Una nueva regresión a políticas sociales conquistadas por las mujeres está cocinando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que inspirado por el reciente voto en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que revierte 50 años de historia en Roe vs. Wade, está consultando si con argumentos similares podría empezar a desmantelar el derecho al aborto en México. Nada extraño. López Obrador es un conservador en muchos sentidos, y su concepto de las mujeres, como se ha demostrado por años, es que son inferiores.
En las dos últimas semanas López Obrador conversó con un poderoso ministro de la Suprema Corte de Justicia y con un abogado de la Fiscalía General de la República para que le explicaran los argumentos del juez Samuel Alito, quien hizo la ponencia que revierte Roe vs. Wade, y explorar las posibilidades que pudieran revertir en México las leyes de despenalización del aborto, sin olvidar las implicaciones sociales y políticas que podría tener una acción de tal envergadura.
El tema de la conversación quieren mantenerlo secreto, por lo explosivo que resultaría que trascendiera en este momento de examen preliminar, y porque, de iniciar ese camino, tendría que prepararse para la confrontación, al iniciar la destrucción del andamiaje legal producto de décadas de luchas feministas y de la izquierda, que comenzaron a dar frutos este siglo.
El dictamen del juez Alito señaló que el fallo de 1973 Roe vs. Wade “debía ser derogado” porque había sido “atrozmente equivocado desde un principio”, y con argumentos “excepcionalmente débiles” donde el Poder Judicial incurrió en un abuso al votarlo a favor. Lo que específicamente votó la Corte a finales de junio es si era constitucional o no la ley de 2018 que aprobó la legislatura de Mississippi, controlada por los republicanos (Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization), que prohibía los abortos si “la probable edad de gestación del humano nonato” era superior a las 15 semanas. La opinión mayoritaria de Alito apoyó la constitucionalidad de la ley y señaló que Roe vs. Wade y el fallo Planned Parenthood v. Casey, que en 1992 la respaldó, también debían ser derogadas.
Estados Unidos se partió violentamente. Roe vs. Wade siempre generó una polarización en la sociedad, pero el voto de la Suprema Corte la exacerbó. Fue una victoria política para el expresidente Donald Trump, quien dijo que iba a nombrar jueces que revirtieran ese falló. Tres de los cinco ministros que votaron con Alito, los nombró Trump.
El fallo en Washington provocó reacciones en el mundo. Algunas públicas, como la de la condena del presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un intento por acotar la regresión en su país por parte de las fuerzas más conservadoras, y otras guardadas, como la reciente discusión secreta de López Obrador en Palacio Nacional, que lo pinta de cuerpo entero.
Quien lo conoce o ha observado sus políticas sociales, entiende que López Obrador es muy conservador. El Presidente es misógino, lo que muchos negaban hasta que vieron su reacción frente al movimiento de las mujeres contra el feminicidio y decir sandeces, como el que el feminismo fue un invento neoliberal. Como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el cardenal Norberto Rivera, que era arzobispo primado de México, trabajó para impedir que una iniciativa de ley presentada por el PRD en la Asamblea Legislativa capitalina, que era su partido, para la despenalización del aborto, fuera aprobada. Lo más que se logró durante su gestión fue en 2004, cuando se descriminalizó el aborto bajo circunstancia de riesgo para la salud de la mujer, violación o malformaciones graves del producto.
Pero, una vez que dejó el poder y el PRD mantuvo el gobierno, la legislatura en la Ciudad de México aprobó en 2007 la despenalización del aborto. Desde entonces, otras 20 entidades caminaron en el mismo sentido en el país, y gradualmente se fueron federalizando las leyes.
En 2017 la Suprema Corte de Justicia determinó que el aborto consentido dejaba de ser un delito. En septiembre pasado, los ministros de la Corte invalidaron, por unanimidad, la legislación de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a la persona que le hiciera abortar con el consentimiento, sentando un precedente para todo el país. Y apenas en mayo, refrendó la Norma Oficial Mexicana 46 que garantiza el aborto por violación en todas las instituciones de salud privadas y públicas, con lo cual las menores pueden abortar sin necesidad de autorización de sus padres o tutores.
Revertir las leyes federales y que la despenalización del aborto sea analizada por cada estado es un brinco muy grande hacia atrás. Desde su descriminalización en la Ciudad de México, más de dos decenas de iniciativas se han presentado en el Congreso para revertirlo, sin éxito. El PAN siempre ha estado en contra del aborto, y el PRI ha procurado quedarse en un terreno política y electoralmente no conflictivo, sin tomar posición nacional clara y dejarlo al albedrío regional. Empero, el presidente Enrique Peña Nieto, católico y no creyente en el aborto, firmó la norma 46, que entró en vigor en vísperas de la elección para gobernador en Aguascalientes, acción a la que se le atribuye la derrota del PRI en el estado.
Electoralmente, ir contra el aborto da un pequeño margen de ventaja con la gente, como mostró una encuesta en El Financiero en octubre del año pasado, pero aun una mente anclada en los votos, como la de López Obrador, tendría que analizar sus espacios de maniobra. No lo frena la ideología, porque tiene un discurso de izquierda y un corazón de derecha. Pero procesarlo en la sociedad, donde enfrentaría fuerte oposición, deberá ser algo que medite mucho. Su decisión no tendría que ser sobre lo que quiere y lo que cree, sino sobre qué es lo más conveniente para la paz social. En Estados Unidos tiene un espejo.