El secretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, estará hoy en México en un mal momento en la relación bilateral, y con la creciente convicción en Washington de que la laxitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con los cárteles de la droga rebasa la condescendencia. El problema de gobernabilidad que han venido alertando en el gobierno del presidente Joe Biden –la pérdida de 30 por ciento del territorio que controla actualmente el crimen organizado– se agrava por la forma como actuaron los cárteles en las elecciones del 6 de junio.
Abundan las denuncias periodísticas de cómo operaron los cárteles, en especial el de Sinaloa, durante las elecciones. Todos los municipios con fuerte presencia de esa organización fueron ganados por Morena, lo cual sería meramente circunstancial, de no ser porque se dieron casos específicos de personas vinculadas con ese grupo que robaron urnas en la zona del Pacífico norte, y amenazaron a candidatas y candidatos que, el mismo día de elección, abandonaron la contienda.
En Sonora, donde una de las facciones más violentas de esa organización, Los Salazar, llevaba meses amenazando a Alfonso Durazo –incluso desde que era secretario de Seguridad federal–, lo dejó misteriosamente en paz. Y en el istmo de Tehuantepec, que ha estado bajo el control político del empresario Bogart Soto, a quien autoridades federales y estatales identifican como el jefe del cártel que opera en toda la región de Oaxaca y el sur de Guerrero, en los municipios que domina ganaron candidatos de Morena.
Las evidencias apuntan a que no sólo el Cártel de Sinaloa y sus aliados se metieron en las elecciones. En Jalisco, donde la principal organización criminal es enemiga de los sinaloenses, el Cártel Jalisco Nueva Generación, no ganó Morena sino Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece el gobernador Enrique Alfaro. Esto puede ser visto igualmente como coincidencia, pero esa organización pudo operar como lo había hecho antes –comprando o amenazando a futuros alcaldes– porque de manera inexplicable recibió una concesión del gobierno federal. Hace unas semanas fuerzas federales acorralaron al líder de esa organización, Nemesio Oseguera, el Mencho, pero en lugar de recibir la orden de capturarlo, la instrucción fue retirar al grueso del contingente que lo cercó, y mantener una vigilancia mínima sobre él.
En otras partes del país, como en el sur del Estado de México, donde opera La Familia Michoacana, apoyada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, la inhibición que hizo con amenazas y privación de la libertad a candidatas y candidatos que competían contra Morena –el caso emblemático es el de Zudikey Rodríguez en Valle de Bravo, que tras secuestrarla no volvió a hacer campaña formal– allanó el camino para triunfos, si quiere llámese nuevamente coincidencia, de Morena.
El contexto de la visita de Mayorkas no podía ser menos delicado por lo que parece, por lo que es y por el antecedente. El viaje es seguimiento de uno reciente que hicieron a México varios jefes de la CIA, quienes sólo hablaron con los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante Rafael Ojeda, además del director de la Central Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. La última vez que visitó México un director de la CIA, en ese entonces Mike Pompeo, viajó acompañado del antecesor de Mayorkas, John Kelly, y los jefes de las Fuerzas Armadas los llevaron a sobrevolar los cultivos de amapola en Tierra Caliente de Guerrero, de donde sale 49 por ciento del fentanilo que se consume en Estados Unidos.
No hay información oficial sobre las pláticas de los jefes de la CIA con el gabinete militar de seguridad de López Obrador, pero uno de los temas que mayor preocupación ha generado en Washington en los últimos meses es el de gobernabilidad y terrorismo. Durante su reunión virtual con López Obrador, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, incorporó en la agenda de discusión la violencia en la frontera entre los dos países, que fue vuelta a plantear de manera menos específica en su visita a México. En Washington, los servicios de inteligencia estadounidenses no han ocultado su temor de que terroristas, yihadistas o rusos puedan utilizar las redes de los cárteles para entrar a ese país desde México.
Ante esas renovadas y nuevas preocupaciones, la palabra del presidente López Obrador no ayuda. La forma como ha tratado a los narcotraficantes tuvo una insólita expresión después de las elecciones, cuando declaró que “se habían portado bien”, sin nunca clarificar a qué se refería. Uno puede pensar que hablaba en el contexto de que no desataron la violencia el día de la jornada electoral, pero por los antecedentes en su trato informal y metalegal con los cárteles de la droga, la duda sobre sus motivaciones tiene asideras objetivas.
La forma como ha manejado López Obrador la relación no conflictiva con los cárteles de las drogas permite plantear como hipótesis de trabajo que pudiera estar pensando en una negociación en busca de una especie de reconciliación, como si se tratara de un movimiento armado. López Obrador nunca ha tratado a los cárteles de la droga como criminales, pero el comportamiento que tiene con ellos es como si obedecieran a una causa y no a un negocio. En la práctica, los ha legitimado.
Son varias las veces que ha dicho que pueden llegar a un acuerdo –nunca ha hablado de un pacto tangible–, donde se beneficien de una amnistía –hecha realidad de facto a lo largo del sexenio–, que significa no combatirlos y animarlos a que exploren vías legales de su negocio. López Obrador cree –porque así se lo han dicho sus cercanos– que es la forma de reducir la violencia, y como ha señalado en privado, el problema de consumo es de Estados Unidos, por lo que ellos tendrían que resolverlo. Su posición es ingenua y revela incomprensión sobre el negocio del narcotráfico. Pero, sobre todo, choca con la visión que tiene Washington sobre su seguridad nacional.
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