El comandante general de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer ayer los números sobre el despliegue en el país para combatir la inseguridad. La fuerza operativa de la Guardia Nacional, que está a nada de llegar a 100 mil elementos, ha desplegado a casi 90 mil para enfrentar criminales. Si se le suma a ese cuerpo a los soldados y marinos, la fuerza operativa alcanza los 236 mil elementos. Su fortaleza revela, sin embargo, lo contrario, una notoria incapacidad para enfrentar la inseguridad, y subraya el fracaso de lo que ofreció el Presidente: pacificar al país.
La violencia es rampante. En los últimos días hubo violencia en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla y San Luis Potosí. No deja de haber asesinatos en Cajeme, León, Tijuana y Baja California. Sólo en noviembre, el promedio de homicidios por día alcanzó los 75. La violencia se contuvo este año, lo que sería una buena noticia porque se asomaría en el horizonte el punto de inflexión. Sin embargo, al comparar los 100 mil elementos de la Guardia Nacional contra los 37 mil policías federales –a los que remplazó– al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, y los 38 mil en el de Felipe Calderón, los números de homicidios dolosos en la actual administración son una vergüenza.
En los primeros 35 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, según el registro de la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos, hasta el domingo, ascendió a 105 mil 537, 4 mil más de las cifras que dio a conocer ayer el general Rodríguez Bucio, que corresponden a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta octubre, que durante los 10 primeros meses del año significan una reducción de 3.9 por ciento.
En el mismo lapso, en el gobierno de Peña Nieto, se registraron 62 mil 145 homicidios dolosos; 39 mil 672 con Calderón, y 40 mil 563 con Vicente Fox. Peña Nieto inició su gobierno con la misma lógica de López Obrador, no combatir a los cárteles de las drogas porque eso, creía, era la fuente de la violencia. La inercia calderonista de la lucha contra los criminales le ayudó durante sus dos primeros años de gobierno, pero llegó el descontrol y se profundizó la violencia, que entró en una espiral ascendente.
Peña Nieto, como López Obrador, responsabilizó de la violencia a Calderón por haber enfrentado a todos los cárteles de la droga, pero los números finales de homicidios dolosos al término de su sexenio sumaron 120 mil 563, que al ritmo como va el gobierno actual, podría ser superado en el cuarto año de gobierno. El número de homicidios dolosos en el sexenio de Peña Nieto fue de 156 mil 66, que de mantenerse la tendencia, quedaría rebasado en el quinto año de gobierno. Calderón es a quien López Obrador acusa de haber desatado la violencia, lo que es cierto. Calderón inició la campaña contra los cárteles militarizando una parte de la seguridad pública, en apoyo a la Policía Federal, en parte por una petición del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, hoy coordinador de asesores presidencial.
La decisión de Calderón de ir contra los cárteles de la droga fue tomada sobre el diagnóstico que compartía el gobernador Cárdenas, que era cómo iban ocupando territorio las organizaciones criminales por la ausencia del Estado. Fox no le hizo caso a Cárdenas cuando le pidió apoyo, y al terminar su sexenio, se estimaba en 80 los municipios controlados por el narcotráfico. En la actualidad, de acuerdo con las estimaciones del Pentágono en Estados Unidos, 30 por ciento del total de los más de 2 mil 450 municipios en el país está bajo el control total de criminales; es decir, unos 815.
Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública es el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dejó el país a merced de los criminales. Pero las malas decisiones estratégicas de Peña Nieto profundizaron la violencia. López Obrador continuó la política peñista de no combatirlos, pero a diferencia de su antecesor, que corrigió a los dos años de fracasos, él se mantiene en la misma línea. El Presidente insiste en que no es con violencia como se desterrará el crimen, sino atacando las raíces de fondo que la generan. El diagnóstico es correcto, como lo vieron también Calderón y Peña Nieto sin tener éxito, pero no basta. Los números lo demuestran.
Según TResearch, el 73 por ciento de la violencia la cometen personas, en su mayoría hombres, entre los 18 y 49 años de edad, de los cuales 61 por ciento sólo tiene educación básica y 16 por ciento no tiene ningún grado de escolaridad. Se puede asumir que ese perfil sugiere personas sin empleo ni escuelas, que surgen de las zonas más marginadas de las ciudades. Quizá se encontraban entre los beneficiarios de sus programas sociales.
No se conoce, quizá porque no se ha hecho, cuántas de las personas que murieron en forma violenta y dolosa participaban de alguno de los programas sociales, pero lo que sí se puede ver con claridad es que ese grupo de personas marginadas en las que se enfocó el Presidente para resolver las raíces de la violencia, no ha sido convencido por sus palabras.
Los tres primeros años del gobierno de López Obrador se encuentran entre los cinco más violentos en la historia del país. El más, 2018, el año de la elección y la transición, cuando el total de homicidios dolosos llegó a 36 mil 685; el segundo fue 2019, con 36 mil 661; el tercero 2020, en plena pandemia, con 36 mil 579; el cuarto 2017, con 32 mil 79; y el quinto el actual, que aún no termina, con 26 mil 209. Vistos los datos, lo más sorprendente es que el general Rodríguez Bucio se mantenga en el cargo, porque el fracaso del gobierno puede atribuirse directamente a él, que tiene más personal, más presupuesto y más asesinatos.