El martes pasado será un día que no olvidará Andrés Manuel López Obrador. No se le habían acumulado tantas derrotas en una sola jornada en su historia político-pública como le sucedió este 27 de abril, donde triunfos electorales que tenía en la bolsa se le complicaron y le frenaron la posibilidad de aprovechar vacíos legales para crear una nueva mayoría artificial en el Congreso. Ese día amaneció del lado contrario de la cama con la encuesta de EL FINANCIERO sobre la mañanera, cuya relevancia como instrumento de gobernanza cayó 12 puntos en sólo un mes, que significó casi 60 por ciento del total del desplome en lo que va del año, que no sólo situó en 37 por ciento la opinión sobre la mañanera, sino que mostró una pérdida de credibilidad: 47 por ciento de los mexicanos considera que el Presidente miente.
Fue un día con malas noticias, que deben haber sabido que vendría por el exabrupto del poderoso consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien en una entrevista con Carmen Aristegui dijo que habría que “taparle la boca a los reporteros” para que no le preguntaran a López Obrador sobre temas electorales, en un acto de censura que, dijo al disculparse después, no era censura sino una frase mal empleada. En efecto, la prensa puede preguntar lo que sea, y quien debe contenerse a lo que marca la ley es el Presidente. Eso no va a suceder. Ese estado de ánimo prevalecerá en Palacio Nacional.
El tamaño de la frustración y desesperación tiene una explicación circunstancial. Scherer, que controla al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, debió saber que su títere no había podido manipular al resto de los magistrados colegas para que frenaran la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Tampoco los esfuerzos ilegítimos e ilegales del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, brazo de Scherer en el Poder Judicial, pudieron revertir los dictámenes, pese a haber presionado personalmente. Los magistrados votaron conforme a la ley, pese a las amenazas del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, las dos armas preferidas de la actual política de persuasión por la vía del terror.
La declaración de Scherer fue preámbulo de la mañanera del miércoles, donde el Presidente dedicó larguísimos minutos para denostar al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral, a quienes acusó de conspirar contra la democracia y buscar la provocación. A nadie sorprende la reacción beligerante, contenciosa y agresiva del Presidente, que cae en ese campo de la política cuando las cosas no salen a su modo. Dijo que, sin embargo, era momento de dar un ejemplo de sensatez y responsabilidad, para evitar la confrontación que él mismo, en ese momento, alentaba contra los órganos electorales. Tampoco causó sorpresa su doble discurso, como reflejó el desgaste de su palabra la encuesta de El Financiero.
Los reveses acentúan el mal humor del Presidente, que lo ha venido sudando en público porque las encuestas que recibe en Palacio Nacional, comentaron algunos de sus asesores, no coinciden con las publicadas en medios de comunicación. Su apoyo es más bajo, como también ha disminuido a su gestión y a Morena. Esto ya se nota. Hace un año, de 15 gubernaturas que iban a estar en juego este año, todas las preferencias de voto favorecían a Morena. Hoy, cuando menos siete están más cerca de la oposición, y hay dos o tres más que se están cerrando. En el Congreso, en la medida que se acerca la fecha, se achican las posibilidades de que obtenga la mayoría calificada, esperándose que, con el fallo del tribunal sobre las mayorías artificiales que le dio en 2018 a Morena 101 diputados más de los que había ganado en las urnas, quede muy lejos del número que obtuvo hace tres años.
A un día de perros que tuvo el Presidente el martes, viene una temporada de perros para todos, porque López Obrador elevará la temperatura a su discurso, a la beligerancia y a la confrontación. Pero será más que eso. Aparejado a la estrategia discursiva de polarización, cuyo objetivo es inhibir el voto y buscar –como hizo el PRI cuando era partido hegemónico– una baja participación del electorado, están las armas del gobierno para hacer política: la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República. En vísperas del fallo del Tribunal Electoral, hay que decirlo, ya habían prendido los motores.
En la cocina de la Fiscalía General de la República se prepara una nueva denuncia penal contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el tema de los penales, pero con un añadido importante: prepara incluir en la denuncia a quien fue su jefe, el expresidente Felipe Calderón. Si no va a haber consulta para enjuiciar a expresidentes por falta de presupuesto, Calderón, a quien detesta, es su mejor alternativa.
En su sexenio colaboró Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, sobre quien la Fiscalía retomó seis averiguaciones previas –dentro del modelo del viejo sistema penal– que, abiertas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal agravada, en las que involucraban a su esposa y a dos de sus hijos, fueron congeladas por un acuerdo político con el exmandatario priista.
La Fiscalía General está preparando también acusaciones adicionales contra los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, César Duarte, con el objetivo, se infiere, de seguir alimentando la narrativa presidencial de la corrupción del viejo régimen, y que le permitan, sin meterse abiertamente a hacer campaña electoral, volver a apuntalar en la cabeza del electorado que si votan contra Morena, votarán contra él y por la corrupción. El ataque electorero viene. No se necesitaba llegar al fallo del Tribunal Electoral, aunque necesario es decirlo, aceleró la estrategia que se venía preparando para no tener sorpresas electorales.
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