El caso madre de corrupción con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador quería ajustar cuentas con el pasado y justificar el mandato de las urnas en 2018, se colapsó en las primeras semanas de este año, cuando la Fiscalía General de la República informó en tribunales que el único responsable de actos de corrupción en el caso Odebrecht era Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Por consiguiente, la acusación negociada por el fiscal Alejandro Gertz Manero y el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalman, que involucraba a decenas de funcionarios y políticos, donde el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray eran los autores intelectuales del mecanismo de corrupción, quedó en el anecdotario de sus inventos. No obstante, López Obrador siguió utilizando su acusación original para promover su ley eléctrica, hasta que el miedo lo hizo recular.
La historia no comienza ni termina con Odebrecht, sino arranca desde la campaña presidencial, cuando –según confiaron colaboradores de López Obrador y Peña Nieto– llegaron a un acuerdo donde el Presidente no se involucraría en las elecciones de 2018, y el candidato, en caso de ganar, no lo perseguiría penalmente. López Obrador ha cumplido con su palabra y Peña Nieto, para mitigar las presiones de su ala radical, aceptó el consejo enviado a través de su abogado Juan Collado, hoy en la cárcel por razones distintas, para irse al autoexilio a España y guardar un bajo perfil.
La estabilidad y certidumbre sobre ese pacto se alteró en marzo, cuando en coincidencia con la revelación de la ‘casa gris’ donde vivió el hijo mayor del Presidente en Houston, aparecieron en las redes sociales dos videos de su hijo menor, uno en un bar de esa misma ciudad, y el otro bailando junto a la alberca de la misma propiedad. La existencia de videos de sus hijos que supuestamente comprometerían su discurso contra la corrupción ha sido un tema presente en Palacio Nacional desde hace más de cuatro meses, sin que hayan podido detectar quién o quiénes los tengan con el fin de neutralizarlos.
Las alertas se elevaron en marzo, al trascender que adversarios políticos del Presidente tenían en su poder videos que podían dañar la reputación de sus hijos y de sus colaboradores, con lo cual también afectarían el discurso y la imagen de López Obrador. No se sabe cuántos videos comprometedores existan, ni cuántas personas o grupos políticos los tienen. Se tiene claridad sobre los videos de sus hermanos Pío y Martín, captados cuando están recibiendo dinero en efectivo de operadores del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. No se tiene idea, por ejemplo, del video donde el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, junto con un grupo de colaboradores, deposita dinero en efectivo en varios bancos el mismo día, aunque en un principio le achacaron la culpa al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
Pero lo que sucedió en marzo abrió una puerta en quien, hasta ahora, nadie había pensado: Peña Nieto. Por razones que se desconocen, cuando trascendió que había grupos políticos adversarios a López Obrador que tenían videos en su poder, el Presidente pidió que se comunicaran con Peña Nieto para tranquilizarlo. Cuando menos en dos ocasiones se dieron los contactos, con el propósito, según informaron colaboradores del Presidente, de que blindaran a sus hijos y a sus colaboradores más cercanos. Luego de esas comunicaciones, hubo una señal pública. La semana pasada El Universal publicó un oficio de la Fiscalía General del 2 de marzo donde señalaba que “no hay indagatoria alguna en contra de Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht”.
Los temores quedaron sepultados, pero no será para siempre. En este espacio se ha mencionado la posible existencia de un opposition research, que es una táctica de campaña política inventada en Estados Unidos que se utiliza para dañar la credibilidad e imagen de un adversario. Los videos de los hermanos del Presidente no parecen caer en esta estrategia, pero los videos de Esquer y el del hijo menor de López Obrador, sí.
Los videos, que por la información que trascendió están en poder de Peña Nieto, no necesariamente provienen del opposition research, sino de los sistemas de espionaje que tuvo a su disposición. Todos los políticos en cargos como los que han tenido los presidentes o miembros importantes de sus gabinetes, pueden acceder a este tipo de materiales, que serían aprovechados para fines diferentes, desde servir de defensa para cualquier acción en su contra por parte de sus sucesores, hasta para destruir a un gobernante. El opposition research tiene otra metodología, y regularmente realiza minería de datos en todas las fuentes públicas y gubernamentales posibles, o también puede ser resultado de trampas que se tienden para ser grabadas y utilizarlas en el momento que políticamente se considere oportuno.
No hay información en Palacio Nacional de cuántos videos de esa naturaleza puedan existir, ni quiénes específicamente podrían aparecer en las grabaciones. Hay especulación sobre la baraja de nombres posibles, pero no certezas. Por los tiempos de cómo aparecieron los videos de Esquer y del hijo menor del Presidente, se puede argumentar que alguien está administrando los materiales, cuya difusión depende de la coyuntura, pero, sobre todo, del momento que sus dueños consideren puedan causar más daño.
No importa si lo que proyectan es verdad o no. La imagen prevalece. El video mudo de los marinos en Cocula recogiendo bolsas de basura se tradujo como la alteración de la escena del crimen por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El que proporcionó Lozoya donde funcionarios aparecen frente a bolsas de dinero, se interpretó como sobornos para aprobar la reforma energética. Es muy fácil jugar con la mente, y un video con imágenes de sus hijos o colaboradores cercanos en situaciones comprometedoras, sería devastador para López Obrador.
Nota: Esta columna dejará de publicarse hasta el lunes 25 de abril.