El lunes pasado Sudykey Rodríguez, la velocista olímpica candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, estaba en un mitin en la cascada Velo de Novia, en Avándaro, cuando dos personas se le acercaron y le dijeron: “Necesito que te pares ahí abajo”. Según narraron personas que hablaron con ella, les dijo que no podía porque estaba con sus simpatizantes. De nada sirvió. La obligaron a irse con ellos, la subieron a un vehículo y la llevaron 64 kilómetros a Tejupilco, en el sur del Estado de México, donde una persona empapada en alcohol, rodeada por un grupo armado, le dijo: “Mira Sudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña”.
Rodríguez, una vallesana querida y respetada, se quebró. “No me mate”, imploró. “¿Qué quiere?, ¿que me vaya del país?”. Esa persona, identificada por fuentes militares como Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, le respondió: “No, sólo escóndete y bájate de la campaña”. El Pez y su hermano José Alfredo, apodado El Fresa, encabezan una fracción sobreviviente de La Familia Michoacana que ha operado hace más de una década en la Tierra Caliente de Guerrero, y controlado por años el corredor criminal entre Arcelia y Valle de Bravo. En la actualidad tienen una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Pez pudo haber matado a Rodríguez sin ningún problema, pero es claro que no era su intención final. Querían intimidarla y que el abandono de la campaña electoral se diera sin violencia y sin atraer atención nacional. Hasta ahora, hay que decirlo, lo lograron. Después de que los mismos criminales que la levantaron en Velo de Novia la regresaron a Avándaro, Rodríguez se escondió.
Lo que parece un nuevo episodio del terror que se vive en el proceso electoral mexicano y un paisaje más de cómo la delincuencia organizada está atacando a quienes aspiran a puestos de elección popular, no lo es. Es mucho más complejo lo que está sucediendo con Rodríguez, y más grave aún, porque lo que hicieron los hermanos Olascoaga fue involucrarse directamente al proceso electoral vallesano para favorecer a la candidata de Morena, Michelle Núñez.
Esto no había sucedido antes. Los hermanos Olascoaga habían inyectado recursos en campañas electorales, de acuerdo con personas que conocen la vida política del sur del Estado de México, para ganar protección, colocar a su gente en las secretarías municipales de Seguridad y Obras, o presionar y extorsionar a ediles a quienes no ayudaron en sus campañas. Lo que es inédito es que apostaran por un candidato en específico.
La acción de los hermanos Olascoaga fue acompañada por el director de Aduanas, Horacio Duarte, quien en pinzas –deliberada o coincidentemente– con los criminales, actuó en simultáneo. Duarte se presentó sin previa cita en la oficina del actual alcalde Mauricio Osorio, del PRI, para amenazarlo que, o dejaba de respaldar a la candidata de la alianza opositora, que está aventajando a Núñez en algunas encuestas que se han hecho de manera privada, o le iba a echar encima al SAT, donde está incorporado Aduanas, para que lo persiguiera.
Duarte es muy cercano de Núñez, a quien hace tres años defendió de una serie de acusaciones de homicidio culposo dentro del proceso por la presidencia municipal de Valle de Bravo, que le hizo el candidato de un partido local, Vía Radical –hoy absorbido por Morena–, Héctor Soto, a quien en enero pasado, mientras transitaba con su hijo en un auto de lujo por Tenango del Valle, otro municipio mexiquense, asesinó un comando. Junto con Duarte, la estructura de Morena también se movilizó. Mientras regresaban los criminales de Tejupilco con Rodríguez, comenzaron a circular de voz en voz que la candidata se retiraba de la contienda, empezaron a retirar su propaganda, mientras instaban a sus colaboradores a que saltaran de campaña y apoyaran a Núñez.
La candidata aliancista está aterrada por la amenaza de muerte y su campaña se paralizó. De acuerdo con personas que la conocen, no sale prácticamente de su casa que, además, está vigilada permanentemente por personas que han sido identificadas como militantes de Morena, lo que sugiere que están verificando no sólo a quién ve, sino también si, en efecto, sigue en campaña o se retiró. Oficialmente se mantiene en la contienda Rodríguez, y no hay ninguna señal de que los partidos que la respaldan sepan lo que sucedió. Tampoco el gobierno federal, en buena parte porque este episodio no se ha hecho público hasta ahora.
En todo caso, parece improbable que lo que sucedió con Duarte y con la militancia vallesana de Morena forme parte de una conducta general del partido y, menos aún, de una instrucción desde Palacio Nacional. De hecho, Duarte no tiene la mejor relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien elogia en público–, porque pertenece al grupo político de Higinio Martínez, el cacique de Morena en el Estado de México. Incluso la designación de Delfina Gómez, miembro de ese mismo grupo, como secretaria de Educación, fue para restarle fuerza a Martínez en la próxima contienda por la gubernatura.
El Estado no puede permitir acciones de esta naturaleza, donde un grupo criminal se entrometa a un proceso electoral que, si tiene éxito su aparente candidata, injerten el poder criminal al poder público. Por lo mismo, urge que el gobierno federal se involucre en el ataque a Rodríguez, investigue el proceder de Duarte y delimite su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que se vivieron esta semana, que incluye las amenazas al alcalde Osorio de echarle encima al SAT.
Los síntomas que muestra el microcosmos de Valle de Bravo son claramente los de la narcopolítica. Cada vez hay más ejemplos de ello para que el gobierno se siga manteniendo al margen de este deterioro acelerado de la vida pública.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí