En la mañanera del miércoles, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, el periódico veracruzano que fundó el respetado José Pablo Robles Martínez, viejo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador –y quien le presentó a Rocío Nahle–, en una pregunta que más sonó a denuncia, mencionó amenazas y extorsiones de tres sindicatos a los trabajadores en los complejos petroquímicos del sur del estado. López Obrador dijo que, en efecto, había prácticas indebidas e ilegales de sindicatos charros. Pero no se detuvo ahí y acusó, a su vez, que un sindicato que vende grava de mala calidad había afectado la construcción del canal transístmico.
Nadie le preguntó al Presidente detalles o lo presionó para que fuera específico, pero las pocas palabras dijeron mucho. El Presidente se refería a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, cuyo secretario general es Pedro Haces, senador por Morena y hombre muy cercano y parte del grupo político del coordinador del partido en el poder en la Cámara alta, Ricardo Monreal. El rozón de López Obrador a ambos tenía veneno, al exponer públicamente, aunque en lenguaje codificado, una situación de alta conflictividad que se había venido dando en la zona del istmo de Tehuantepec desde hace meses.
Haces, a través de CATEM, se ha posicionado como uno de los principales proveedores de grava de las megaobras presidenciales en el sur del país, que en el canal transístmico se topó el gobierno con una externalidad que no imaginó cuando se pensó, planeó y diseñó, que significó el cambio de valor en el negocio del narcotráfico por la construcción de una gran ruta para el transporte de droga, y que creó un nuevo campo de guerra de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El senador Haces, sobre quien no hay ninguna investigación conocida en México por presuntos nexos con el narcotráfico, sí aparece como imputado por el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia en la Corte de Distrito Sur en Brooklyn. Veytia fue detenido por la DEA en 2017 y se declaró culpable en 2019 de narcotráfico. En el interrogatorio que le hicieron los fiscales, del cual se tiene una copia, mencionó a Haces como un importante enlace con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, hasta donde se conoce, no se ha abierto ninguna investigación en su contra.
La organización de los Beltrán Leyva recibió golpes durante más de 10 años con la detención de Alfredo (2008), quien era responsable de la seguridad de La Federación, el paraguas de todas las organizaciones criminales, con la excepción de los cárteles del Golfo, de Tijuana y Los Zetas; el abatimiento de su líder, Arturo (2009), que tras la detención de su hermano rompió con el Cártel de Sinaloa y se alió a Los Zetas, y la captura de otro hermano, Héctor (2014), terminó siendo absorbido por el CJNG, que se ha venido expandiendo por el país.
Esta organización criminal, como otras en el país, se han ido diversificando para ir construyendo negocios legítimos y legales. Uno de ellos es el negocio de los materiales de construcción, mediante el cual, de acuerdo con información de inteligencia federal y estatal, han buscado involucrarse en el canal transístmico, que conectará el comercio asiático con el mercado estadounidense a través del golfo de México. El CJNG no pudo extenderse hacia la zona del istmo en Oaxaca porque todo ese cinturón, que controlan alcaldes de Morena con el respaldo político del senador Salomón Jara, precandidato al gobierno del estado, está ampliamente penetrado por el Cártel de Sinaloa.
Las dos organizaciones criminales se enfrentaron en el terreno de la grava para el canal transístmico, a través de los sindicatos que operan en la zona, sin que pudiera avanzarse la construcción hasta que, como dijo el Presidente en la mañanera, intervino la Guardia Nacional. El problema de la continuidad de la megaobra parece resuelto, pero el problema de fondo no. Que el Presidente ventilara la participación de la CATEM en la obra transístmica, puede inhibir a aquéllos de sus miembros ligados al narcotráfico, pero a las células de Sinaloa las deja intactas.
El mensaje del Presidente no significa un señalamiento per se de una presunta relación de nadie en específico con el narcotráfico, pero deja claro que tiene conocimiento de lo que pasa en esa región. Pero frenar a la CATEM y elevar el costo o impedir que sus afiliados sigan trabajando para el CJNG, deja sin competidores al Cártel de Sinaloa, que como se ha visto en otras partes del país, es un patrón ominoso, deliberado o involuntario, de la política de seguridad del gobierno.
En la medida que avance la obra transístmica o el Tren Maya, la penetración del narcotráfico se irá evidenciando cada vez más. La violencia también, como ha sucedido en Los Altos de Chiapas en meses recientes. Estos proyectos de conexión en el sur están ajustando el modelo de negocio criminal, donde el valor en esa región no era suficiente como para controlar plazas, penetrar instituciones y comprar voluntades, hasta ahora, donde obras que buscan el desarrollo son también una plataforma de expansión criminal.
Hay actores políticos que quedan atrapados en esta dinámica criminal, y tendrán que hacer deslindes para evitar que eventualmente queden envueltos en problemas legales. Igualmente, el gobierno debe actuar en todo el istmo para contener al Cártel de Sinaloa y quitarle sus brazos políticos en esa garganta, antes de que, como está pasando en amplias regiones del país, sean las organizaciones criminales las que asuman funciones de Estado.
NOTA: en una carta aclaratoria, Fonatur dice que es “completamente falsa” la afirmación publicada en esta columna el martes de que se han rellenado con cemento decenas de cenotes para trazar su vía. La información proviene de fuentes con conocimiento de primera mano de lo que ha sucedido, y están dispuestas a denunciarlo públicamente, cuando estén seguras de que no habrá represalias.