esto no es una exageración.
Pero decía antes que estos efectos nefandos no son el núcleo de la cuestión porque también tienen resortes propios. La militarización de la seguridad, el incremento de las penas, la criminalización de la juventud, etc., son fenómenos que también responden a una lógica autoritaria que no solo va orientada a la "guerra contra las drogas". Esto vale tanto para el neoliberalismo como para el progre-populismo. Como pruebas vernáculas están la Guardia Nacional y la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. ¿O no?