Seis meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, su secretario particular, Alfonso Durazo, quien le llevaba la agenda, era el portero en su oficina y tenía la clave de su caja fuerte, comenzó una larga y muy redituable carrera en el sector de los bienes raíces. Nunca fue su línea de trabajo o negocio, pero a diferencia de su carrera política, ha sido consistente y creciente. Tras morir Colosio y quedarse prácticamente sin trabajo, compró un terreno en el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Luján, en Hermosillo, y ocho meses más tarde, otro terreno rústico en la zona de El Alamito, en Agua Prieta. De ese año a 2016, Durazo, como miembro del PRI, del PAN y de Morena, fue convirtiéndose en un pequeño magnate inmobiliario con una enorme fortuna.
Durazo no está en las ligas mayores del equipo de colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay varios multimillonarios, pero se le acerca en portento inmobiliario al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y deja como principiante a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, cuya revelación de propiedades, en número y valor muy inferiores a las del actual candidato a gobernador de Sonora, eliminó a su hermano como candidato al gobierno de Guerrero, y a ella la puso en la antesala del cese.
El común denominador es que no todas las propiedades que tienen las registraron en su declaración patrimonial. En el caso específico de Durazo, en algunas de sus 18 propiedades hay inconsistencias añejas en sus declaraciones, que no impidieron su nombramiento como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, plataforma para la candidatura en Sonora, como la omisión de la residencia donde vivió después del asesinato de Colosio, en Jardines de la Montaña, al sur de la capital federal, ni la copropiedad de un edificio que ocupan despachos de abogados en la misma colonia.
Estas propiedades no figuran en un documento que está circulando en Sonora, pero que ha servido para llamar la atención sobre esta faceta desconocida de Durazo, cuyas compras de bienes raíces, se aprecia en esa lista, tiene un patrón: adquisiciones a muy bajo precio, incluso ni siquiera en los niveles del costo de mercado, que hoy, a valor presente, medidos con precios de mercado, ascienden probablemente a un patrimonio de más de 350 millones de pesos.
Por ejemplo, el terreno en el vaso de la presa, de un millón de metros cuadrados, que es 33 por ciento más grande que toda la colonia Pitic en Hermosillo, el equivalente de las Lomas de Chapultepec o el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, por el que pagó 12 centavos por cada metro, poco más de 112 mil pesos, que a valor presente cuesta 48 millones de pesos. Por El Alamito pagó 11 centavos el cada metro cuadrado que costaba 60 pesos, que en la actualidad vale 250 veces más.
Según la relación de sus propiedades, entre 1994 y 2010 adquirió siete bienes inmuebles, que quedaron registrados en su declaración patrimonial con un valor de casi 18 millones de pesos. Diez propiedades adicionales fueron adquiridas posteriormente, con un precio original de 37 millones de pesos que, a valor presente, en precios del mercado, rebasan los 250 millones de pesos. Y una más la compró mediante la empresa Iberogas de Agua Prieta, donde tiene 65 por ciento de las acciones.
Durazo adquirió siete propiedades directamente entre 1995 y 2015, según la documentación obtenida, aunque una de ellas, un predio de mil 500 metros cuadrados en Paseo de las Esmeraldas, que se encuentra dentro del fraccionamiento La Jolla de Hermosillo, que es una zona de fortunas recientes y que tiene un valor presente de 13 millones de pesos, no la reportó en su declaración patrimonial. En ese fraccionamiento tiene otra propiedad, cuya dirección es la misma de su credencial del INE. Otra es un departamento en Polanco, frente al parque Lincoln, adquirido hace seis años a un precio actual de casi 30 millones de pesos, pero por el que pagó 7 millones.
Los documentos sobre sus propiedades incluyen 10 más adquiridas a través de la Inmobiliaria Alta Sierra, que es la que consiguió el millón de metros cuadrados en el vaso de la presa a finales de 1994. El apoderado legal de esa inmobiliaria era su hermano Pablo, de la que eran accionistas, entre otros, su esposa y su cuñada, mientras el candidato era administrador único, director general de la empresa y, finalmente, en 2017, apoderado legal.
A través de esta empresa adquirió en 2012, en plena campaña presidencial, cuando acompañaba al candidato López Obrador, una casa con vista a la playa en bahía de Kino, que era propiedad de Amado Carrillo Barragán, hijo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, que, como jefe del Cártel de Juárez, llegó a ser en los 90 el narcotraficante más poderoso de México. Los documentos muestran una operación cuestionable donde se involucra la inmobiliaria y su esposa –que era accionista mayoritaria de la empresa–, donde se dio una compra-venta simulada de tres lotes comerciales en el bulevar Ignacio Soto, con un precio de 550 mil pesos. Ese bulevar tiene una plusvalía que podría compararse a la de los predios en el Periférico Sur de la Ciudad de México, en la zona de Las Flores.
Tener dinero o ser millonario no es algo que hoy en día el presidente López Obrador rechace. Como dice, hay quienes lo han logrado a través de su trabajo. La documentación sobre las propiedades de Durazo abre la sospecha que su éxito inmobiliario no haya sido resultado de su trabajo, lo cual puede comprobarse fácilmente, si hubiera decisión política, realizando un análisis de su evolución patrimonial, y pasando la prueba de ácido de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le ayudaría a Durazo y a las y los electores en Sonora para saber por quién realmente votar.
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