Cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador es arrinconado por la prensa por sus declaraciones a favor de criminales y del Cártel de Sinaloa, responde lo que no le preguntan, y siempre termina acusando al expresidente Felipe Calderón y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber pactado con las bandas criminales y señalándolos como responsables de la crisis de seguridad en su gobierno –15 años después de haber terminado su gestión–. La verdad es muy diferente. El gobierno de México no lo acusa de narcotráfico, sino por delitos de cuello blanco. O sea, las inferencias de López Obrador son falsas.
García Luna fue detenido por marshalls, en Dallas, el 9 de diciembre de 2019, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, de 18 presuntos delitos. En su imputación señaló que utilizó su posición para proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. La acusación le quedó como anillo al dedo al Presidente, aunque, contrario a su narrativa, su gobierno no lo persigue por esos presuntos delitos, sino por beneficiarse de presuntos desvíos de 2 mil millones de pesos en contratos de seguridad durante el gobierno de Calderón.
La desconexión entre las afirmaciones de López Obrador quedó expuesta en la Corte Federal de Brooklyn durante una audiencia el 29 de abril pasado, donde se discutió la petición de la Fiscalía para que el jurado en el juicio de García Luna, previsto para integrarse en octubre, sea anónimo. El abogado titular de la defensa del exsecretario, César de Castro, cuestionó las explicaciones de la Fiscalía, que “no están sustentadas en la seriedad de las acusaciones, sino en su presunta conexión antigua con el Cártel de Sinaloa”, y las conductas violentas atribuidas a esa organización y a Joaquín El Chapo Guzmán.
De Castro, al recordar que García Luna no estaba acusado de ningún acto de violencia o de pertenecer al Cártel de Sinaloa, mostró las inconsistencias entre las acusaciones en Estados Unidos y las formuladas en México. “El gobierno mexicano alega que presumiblemente las mismas transacciones que apunta el gobierno (estadounidense) como evidencia de sobornos recibidos, son en efecto las ganancias de contratos gubernamentales”, explicó el abogado defensor. “Por supuesto que esto es imposible de verificar sin una carta de particulares (una declaración escrita) del gobierno (mexicano), por lo que la defensa debe asumirlo basado en más de un millón 200 mil documentos que se han recibido hasta la fecha”.
El gobierno del presidente López Obrador no ha enviado una declaración oficial escrita a la Corte Federal de Brooklyn al respecto, y quizá no lo haga porque debilitaría el caso y quitaría potencia a su narrativa. Pero eso no significa que sea falso. De Castro tiene razón. Tres mañaneras en diciembre de 2019 lo comprueban.
Un día después de que el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que investigaba una transferencia irregular de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a cuentas bancarias de GL&Associates Consulting, cuyo socio mayoritario era García Luna, le preguntaron al Presidente, quien corroboró que era información que le había dado Nieto, y que una parte de ese dinero se había transferido a una cuenta personal de la familia del exsecretario. El 27 de diciembre, Nieto aseguró en la mañanera que García Luna había creado una empresa en Panamá en 2011 y, previamente, había adquirido un software de espionaje para la secretaría que encabezaba, que siguió utilizando una vez fuera del gobierno, transfiriendo, señaló, “recursos públicos para una empresa de naturaleza privada”.
Nieto agregó que durante los años 2013, 2017 y 2018 hubo pagos por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que enviaba recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao, entre otros países, cuya “triangulación de recursos a la empresa de la familia García Luna, y sobre todo la empresa panameña, (que) termina pagando (su) estilo de vida”. Nieto informó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General el 24 de diciembre, y en septiembre del año pasado presentó una demanda civil en Estados Unidos, en coordinación con las secretarías de Seguridad y de Relaciones Exteriores, para recuperar los bienes y activos de García Luna y su familia, adquiridos, presuntamente, a través de un esquema de lavado de dinero.
Por declaraciones y acciones legales en Estados Unidos, el gobierno de México no considera a García Luna como presunto responsable de delitos vinculados al narcotráfico, ni tampoco estableció relación alguna con el Cártel de Sinaloa. El proceso está vivo en México y la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera informó que un juzgado en la Ciudad de México había negado un amparo al exsecretario para que sus cuentas fueran desbloqueadas. Un mes antes también le negaron un amparo para que la Fiscalía General liberara sus cuentas bancarias y le devolvieran tres inmuebles.
El caso contra García Luna en México es por delitos de cuello blanco, que son crímenes administrativos, no por narcotráfico. La vinculación de García Luna y Calderón con el Cártel de Sinaloa, como acusación, no existe, pero se utiliza como estrategia de propaganda del presidente López Obrador para tapar sus resultados en el combate a la inseguridad, que son negativos en todos los rubros en sus primeros 42 meses de gobierno, comparados con Calderón.
No son las únicas mentiras que dice. Desagregando sus afirmaciones cotidianas, se aprecian otras relevantes. Por ejemplo, información oficial y pública del sexenio de Calderón mostró el combate a todos los cárteles de la droga, incluido el de Sinaloa, al que desmantelaron su operación de cocaína en Colima y Jalisco, y desarticularon una de sus facciones más violentas, la de los hermanos Beltrán Leyva. En el gobierno de López Obrador no se ha desmantelado a ninguna organización, sino al contrario, se han fortalecido. Su narrativa es al revés. La realidad también.