El accidente en el pozo de carbón en Sabinas, donde se lucha por rescatar con vida a 10 mineros atrapados desde hace una semana, tiene un daño colateral: el poderoso grupo Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme. Todos los caminos de los probables responsables del siniestro –por las pésimas condiciones laborales y la falta de supervisión gubernamental– conectan con el gobernador y lo colocan en una situación incómoda que estará pronto a salir a la opinión pública.
El impacto político, sin embargo, se empezará a dimensionar en la medida en que se vayan dando a conocer los detalles de los propietarios de la concesión y de los contratos, como parte de la investigación que inició desde el domingo la Fiscalía General de la República, y sus vinculaciones con funcionarios estatales y federales. Qué tanto el golpe se quedará en Riquelme y el grupo Coahuila; qué tanto en el gobierno federal, dependerá de cómo el gobernador logre sacudirse el golpe y pueda trasladarlo a la Ciudad de México.
No va a ser fácil. Sabinas ha estado gobernado históricamente por políticos del PRI, y muchos de ellos han estado asociados a la minería. “En Sabinas, todos están metidos en la minería”, dice una persona con profundo conocimiento del tema. “La mitad tiene minas, y la otra mitad trabaja en ellas”. En una de ellas, en el complejo minero del ejido Las Conchas, en la comunidad de Agujita, se dio el derrumbe que atrapó a los 10 mineros.
El título de explotación minera de Las Conchas está a nombre de Claudia María Iribarren González. Sin embargo, existe otro título de concesión a nombre de la Compañía Minera El Pinabete, SA de CV, que es la actual concesionaria del pozo de carbón, de acuerdo con la Secretaría de Economía, donde sus accionistas formales son Héctor Villarreal González y Héctor Villarreal Beltrán. Los beneficiarios de la explotación de la mina, sin embargo, han sido otros.
La información que tiene el gobierno federal confirma que los contratos del pozo de carbón los ha realizado la empresa Beneficios Carboníferos AJ, SA de CV, propiedad de Régulo Zapata Jaime, donde su hijo, Régulo Zapata Morales, es también socio. La empresa ha obtenido contratos por más de 250 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la gestión de Manuel Bartlett.
Zapata Jaime fue presidente municipal de Sabinas, y en los últimos días ha negado ser propietario del pozo de carbón siniestrado. Técnica y legalmente, tiene razón. Por una parte, quien aparece como “patrón” ante el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo federal es Cristian Solís Arriaga, de 27 años, y sobre el cual no hay información que permita corroborar su solidez económica. Por el otro, el título de concesión, de acuerdo con los datos disponibles, no lo tiene Zapata Jaime, sino originalmente Iribarren González, que es pariente de su esposa, Martha Carolina Morales Iribarren, que también fue alcaldesa de Sabinas.
Morales Iribarren terminó su gestión en 2009, tras lo cual el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, la invitó a ser subsecretaria de Turismo. De ahí, el gobernador Rubén Moreira la hizo diputada local. Su sucesor, Riquelme, la designó subsecretaria de Trabajo en febrero del año pasado, con el objetivo, dijo en ese entonces el gobernador, de “reforzar la región carbonífera”. No le importó al gobernador el conflicto de interés que ello implicaba, al trabajar y operar en una industria donde sus familiares son parte importante de la misma, con el potencial para colusión o corrupción.
Los amarres políticos de Zapata Jaime no impidieron que tampoco, en lo que va del sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett, le haya dado contratos por cuando menos 250 millones de pesos, para la compra de carbón. Tampoco fue motivo de reconsideración, que la familia esté involucrada en escándalos mineros. Un sobrino de él, Álvaro Jaime Arellano, que también aparece en las tarjetas en poder del gobierno federal, provocó en 2016 un conflicto social en la comunidad de Cloete, en el mismo municipio de Sabinas, donde el entonces regidor, y heredero del título de concesión, provocó socavones en una zona donde había viviendas de interés social. Las autoridades federales le cancelaron la concesión, pero sigue trabajando en el carbón.
Otro cabo suelto es el hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, Régulo Zapata Morales, contratado por su primo Francisco Morales Purón para trabajar en Parque Fundidora, en Monterrey, donde Aída Araceli Acuña Cruz, que fue diputada local del PRI en Tamaulipas y trabajó en el gabinete del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, es la contralora. En aquel entonces, su esposo era el delegado del ISSSTE –actualmente es empresario– y se enfrentó con el entonces diputado y exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
El siniestro en Las Conchas puede afectar a Bartlett, aunque de manera relativa, y a la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, por las fallas que pudo haber tenido en la vigilancia y supervisión de las condiciones laborales en la región carbonífera. En todo caso, la tragedia está comenzando a mostrar el árbol político genealógico del grupo Coahuila que, sin ser un paraguas consolidado como fue Atlacomulco, es considerado como la mejor maquinaria electoral del PRI en la actualidad.
El principal golpe probablemente será sobre Riquelme, quien hasta ahora no ha trasladado ninguna responsabilidad al gobierno federal, pero ha guardado silencio sobre las ramificaciones que tiene la industria y la autoridad de Sabinas con su administración y el PRI. El gobernador ha actuado con rapidez en la tragedia, pero en sólo un plano. Tiene que explicar cómo a una protegida de los Moreira –aunque los hermanos estén hoy peleados–, que él adoptó como parte de su administración, la promovió a un cargo donde ignoró que había conflicto de interés y un potencial para que le explotara en las manos, lo que finalmente sucedió, sin que la tragedia haya concluido todavía.
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