La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcará un punto de inflexión en la acción climática global. Su decisión de retirar al país del Acuerdo de París desde el primer día de su mandato envió un mensaje claro: la prioridad de su administración no es el cambio climático, sino favorecer las industrias tradicionales de combustibles fósiles. Esta postura está generando incertidumbre en la comunidad internacional y poniendo en riesgo los avances logrados en años recientes. Sin embargo, incluso dentro de este panorama, es posible identificar tanto calamidades como oportunidades.
Por un lado, las calamidades son evidentes. El retiro del Acuerdo de París no solo merma sustancialmente el liderazgo de Estados Unidos en la lucha climática, sino que también da pie a una narrativa global peligrosa: si la mayor economía del mundo no está comprometida con el cambio climático, otros países podrían sentirse menos obligados a actuar. Además, la suspensión de permisos federales para proyectos de energía eólica offshore representará un revés significativo en la transición hacia energías limpias, especialmente en un momento en que esta tecnología estaba ganando competitividad y aceptación en el mercado energético.
No obstante, es necesario reconocer que la administración Trump está mostrando interés en ciertas áreas prometedoras, como la movilidad eléctrica. Aunque esta iniciativa parece contradictoria con su apoyo a los combustibles fósiles, podría interpretarse como un reconocimiento del potencial de crecimiento económico y tecnológico que representa la electrificación del transporte. Si bien las políticas de movilidad eléctrica bajo su administración podrían no ser tan ambiciosas, aún están generando oportunidades para que empresas innovadoras desarrollen tecnologías más accesibles y eficientes.
A pesar de algunos avances puntuales, la acción climática se verá sensiblemente disminuida. Sin embargo, la inercia que procede de los años previos, impulsada por esfuerzos locales y estatales, seguramente logrará ser un contrapeso crítico, como quedó demostrado durante su primer mandato. Ciudades, estados y empresas privadas tomarán el liderazgo en ausencia de un compromiso federal. California, por ejemplo, está reforzando su compromiso con la neutralidad de carbono, mientras que otros estados ampliarán sus inversiones en energías renovables. Además, muchos actores locales ya reconocieron y probaron los beneficios económicos de la transición energética, como la creación de empleos y la reducción de costos a largo plazo, lo que estimula su determinación de continuar por este camino.
Las mayores oportunidades de progreso durante la administración Trump no provendrán directamente del gobierno federal, sino que se sustentarán en la descentralización del liderazgo climático. Los avances en energía limpia y renovable, tanto en USA como en todo el planeta, no dependen exclusivamente de las políticas nacionales, sino también de los esfuerzos de las comunidades locales, el sector privado y las alianzas internacionales.
Alcanzar un progreso sostenible con equidad y justicia, es un desafío aún mayor. Sin un liderazgo federal que priorice estos valores, las desigualdades pueden ampliarse, ya que las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas por los impactos climáticos y las transiciones económicas. Sin embargo, esta etapa también puede demostrar que la acción local tiene el potencial de ser un motor poderoso de cambio, especialmente si se complementa con iniciativas de justicia ambiental.
La administración Trump podría ser vista como un periodo de ralentización, pero no de retroceso total. La creciente aceptación de los beneficios tangibles de la energía renovable y la acción climática sugiere que la transición es inevitable. En última instancia, la clave para el progreso radica en mantener el impulso alcanzado hasta ahora, fomentar la colaboración y garantizar que nadie quede atrás en el camino hacia un futuro más sostenible.