El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el lunes que el “influyentismo” ya no funciona y que su gobierno no dará permiso para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente. Es otro discurso en varias vías, aunque ninguna en el sentido en el que lo anunció. La autorización para obras inmobiliarias no depende automáticamente del gobierno federal sino de los gobiernos locales, por lo que lo dicho es un sinsentido. Igual lo es la no afectación al medio ambiente, como está documentado en sus megaobras, carentes de evaluaciones de impacto ambiental, y atropellos tan obscenos como el Tren Maya, quizá lo peor de todo, donde han rellenado con cemento decenas de cenotes para trazar su vía.
La realidad en la que se mueve López Obrador tiene otra lógica, y la destrucción de todo aquello que sepulte un régimen de pesos y contrapesos, transparencia y rendición de cuentas, avanza sin freno hacia un mundo que ya no existe. El turno le llegó ahora al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INECC, creado en 1991 con el objetivo de aportar las herramientas para proteger al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y ayudar a la Secretaría del Medio Ambiente a formular, conducir y evaluar la política nacional.
La guillotina para matarlo ya está instalada y lo alertó la renuncia de su directora, María Amparo Martínez Arroyo, la semana pasada. La doctora Martínez Arroyo, reconocida representante y negociadora en el mundo, decidió que no sería la sepulturera de una institución respetada hasta ahora en el mundo. Semanas antes, en vísperas del inicio de la cumbre climática de la COP26, Marco Antonio Heredia renunció a la Dirección General de Política para el Cambio Climático de la secretaría, como protesta porque a esa reunión no iría ningún técnico. Es decir, el gobierno cumpliría con el trámite burocrático de asistir, pero sobre contenido y sustancia, pasarían de noche.
La política ambiental no existe, pero no es nuevo. México va de regreso a las energías fósiles y el rechazo a energías limpias, pero no con la argumentación política y económica de varias naciones industriales y en desarrollo, sino por una discusión ideológica de forma de López Obrador con sus antecesores tecnócratas que llama arbitrariamente “neoliberales”. El discurso encaja en su concepto político-electoral de la vida pública, donde no se enfoca a la formulación de políticas públicas (policy), sino a la política (politics). La brecha entre una y otra es tan grande como los mundos excluyentes en su mente.
El mundo que quiere recrear es el de finales de los 60 y principios de los 70, porque su mente, como lo demuestran sus ideas y referencias, están ancladas a esa época, el final del Estado del bienestar de la posguerra, que no es igual a las políticas socialdemócratas que han buscado conciliar lo mejor de esa teoría con las realidades contemporáneas, versus los prolegómenos de un mundo globalizado a través del libre comercio. También se puede argumentar que se trata de una impostura, no solamente por su aceptación del libre comercio, sino porque su autollamada transformación es cosmética, al sustentar una disciplina fiscal y una reducción del gobierno que corresponden a una ideología más cercana a gobiernos de derecha, y muy alejada de la izquierda.
Sus palabras engañan, pero no logran ocultar del todo que la intención de su transformación es todos los recursos del Estado en sus manos, sin que tenga que rendir cuentas a nadie, ni escuchar voces que lo critiquen por la concentración del poder, la opacidad de su gestión y el aniquilamiento consecuente de los contrapesos. El acuerdo donde establece que sus megaproyectos son de interés público –determinado éste por él– y un asunto de seguridad nacional –para que todo pueda ser discrecional– es el ejemplo más refinado de que, para gobernar como lo desea, necesita un ecosistema político vertical.
El INECC le estorbaba. Su desaparición, sin embargo, no es algo aislado, sino forma parte de un patrón que se ha mantenido durante la primera parte del sexenio con los órganos reguladores y con los ataques sistemáticos a los organismos autónomos. En algunos casos, como el tema ecológico, la ruta es la desaparición; en otros, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la colonización para hacerlos irrelevantes. En cualquier caso, es el fortalecimiento de un Presidente autócrata a quien la democracia, como sistema de organización social, le incomoda y estorba.
López Obrador va a continuar el resto del sexenio en este proceso de destrucción institucional y al terminar su mandato se irá a su rancho. La discusión ya no tendría que ser cómo se puede impedir que siga la demolición, que tendrá consecuencias transexenales, sino qué va a hacer quien lo suceda. En esta reflexión es secundario quién asuma la Presidencia, incluso si su delfín, Claudia Sheinbaum, gana la elección, sino qué van a hacer cuando se sienten en el principal despacho de la nación y empiecen a tomar decisiones.
El país que les entregará López Obrador, si nos atenemos a los indicadores y proyecciones, estará económica y socialmente devastado, además de polarizado. Para estas fechas, lo admitan algunas o algunos contendientes por la Presidencia o no, ya debieron haberse dado cuenta de la destrucción de valor que ha significado la marcha de esta transformación de marras. Existe una creencia en diversos sectores de que, sin importar quién suceda a López Obrador, podrá seguir el mismo camino, pero no el mismo libreto. Pero esperar a que se dé la elección para iniciar el diagnóstico y las soluciones es un suicidio para quien lo suceda.
Cualquiera que tenga en su mente competir por la Presidencia, haría bien en crear un pequeño equipo de trabajo para que, independientemente de todo, piense, imagine y articule qué se tendría que hacer en los primeros meses del nuevo gobierno para, primero, contener la destrucción, y segundo, cómo empezar a restaurar todo aquello que López Obrador tiró por la borda.