Con una amplia risa, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró ayer en la mañanera una fotografía tomada en enero de 2007 donde aparece el presidente Felipe Calderón con una fatiga militar en medio de dos gobernadores, Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y Lázaro Cárdenas, su actual coordinador de asesores, de Michoacán. Toda su narrativa estuvo intercalada con la derrota que sufrió en las elecciones de 2006 y cómo, mientras Calderón se embarcaba en la ‘guerra’ contra las drogas para ganar legitimidad, indicó, él reinició su peregrinar por el país en lo que sería una nueva búsqueda por el poder. “Fui el primero en criticar esa política de seguridad”, remachó.
López Obrador da una versión sesgada, pero no del todo equivocada. Cárdenas, de quien también se mofó ayer, le había pedido apoyo federal a Calderón, entonces presidente electo, porque el presidente Vicente Fox se había negado a respaldar con fuerzas federales a Michoacán, donde se enfrentaban salvajemente Los Zetas con el Cártel del Pacífico –controlado por Sinaloa–. En paralelo, durante la transición, Calderón fue a una reunión en Cuernavaca, junto con quienes serían su procurador, Eduardo Medina Mora, y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con altos representantes de la DEA, que le mostraron con datos e información de la pérdida de territorio frente a los cárteles y su penetración institucional.
García Luna planteaba una estrategia contra todos los cárteles, pero Calderón estaba renuente. El instinto político lo cambió. En los primeros días de diciembre de 2006, sin consultar con el presidente, García Luna detuvo en la Ciudad de México a Flavio Sosa, uno de los líderes sociales en la toma de Oaxaca en 2005, quien tenía órdenes de aprehensión por secuestro, robo calificado con violencia, incendio, sedición y ataques a las vías generales de comunicación. Calderón le reclamó por la detención, señalando que era una decisión que no debía haber tomado unilateralmente, pero en los días siguientes vio cómo las encuestas mostraban que la gente apoyaba la acción.
Calderón, empujado por la necesidad de legitimidad después del turbulento proceso electoral de 2006, donde López Obrador, en las calles, quería impedir que asumiera la presidencia, mientras el director de un periódico capitalino, un connotado constitucionalista y un miembro actual del Servicio Exterior exploraban la posibilidad de que se anulara la elección, encontró en la detención de Sosa un respiro y un camino. La guerra contra las drogas comenzó.
Fue sangrienta, porque la Policía Federal, el Ejército y la Marina enfrentaron a los cárteles de la droga con fuego. Si se miden los resultados por la tasa de homicidios dolosos, fue exitosa. En mayo de 2011 tuvo una inflexión y empezó a bajar sostenidamente el número de crímenes, aunque vista de manera integral, fue un fracaso. La política social que intentó desde 2007 para atacar las causas de la violencia no funcionó. Las policías municipales, la trinchera fundamental para evitar que el ‘avispero’ sacudido, como definió en ese entonces Medina Mora, fuera contenido, nunca pudieron hacerlo, por falta de capacitación y porque muchos municipios desviaron sus presupuestos a obras electorales.
López Obrador criticó la política de seguridad sin preocuparse de los detalles, tomó lo que no funcionó, los programas sociales en zonas violentas, y desechó lo que sí dio resultado, el combate frontal. El miércoles pasado explicó lo que académicamente han llamado la pax narca, como si fuera un logro que no haya violencia donde domina una organización criminal el territorio. Su responsabilidad no es congraciarse, sino evitar que los cárteles y otras bandas de menor calado impongan su ley y sean dueños de comunidades, ciudades, estados y regiones. En una serie de declaraciones espeluznantes, por la forma como él mismo justifica que sean los criminales quienes lleven la paz a las ciudades y no el gobierno el que la provea, rechazó también que los criminales controlen entre 30 y 35 por ciento del territorio nacional, como estima el Pentágono.
No aportó prueba alguna de ello. Los golpes de realidad parecen contradecirlo todo el día, cuando se asoma San Cristóbal de las Casas, Texcaltitlán, Guasave o Colima, por mencionar cuatro puntos donde estalló la violencia en el mundo de la ley del más fuerte, que, por inacción federal, la aplican los criminales. Su realidad sólo existe en la mañanera en Palacio Nacional. No es lo que se piensa en el país –basta ver las encuestas– ni en el resto del mundo. Para botón de muestra, la actualización de la alerta de viaje para México que realizó esta semana el Departamento de Estado de la Unión Americana como recomendación para sus ciudadanos:
1. No viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa ni Tamaulipas, por crímenes y secuestros.
2. Por las mismas razones, reconsideren viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.
3. Incrementen sus precauciones cuando viajen a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Según el Departamento de Estado, que nutre sus alertas de viaje con la información que le envía la embajada de Estados Unidos en México, todo el país, menos Campeche y Yucatán, es de alto riesgo para sus ciudadanos. Las recomendaciones son órdenes al personal diplomático y sus funcionarios: no pueden viajar de noche entre ciudades, no pueden tomar taxis en la calle, y sólo pueden entrar a México, por carretera, de día por la Nogales-Hermosillo y la Nuevo Laredo-Monterrey. El mensaje de la Cancillería es contundente: “Crímenes violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y los robos son comunes en México y están generalizados”.
El presidente López Obrador podrá seguir con sus frivolidades matutinas y sus risas burlonas. Podrá intentar mantener, con acusaciones al pasado, su omisión e incapacidad para resolver el presente y su fallida estrategia de seguridad. Lo que no podrá impedir es que la violencia lo arrolle a él y a su gobierno.