La última vez que el nombre de San José de Gracia tuvo relevancia fue en 1968, cuando un nativo de esa comunidad michoacana, Luis González y González, escribió una de las mejores microhistorias que se han publicado en México, Pueblo en vilo. Muy lejos de la imparable violencia de Tierra Caliente, y ubicado en los límites con Jalisco, al noroeste del estado, San José de Gracia, por casi 100 años, un tranquilo pueblo de 10 mil habitantes, irrumpió en el sangriento paisaje mexicano con unas imágenes perturbadoras que mostraron el fusilamiento en la calle, convertida en patíbulo, de 17 personas que asistían a un velorio.
La información de esta matanza ha fluido de manera lenta, y de ser verdadera la grabación en tiempo y forma de la ejecución en San José de Gracia, mostrará el grado de perfección criminal e impunidad con el que operan los delincuentes. La Fiscalía General de Michoacán no encontró ningún cuerpo, y halló cartuchos de diferentes calibres y productos de limpieza. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aportó más datos: había restos humanos y armas.
Todo apunta en la dirección de que el video distribuido por las redes sociales es real, y que los criminales tuvieron tiempo suficiente para limpiar lo que hicieron, lo que es inusual. ¿Por qué llevarse los cuerpos de sus víctimas? ¿Por qué limpiar la escena del crimen? Ser aséptico no es una cualidad criminal, pero ayuda a dificultar una investigación. La gran pregunta es a quién estarían velando que produjo una reacción criminal de esa naturaleza, o quiénes se encontraban entre los asistentes.
Reportes en la prensa michoacana, a partir de versiones extraoficiales, señalan que los atacantes iban a asesinar a una persona apodada El Pelón, que era sicario en su grupo, y que desertó para sumarse al bando contrario. A quien las autoridades federales conocen con ese apodo en la zona es a Alejandro García, un asesino local de La Familia Michoacana. En esa región donde se encuentra San José de Gracia, Los Viagras, que son parte de La Familia Michoacana, han tenido frecuentes enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una fuerte presencia en esa zona.
No hay confirmación de los datos publicados por la prensa, ni información suficiente para determinar aún lo que sucedió, ni por qué sucedió, ante la descomposición que se vive en el estado y la lucha entre cárteles y al menos siete organizaciones criminales. Sin embargo, vuelve a resaltar que, en este país, el crimen organizado no siente ninguna presión ni se siente amenazado por las acciones federales. En lo que va del sexenio se ha registrado una treintena de masacres, pero la diferencia entre la primera parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy, es que la militarización total de la seguridad pública que existe en la actualidad y los refuerzos que se han enviado a varios estados del país han sido un fracaso. La violencia, donde ha sido endémica, va al alza.
Hace pocos días, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que los homicidios dolosos en el país se habían reducido 14 por ciento. Es cierto, si se contabilizan todas las entidades, pero es falso si se revisan los datos por entidades más violentas. Bajo ese criterio, que refleja mejor si hay avances o retrocesos, sólo en Jalisco, completamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Estado de México, dividido en territorios entre varias organizaciones, hubo un descenso en homicidios dolosos.
En las otras 10 entidades más violentas, donde se concentra 31 por ciento de los homicidios dolosos, el delito se incrementó. En esos estados subió la tasa nacional de homicidios dolosos, que se ubica en 1.87 por cada 100 mil personas. En Zacatecas es de 7.6, en Colima de 6.18, Baja California de 5.82, Sonora de 5.05, Michoacán de 4.79, Guanajuato de 3.89, Morelos de 3.88, Chihuahua de 3.67, Guerrero de 2.83 y Quintana Roo de 1.89. La violencia en los estados históricamente violentos, no ha bajado sino subido.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que las 2 mil 427 víctimas de homicidio doloso registradas en enero, son ligeramente menores que en enero del año pasado, pero 79 por ciento más altas comparadas con la mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, o 58 por ciento por arriba del arranque de su cuarto año de gobierno.
Todos estos estados han sido identificados como prioritarios por el gobierno federal, y en varios de ellos, como Baja California, Colima y Zacatecas, existe un plan de apoyo federal con cientos de militares desplazados a esas entidades. Igual sucedió en Michoacán, en la región de Tierra Caliente, donde la presencia de fuerzas federales sí inhibió a la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
Ya es redundante decir que la estrategia fracasó. Se sabía lo que sucedería desde antes incluso que comenzara. Lo que preocupa es la creciente atomización de las bandas criminales, la cada vez mejor calidad de sus armas y la prepotencia con la que actúan. Este lunes comenzaron a circular videos en las redes sociales donde presuntos miembros de la organización criminal que ejecutó el fusilamiento lavaban la calle donde mataron a 17 personas, sin prisas, temores, ni tampoco cubriéndose la cara. Todo esto no sería posible de no saber que gozan de impunidad y que las autoridades federales no actuarán contra ellos.
La complicidad de sectores del gobierno federal con los cárteles de las drogas es cada vez más evidente. Por omisión o comisión, la actitud del Ejército y de su grupo paramilitar, la Guardia Nacional, ha permitido que todas las organizaciones criminales avancen y controlen mayores franjas de territorio nacional. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, incluido el Presidente, quizá no alcanzan a ver que habrá un revés a lo que están haciendo, deliberada o inopinadamente, y que sus actos tendrán fuertes consecuencias legales en un futuro no tan lejano.
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