Las fotografías que difundió la columnista Lourdes Mendoza el sábado donde figura Emilio Lozoya cenando en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, provocaron una indignación generalizada que no pudieron frenar los ataques de las cuentas del gobierno en las redes sociales para descalificar a la mensajera, la periodista. La molestia se derivó de las percepciones: ¿cómo un delincuente confeso como Lozoya se muestra en un entorno de opulencia?, ¿qué blindaje gubernamental tiene para dejarse ver en público sin mayor recato?, ¿se siente tan impune el exdirector de Pemex que le importa muy poco lo que piense de él la opinión pública? Pues sí. Tiene la protección del gobierno, con el que construyó al alimón acusaciones sobre sobornos en el sexenio pasado, como su testigo joya en la cruzada contra la corrupción.
Las fotografías generaron una reacción adicional, expuesta por Mendoza en su columna de este lunes en El Financiero. En su reguilete de acusaciones, Lozoya señaló que le había entregado, por instrucciones de Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, una bolsa Chanel de 5 mil dólares, comprada en su tienda de Polanco. La periodista lo demandó por difamación moral al demostrar que la tienda señalada había cerrado dos años antes de la supuesta venta. Lozoya tenía que presentarse a una audiencia para el desahogo de pruebas, pero se ausentó, justificando que estaba en arraigo domiciliario.
Lozoya le mintió al juez, lo que motivó una nueva discusión jurídica sobre un posible fraude procesal, que es cuando se engaña a un juez a partir de una mentira, y cuyo delito implica cárcel. Otra línea de pensamiento de abogados es que no se trata de fraude procesal, sino que, en todo caso, pudo haber incurrido en dar informes falsos a la autoridad judicial. Pero al no haber acudido a desahogar su confesional, agregó un penalista, se le tiene por confeso fictamente.
Si hubiera un pleno Estado de derecho en este país, Lozoya habría perdido la demanda interpuesta por Mendoza. Pero no hay Estado de derecho pleno ni, en el caso de Lozoya, ley alguna que estorbe la persecución de una parte de la élite política emprendida por el fiscal Alejandro Gertz Manero, en cumplimiento de los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gertz Manero negoció directamente con el exdirector de Pemex y con su padre, Emilio Lozoya Thalman, desde que estaba preso el primero en España, los temas y los términos en los que debían formularse las acusaciones.
En la oficina de Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, se trabajaron los documentos e, incluso, se corrigieron las declaraciones que haría Lozoya antes de ser repatriado a México. La condición para todo ello es que el exdirector de Pemex no pisaría la cárcel, lo que hasta ahora ha sucedido. Tiene un brazalete para impedir que salga de la Ciudad de México, lo que no le impide asistir a reuniones y fiestas –la cena tuvo el impacto por la difusión inmediata de las fotografías–, ni tampoco, teóricamente hablando, que pueda violar la restricción legal al amparo de la protección del fiscal.
Una vez en México, Lozoya, su padre y el equipo de Ramos, en particular María Luisa Zúñiga, directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, con quien directamente construyeron, maquillaron y entregaron al fiscal asignado al caso, Kristian Jiménez Hernández, de la Unidad de Investigación B de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General. Los procesos, antes de ser presentados formalmente al juez, se le suelen enseñar para que les señale errores que puedan corregir antes de que los presenten formalmente. Este mecanismo es ilegal, pero la Fiscalía General tiene el control de dos jueces a quienes presenta sus casos, que le obsequian las órdenes de aprehensión que soliciten.
La denuncia original de Lozoya contra 17 políticos, exfuncionarios y Mendoza, es una amalgama de imputaciones. La fiscalía les ordenó a qué políticos panistas incluir, cuales imputaciones a priistas minimizar y olvidar los presuntos actos de corrupción de perredistas convertidos en morenistas. Igualmente, él pudo haber incluido sus propias fobias, como contra Videgaray, quien le pidió dos veces al expresidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por el desaseo administrativo en Pemex, o contra José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes, como secretario de Hacienda y director de Pemex, presentaron la primera acusación en la PGR contra Lozoya por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht. En el caso de Mendoza, una presunta vinculación con Videgaray pudo haber sido el motivo de su difamación.
Pero más allá de las razones, toda la lista fue revisada, corregida y palomeada por Gertz Manero, y presentada al presidente López Obrador, quien ayer calificó como “inmoral” e “imprudente” la aparición pública de Lozoya en el restaurante el sábado, que consideró también como “un acto de provocación”. López Obrador, no obstante, recordó que el exdirector de Pemex estaba ayudando al gobierno a descubrir la corrupción de Odebrecht que, aseguró, financió campañas políticas y sirvió para pagar sobornos para la aprobación de la reforma energética. O miente abiertamente el Presidente, o sus rencores le impiden ver las cosas como son.
Hasta hoy, con información judicializada en Brasil y Estados Unidos, el único corrupto con dinero de Odebrecht es Lozoya, y el dinero brasileño no roció los bolsillos de políticos, sino que se encuentra en sus cuentas en Alemania. Odebrecht le dio 10 millones de dólares para obtener contratos en la refinería de Tula y por presentarle empresarios en México. La única campaña reconocida por Odebrecht donde inyectaron 500 mil dólares fue en Veracruz, para Javier Duarte que buscaba la gubernatura.
Hasta ahora, mientras se sigue esperando que Lozoya aporte evidencias, el exdirector de Pemex sigue siendo el único corrupto y mentiroso, y de no ser porque es lo único que tiene Gertz Manero para saciar el ánimo de venganza del Presidente, estaría en la cárcel como delincuente confeso.
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