El presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo moros con tranchetes en Estados Unidos. El camino de su inestabilidad y pésimo humor, puede alegarse por la forma como está reaccionando, empieza en Washington. La paranoia ronda en Palacio Nacional y no pueden ocultarlo. Ayer, con sus descalificaciones habituales, se quejó de que la prensa diga que en las mañaneras hay “preguntas a modo” para que él se maneje en zonas de confort, que pareció una admisión de culpa porque una de las que se hicieron este lunes está directamente asociada con una gran preocupación que inunda el despacho presidencial desde hace días: ¿cómo lograr que el escándalo de la residencia de su hijo y nuera en Houston desaparezca?
En cualquier tema que atañe a sus hijos, López Obrador se muere en la raya. La revelación de la casa en Houston ha dominado la mayor parte de su tiempo y de las reuniones con sus colaboradores en la última semana, encerrándose con su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, para encontrar una estrategia que contenga la metástasis de la investigación. El Presidente también habló con su hijo José Ramón para pedirle explicaciones, quien le respondió que los que le rentaron la casa aseguraron que ellos no habían dado ninguna información a nadie.
La respuesta de José Ramón llevó a la conclusión en el despacho presidencial de que había sido el gobierno de Estados Unidos el que había proporcionado la información a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que a su vez la trabajó con el medio digital Latinus. Dos más dos, en la lógica de Palacio, son siempre cuatro. El Presidente reaccionó con recriminaciones a Ramírez Cuevas e indirectamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque no le habían dado seguimiento a la nota diplomática enviada en mayo pasado al gobierno de Estados Unidos para que le cortara los recursos. Hasta hoy, no le han hecho caso en Washington.
La presión de López Obrador contra Ramírez Cuevas continuó toda la semana pasada porque no lograba frenar el escándalo. En descargo del vocero, ¿cómo lograrlo cuando el conflicto de interés en la renta de esa casa es evidente y el Presidente sigue alimentando la controversia? Ramírez Cuevas propuso que no mencionaran el reportaje en la sección de Quién es quién en las mentiras, y que el Presidente se enfocara en descalificar moralmente a Loret. También se ordenó no volver a hablar del tema en las reuniones de gabinete y se instruyó a los coordinadores en el Senado y el Congreso que no declara nadie sobre el caso. Como se vio, fue como querer parar una avalancha con un detente.
Con el antecedente del reclamo presidencial sobre la nota diplomática al Departamento de Estado, parece que a Ramírez Cuevas no se le ocurrió una mejor forma de contraatacar que volver a colocar en la agenda pública el tema y colocar una pregunta a modo en la mañanera del lunes, para que López Obrador lamentara nueve meses de silencio del Departamento de Estado y acusara al gobierno de Estados Unidos, una vez más, de intervencionista.
La pregunta se la hizo la reportera de Contralínea, una revista con muy buenas relaciones con Ramírez Cuevas, y con el director de la Central Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Contralínea fue utilizada por Palacio Nacional, el año pasado, para publicar las fuentes de financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que entre 2019 y 2020, aseguró, recibió 25.7 millones de pesos en donaciones del gobierno de Estados Unidos, justo en vísperas de que, con la misma información, el Presidente ordenara el envío de la nota diplomática. MCCI ganó el donativo mediante un concurso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado, y que requiere, para que sea entregado, que el beneficiario aporte una cantidad idéntica. Los recursos en México –que conoce el SAT– y Estados Unidos son auditados, y en total, durante esos tres años, facturó a esa agencia 29.3 millones de pesos.
Mexicanos Contra la Corrupción, de quien López Obrador sistemáticamente identifica como su presidente a Claudio X. González, pese a haber renunciado a la organización en junio de 2020, no es la única que recibe ese tipo de donaciones en México. De hecho, el apoyo a las ONG es muy reducida. En cambio, 59 programas federales, estatales y municipales suman mil 751 millones de dólares –165 millones de ellos para el Ejército y la Marina– y acaparan la mayor parte del presupuesto de la agencia, cuyas siglas en inglés son USAID.
López Obrador nunca se ha referido a todo el tipo de recursos que aporta USAID a México, y ha centrado su discurso en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quejándose, como lo hizo ayer, de que “el gobierno de Estados Unidos está financiando a grupos opositores a un gobierno legalmente constituido. Es una violación al derecho internacional y este grupo sigue siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y por grandes corporaciones económicas”.
La paranoia en Palacio Nacional los tiene en la duda de qué tanto pudo haber estado involucrado el gobierno de Estados Unidos en la investigación sobre la casa de Houston, porque los argumentos que han expresado internamente es que una parte de la documentación no era pública, y se requería, si no se contaba con la autorización del dueño de la casa o su inmobiliaria, que fueran funcionarios quienes entregaran la información. Esta forma de explicarse lo que sucedió es bastante primitiva.
Si el gobierno de Estados Unidos quisiera exhibir al gobierno de López Obrador, como lo ha hecho en el pasado con anteriores gobiernos, no lo haría a través de una ONG o un medio mexicano, porque si buscara una audiencia doméstica, en un medio estadounidense es como lograrían el objetivo. Lo que muestran en Palacio al señalar un enemigo externo es descontrol y temor de que más esqueletos puedan salir del clóset, minando la integridad y honestidad que presume el Presidente.
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