Un tiro de largo alcance fue disparado ayer por el gobierno. Después de dos años de deliberaciones internas, la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó en un tribunal de Boston, Massachusetts, a 11 corporaciones que fabrican y distribuyen armamento, por practicar un comercio negligente e ilícito a sabiendas del “daño masivo” causado en México por facilitar el tráfico de sus armas para los cárteles de las drogas y otros criminales, que han provocado la muerte de decenas de miles de mexicanos. La acusación no tiene filtros. “Los criminales en México representan un mercado significativo para los acusados”, dice la demanda, “lo que explica la decisión empresarial de los acusados para seguir abasteciéndolos”.
La querella es un sólido documento de 135 páginas, que incluye 387 puntos factuales sobre la calidad de la violencia desatada por esas armas, que impactó en la vida cotidiana y que ha provocado la pérdida obscena de vidas. Fue presentada por el despacho Hilliard Shadowen, de Austin, Texas, con gran reputación por sus litigios que involucran derechos económicos y civiles, donde se estima que el valor de las armas traficadas a México asciende anualmente a más de 250 millones de dólares, de los cuales 170 millones, cuando menos, fueron de las ventas de las empresas acusadas a criminales mexicanos.
Las quejas del tráfico de armas a México son viejas, sobre todo después de que el presidente George W. Bush eliminó la prohibición para que no se pudieran vender en las armerías de Estados Unidos fusiles de asalto en 1996. El presidente Barack Obama no pudo revertir la prohibición por el cabildeo de los fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle, que compraron aliados en el Capitolio mediante financiamiento de campañas políticas. El eterno argumento ha sido la Segunda Enmienda constitucional, que reconoce el derecho de los estadounidenses de poseer y portar armas.
La demanda se refiere a la Segunda Enmienda, pero aclara: “Este caso involucra a los acusados de suministrar sus armas a mexicanos y a otros que violan la ley. Los cárteles no tienen derechos protegidos por la Segunda Enmienda, y los acusados no tienen derecho de suministrarles armas”. Entre 70 y 90 por ciento de las armas confiscadas en México que se utilizaron en un crimen fue contrabandeado desde Estados Unidos, y la mayoría de ellas pertenece a las empresas demandadas.
Durante la prohibición de los fusiles de asalto, que impulsó el presidente Bill Clinton, bajó el número de asesinatos en México, pero se disparó en el gobierno de Felipe Calderón. Como también lo hicieron los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, exigió al gobierno de Estados Unidos frenar el tráfico de armas, pero no pasó de posiciones principistas. La demanda presentada en Boston –donde tienen operaciones comerciales seis de los siete fabricantes de armas demandados– tiene otro alcance y escala. Incluso, en la selección de la Corte de Massachusetts. Ocho de los 10 jueces fueron nominados por los presidentes Obama o Clinton, y al igual que en la Corte de Apelaciones, son magistrados de corte liberal, un pensamiento que le permitió a Clinton sacar adelante la prohibición de los fusiles de asalto.
La querella toca cada aspecto que impediría a las empresas que fabrican esas armas ser negligentes o tener prácticas comerciales ilegales, como sugiere el documento, y se apoya no sólo en las leyes estadounidenses sino en el propio gobierno de ese país que ha concluido, subraya, que “las armas de los acusados son la fuente principal de los arsenales de los cárteles”, y que su contrabando hacia México tiene “proporciones extraordinarias”.
La demanda mexicana no es inédita, y ha sido un camino que han seguido personas en Estados Unidos desde hace más de 15 años, aun pese a que desde 2005, cuando Bush levantó la prohibición de la venta de fusiles de asalto, la industria de las armas cabildeó en el Capitolio una ley que la protegiera de futuras demandas. De esta forma se aprobó en 2005 el Acta de Protección del Comercio Legal de Armas, un escudo que protege a las compañías de responsabilidades por el solo hecho de que sus armas hayan sido mal usadas, resultando en víctimas dentro de Estados Unidos.
Esa ley fue resultado del gran volumen de demandas que se dio antes de que Clinton promoviera la prohibición de la venta de los rifles de asalto, cuando acusaban a los fabricantes de las armas de facilitar un mercado negro en los mercados secundarios, mediante sus prácticas laxas de venta. Aunque la ley les proveía de una amplia impunidad, hubo casos donde han ganado espacio las demandas civiles. La más significativa, por lo que representa, es la presentada contra Remington Armas en 2016, introducida por familiares de 20 niños y seis adultos asesinados en la matanza de la primaria Sandy Hook en 2012, que se sigue litigando en la Suprema Corte de Connecticut.
Legalmente es muy alta la apuesta del gobierno mexicano. Incluso, los abogados le comentaron al canciller Marcelo Ebrard que no tienen garantizada una victoria. De manera realista, es más probable que se pierda el caso. Ebrard afirma que “vamos a ganar”, pero no hay que interpretarlo legalmente. Si se analiza políticamente, el gobierno ya ganó, porque logró con tan sólo presentar la demanda, abrir de una manera diferente el debate público y acotar la impunidad de la que gozaban hasta ahora. Lo retórico no les importaba a los fabricantes de armas, pero al forzarlos a litigar en tribunales, se va a exponer masivamente lo que han hecho.
Es una afrenta que cientos de armas letales salidas de las más de 10 armerías en la franja fronteriza estadounidense terminaran asesinando a mexicanos, al incentivar un mercado secundario de armas en números grotescos, como el que haya más de 50 mil armerías en esa nación que establecimientos de McDonald’s. Es ridículamente mortal. Hay que aplaudir la demanda contra los fabricantes de armas, que si no en tribunales, políticamente ya fueron derrotados.
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