Incontenible, el presidente Andrés Manuel López Obrador saltó de un “no está informado” el secretario de Estado, Antony Blinken, a Estados Unidos “está vinculado a los grupos conservadores” mexicanos, a denunciar al gobierno del presidente Joe Biden de “injerencista”, y exigirle que le respondan por qué, como afirma, está financiando a un grupo que se opone a su gobierno. En pocas palabras, explotó. Lo que nunca hizo con el presidente Donald Trump, que tuvo declaraciones y acciones altamente injerencistas y amenazadoras, pero que estaban permeadas por la migración, se lo aplicó a Biden.
La diferencia entre ambos es clara y no pasa por afinidades políticas, ideológicas o circunstanciales. El miedo que le tenía a Trump, con quien evitaba confrontarse porque decía que podía descarrilar su gobierno, es inferior al que le tiene a Biden, porque está convencido de que a quien quieren desrielar es a él. Pudo lidiar con Trump porque era un diferendo institucional, pero no con Biden, cuyas acciones las siente personales. Reventar finalmente la línea que lo frenaba para expresar su malestar interno se fue acumulando por meses, aunque sus sospechas y rencores están anidados desde hace cuatro décadas contra los demócratas.
Surgieron a partir del 11 de septiembre de 1973, sobre la equivocación histórica de creer que el golpe de Estado contra Salvador Allende lo ejecutaron los demócratas, cuando en realidad fue el republicano Richard Nixon. No obstante, su pensamiento antiyanqui se modeló en ese momento chileno. Cuando se refiere a la vinculación del gobierno de Biden con los grupos conservadores, atrás están los cacerolazos en Chile y los paros y boicots del sector privado. Cuando establece la relación cómplice de la prensa con los golpistas, piensa en El Mercurio, que recibió dinero de la CIA y jugó un papel importante en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, mediante el invento de la propaganda subliminal. En descargo del Presidente, no es relevante si son demócratas o republicanos, porque ambos, históricamente, han defendido, legal o ilegalmente, los intereses estadounidenses.
Esto sucede con la reforma eléctrica, una de las fuentes de irritación, donde el tono de los emisarios de la Casa Blanca ha ido subiendo de tono al reclamar afectaciones a las empresas de su país. Otra fue la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, donde las presiones del Ejército lo llevaron a un rompimiento de la cooperación en materia de seguridad. Esto enlaza con el desdén con el que han tratado su solicitud de información sobre la operación Rápido y Furioso, que para él es fundamental para llevar a juicio al expresidente Felipe Calderón, y para Washington es un caso cerrado. López Obrador lo ha procesado como presiones y amenazas, reclamándole en varias ocasiones al canciller Marcelo Ebrard que no resuelva los problemas.
Todo ello era manejable, aunque en algunos casos mostró su exasperación, como cuando sus megaproyectos entraron en dificultades legales, y adjudicó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la autoría intelectual detrás de ellos. Su molestia contra esa ONG fue creciendo por el protagonismo crítico de su fundador y expresidente, Claudio X. González, y su trabajo para articular un frente opositor con varios partidos. Hace varios meses pidió a Ebrard que enviara una nota al Departamento de Estado exigiendo información sobre financiamiento que le da la USAID. En Washington han ignorado esa petición. Ante su silencio, filtraron un reporte del Centro Nacional de Inteligencia asegurando que en 2019 y 2020 esa ONG recibió 25.7 millones de pesos en donaciones del gobierno de Estados Unidos. La información es pública. MCCI ha obtenido donativos mediante concurso de la USAID, y tiene como requisito que el beneficiario aporte una cantidad idéntica. Los recursos en México –que conoce el SAT– y Estados Unidos son auditados, y en total, durante esos tres años, facturó a esa agencia un total de 29.3 millones de pesos.
No es la única organización que recibe donativos de esa agencia del gobierno estadounidense. Existen 59 programas federales, estatales y municipales que recibieron en ese periodo mil 751 millones de dólares –165 millones de ellos para el Ejército y la Marina– y acaparan la mayor parte del presupuesto de la USAID. Lo que es diferente es que el presidente ve en MCCI un instrumento para desestabilizarlo y derrocarlo.
El rompimiento de lanzas de López Obrador que produjo la escalada se dio –hay que recordar su marco de referencia de Chile– cuando MCCI y Latinus se unieron para publicar su investigación de la ‘casa gris’. Tocar a uno de sus hijos, como dijo, fue en realidad un ataque a él, y se fortaleció su creencia –magnificada por sus asesores políticos en medios de comunicación– de que quieren darle un golpe de Estado. Casi un mes ha hablado diariamente sobre el tema, pero hasta ayer se disparó a la estratósfera luego de que el secretario Blinken escribió en su cuenta de Twitter un mensaje cuidado y limitado sobre la violencia contra periodistas en México. No lo acusó de asesinarlos, como entendió López Obrador, sino pidió mayor protección y que no haya impunidad.
La réplica era sencilla, pero como todo, el Presidente la hizo compleja y beligerante. Su respuesta no tiene desperdicio: “Esto demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Y pedirle de favor que se informen y que no actúen de forma injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”.
¿Hasta dónde más llevará las cosas? Probablemente, como otras veces con Estados Unidos, reculará. Tampoco tiene mucho espacio, salvo seguir gritando y enojándose sin que le hagan mucho caso.
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