Las malas noticias ya no se pudieron maquillar ni ocultar. Oficialmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que reconocer, sin decirlo abiertamente, que en sus tres años y medio los homicidios dolosos sumaron más que el total durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón. La tendencia a la baja que se dio en el verano del año pasado no es más que un viejo recuerdo de un registro que se analizó mal, al no incorporar el confinamiento por el Covid-19. Estamos con niveles de asesinatos como no se habían tenido en 11 meses y, por los síntomas vistos en junio, una prospectiva alentadora parece estar fuera de discusión.
Veamos:
Lunes 20 de junio: “Una noche de terror”, como describió el periódico Expreso de Hermosillo, se vivió en el destino turístico de San Carlos, en Guaymas, donde se registró una balacera que provocó un saldo de un muerto, un herido y al menos seis lesionados.
Domingo 19: por la madrugada, Matamoros amaneció bajo el fuego, con bloqueos e incendios en toda la ciudad por varias horas, reportó el diario El Mañana. Por la tarde se informó que habían asesinado a una familia en el Centro Histórico de Zacatecas. Y por la noche, atacaron con metralla el penal de La Pila en San Luis Potosí. En Guaymas, un grupo armado irrumpió en una fiesta y asesinó a tres personas. Sólo este domingo se cometieron 96 homicidios dolosos, la mayor cifra en el mes.
Jueves 16: un grupo armado se metió a un conocido y popular restaurante en Ciudad Juárez y mató a cuatro personas. En Morelia asesinaron a cinco miembros de la misma familia. El Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje para México y recomendó no viajar en absoluto a cinco estados y tener mucha precaución en otras 25, clasificando a este país como “riesgoso”. Sólo Campeche y Yucatán, por donde no hay trasiego de drogas, armas o trata, pasaron la prueba de la revisión.
Miércoles 15: asesinan a una regidora en Bácum, Sonora, sumando a la lista de más de 80 políticos muertos en actos de violencia.
Martes 14: un grupo armado atacó a agentes de la Fiscalía del Estado de México en Texcaltilán, que dejó un saldo de 10 muertos. En San Agustín Loxicha, Oaxaca, asesinaron a un expresidente municipal. En un fraccionamiento en Playa del Carmen, Quintana Roo, asesinaron al inspector de Protección Civil. Y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dos grupos se enfrentaron por horas por el control del Mercado del Norte, donde se venden armas, drogas y contrabando.
Los criminales tienen licencia gubernamental para matar. En San Cristóbal de las Casas, que se encuentra a 50 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez, la Guardia Nacional tardó cuatro horas en llegar. En Matamoros, el domingo llegaron 200 soldados, que se sumaron a otros 200 que habían sido enviados la semana pasada a Reynosa. Las fuerzas federales no sirven para nada. No sirven como grupo de disuasión y prevención del crimen, y cuando se han llegado a encontrar en una situación de violencia delincuencial, los corretean y los hacen huir los criminales porque las instrucciones son que no los combatan.
La violencia es abrumadora y, por ende, inocultable. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer ayer su informe, que muestra el deterioro que se vive. De abril a mayo, el incremento en homicidios dolosos fue de 10.9 por ciento. De todo el sexenio de López Obrador, este mayo fue el 24 peor mes en violencia que se ha vivido, para totalizar 121 mil 642 homicidios dolosos en tres años y medio de administración, contra 120 mil 463 en todo el gobierno de Calderón.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se había dado una reducción de 7.8 por ciento de los homicidios dolosos, pero la comparación se hizo con respecto al máximo histórico de este tipo de crímenes, en julio de 2018, cuando se alcanzó la suma de 3 mil 74. Después de ese mes, hubo únicamente tres más con índices de homicidios dolosos superiores a los de mayo pasado. En su conjunto, sin embargo, siete de los ocho meses más violentos en la historia de México han sido durante el gobierno de López Obrador. El gobierno insiste en que la violencia está focalizada en una quinta parte del país y generada por los enfrentamientos entre organizaciones criminales. Sin embargo, los datos aportados en el informe de la Secretaría de Seguridad muestran un descontrol más generalizado del que quieren admitir, y que está asociado a la impunidad con la que se manejan los delincuentes. Por ejemplo, los delitos patrimoniales, que son los que afectan directamente a la gente, se elevaron 8.1 por ciento, mientras que las extorsiones se incrementaron 28.8 por ciento. O el robo de combustible, que el año pasado se elevó en 34 por ciento.
Esa impunidad, que alimenta la lucha por el control de plazas y territorios, anima a que el crimen siga ocupando los vacíos que deliberadamente ha dejado el gobierno federal, provocando mayores desafíos a autoridades menores. La situación de la violencia y la inseguridad a nivel nacional no se va a revertir. La impunidad prevalecerá por lo que resta del sexenio. La percepción de los criminales es correcta, porque la cruzada de “cero impunidad” sólo existe en las mamparas del gobierno federal.
López Obrador no modificará el rumbo, y como lo dejó entrever la semana pasada, espera a que un cártel gane la guerra y, al pacificar al país, le hagan su trabajo. Hoy no se ve claro que eso sucederá, y delitos como homicidios dolosos y aquéllos directamente asociados a ellos, probablemente continuarán creciendo, proporcionalmente al descrédito del Presidente. El mayor, el mensaje de que su inacción contra el crimen organizado y la tendencia a proteger al Cártel de Sinaloa obedece a un pacto con éste. López Obrador lo niega vehementemente, pero hasta ahora no ha hecho nada por cambiar la percepción.