El 30 de septiembre se publicó en este espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas de Reforma, vehículo del primero, y El Universal, el instrumento del segundo. Este lunes se dio la segunda parte de ese conflicto, a través de los mismos espacios, donde directa o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera sólo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional.
López Obrador lleva una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de interés y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación de los mensajeros, porque no tiene más herramientas para contraatacar. Peor aún, dos de las tres patas de su lucha contra la corrupción, como iluminó el chapoteadero de las portadas de los dos principales diarios de información general en el país, se vieron envueltos en acusaciones recíprocas sobre actos ilegales. El propio Presidente retomó otros casos irregulares y de corrupción en su gobierno, para hablar de él y de que quieren lastimarlo. Demasiado egocentrismo y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional.
La más importante de sus referencias durante la mañanera de este lunes fue la difusión, la semana pasada, de un video de diciembre de 2017 de su secretario particular, el muy poderoso Alejandro Esquer, y la jefa de la Unidad de Finanzas y Administración de la Presidencia, Denis Zaharula Vasto, cuando en su calidad de responsables financieros de Morena realizaron, junto con otras cuatro personas, 28 depósitos en efectivo por un monto de 50 mil pesos cada uno, con una diferencia de 20 minutos cada uno, aparentemente para financiar campañas electorales del partido. Aunque ese episodio lo desestimó el INE, por mucho menos el gobierno de López Obrador emprendió acciones penales contra empresarios y políticos que no le son afines, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
López Obrador dijo que era un tema saldado hace tiempo por el Instituto Nacional Electoral, cuyo único objetivo de revivirlo enfocando a Esquer, era lastimarlo. Esto fue la versión pública. La versión privada en Palacio Nacional es más ríspida. Desde que salió el video, la pregunta fue quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal San Ángel del Banco Afirme, donde fue Esquer a realizar los depósitos en efectivo –el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque el sistema financiero debió haber alertado sobre esos depósitos altos en efectivo de manera consecutiva, guardó silencio–, y rápidamente concluyeron que el responsable tenía que ser el exconsejero jurídico Julio Scherer, por sus nexos con el Banco Afirme.
Dentro de la Presidencia, en particular el vocero presidencial, operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Scherer, y de las acusaciones en su contra. Le adjudica otras filtraciones, aunque no tiene prueba de ello, como haber sido quien puso en alerta a la prensa sobre la fábrica de chocolates de los hijos del Presidente, aunque no era algo desconocido, por la promoción que desde hace más de año y medio han hecho algunas dependencias federales del producto. Pero Scherer se ha vuelto el objetivo central de las imputaciones internas por el volumen y la calidad de información que tiene de López Obrador, de buena parte del gabinete y de todo el entorno cercano del Presidente. Al mismo tiempo, para todo lo que sabe, se puede decir que no ha salido nada. No ha ayudado tampoco que exista un fuerte pleito, no público, entre Scherer y el fiscal Gertz Manero, con quien tuvo reuniones muy duras después de dejar la Consejería Jurídica.
La bomba que apareció en Reforma el lunes, sin embargo, no tuvo como destinatario a Scherer, sino a Nieto, y la denuncia anónima sobre la cual se elaboró el texto se hizo el 2 de diciembre, dos días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con una investigación que había iniciado su exjefe, pedía información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones financieras del fiscal en paraísos fiscales. La respuesta de Nieto fue una obviedad, en el periódico propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, a quien atraparon las autoridades guatemaltecas con 35 mil dólares en efectivo, la víspera de asistir a la boda de su amigo.
Lo que nos deja una semana de información sobre irregularidades o ilegalidades en el entorno más cercano del Presidente, revela que en Palacio Nacional y en las oficinas donde tienen la información más delicada y comprometedora del gobierno, existe un desaseo y no hay nadie que ponga un alto. El Presidente ha resentido los golpes por debajo de su línea de flotación de la honestidad que pregona, y no ha podido articular una defensa de sus colaboradores. La verdad es que no tendría por qué meterse a chapalear en el fango. Lo que necesita es meter orden.
El que más lo requiere es Gertz Manero, que parece incontenible, y sus acusaciones múltiples sólo están generando desgaste y lastres al Presidente y su lucha contra la corrupción. El segundo debe ser Ramírez Cuevas, el acelerador de su radicalismo y polarización, porque esa estrategia lo está aislando. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le debe dar la encomienda de ponerse a apagar los fuegos antes de que siga avanzando sobre el gobierno, en Palacio Nacional y quemando el despacho presidencial. No se trata de perdonar corruptelas, sino que, de existir, se actúe. Si no, parafraseando a López Obrador, que dejen de grillar porque le están haciendo mucho daño a su proyecto.