Parafraseando a mineros que pudieron escapar del pozo de carbón cuando un torrente de agua explotó y dejó atrapados a 10 de sus compañeros en el agua, sólo un milagro permitirá que los encuentren con vida. El agua que inundó el pozo del complejo minero Las Conchas, en Sabinas, es sólo uno de los problemas. Lo que ya saben las autoridades que encontrarán hoy, o mañana jueves cuando los niveles de agua permitan el rescate, son los polines de madera que utilizaban en el pozo, lodo y ceniza que harán difícil escarbar para poder llegar a los mineros. El desenlace de lo que suceda ahí será el inicio de otro duro camino que tiene enfrente el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
La investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades va a toparse rápidamente con Bartlett, porque buena parte de lo que está sucediendo en esa región carbonífera tiene que ver con él. Pero hay certeza de que está blindado, no sólo por su relación de más de 40 años con el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino por lo que ha hecho Bartlett desde el inicio del gobierno para apresurar el traslado del control político del PRI en la región carbonífera, a Morena.
Los primeros pasos para el control de la región los dio Bartlett en 2020, al anunciar en una entrevista con un periódico de Saltillo que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), que era intermediaria en la compra-venta de carbón de los pequeños productores de la región carbonífera, dejaría de surtir los pedidos de carbón y que, a partir de ese momento, serían por emisión directa y sin intermediarios por parte de la CFE. De esa forma, eliminó al gobierno estatal de cualquier relación con los productores y asumió la relación directa con todos.
Para llevar a cabo lo planeado, de acuerdo con personas que conocen los detalles de lo que vino después, Bartlett modificó el valor de carbón, entregando más a los pequeños propietarios y mucho menos a los grandes productores. Al priorizar a los pequeños productores, explicaron los conocedores del sector, generaron coyotaje. Bartlett había dicho que Prodemi desaparecería porque era corrupta, pero lo que provocó fue una corrupción generalizada. Los pequeños productores terminaron revendiendo el carbón a los grandes productores a pie de pozo, quienes, a su vez, se lo revendían a la CFE a mayor costo.
En el diseño de Bartlett, se escogió a poco más de 70 productores, pero en una excepción a su decisión original, escogió también a dos grandes con quienes trabajar. Los principales fueron Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, y su hermano Antonio –conocido como Tony–, que son hoy los principales beneficiarios de los contratos de la CFE. Tania Flores asumió este año el cargo es ese municipio carbonífero, al que llegó con la bandera de Morena.
Tony ha sido el proveedor de carbón más favorecido por la CFE desde que inició el gobierno de López Obrador, al haber recibido contratos para Minera Don Chilo, donde su padre, Isidro, también es socio, por 255 millones de pesos. Su hermana Tania no se queda atrás, al ser una de las principales proveedoras de la paraestatal, a través de Minera Flores de la Carbonífera, de su propiedad, que recibió en mayo del año pasado un contrato por más de 200 millones de pesos. La alcaldesa, que enfrentó críticas por haber obtenido ese contrato mientras era candidata de Morena, se protegió desapareciendo poco después de que se le asignó ese valor, borrando su nombre del acta constitutiva.
El segundo gran productor seleccionado por Bartlett fue Fernando Mendoza Bernal, propietario de Fervim Ingenierías, localizada en Sabinas, y dedicada a la extracción de carbón mineral y recolección de residuos peligrosos. Mendoza, como otros productores grandes de carbón en esa región, ha estado involucrado en escándalos por su manejo minero, pero no ha sufrido consecuencias. Por el contrario. Mendoza Bernal está apostando actualmente al futuro, y es uno de los principales promotores del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, que es uno de los más fuertes aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila.
Existe información parcial sobre un tercer gran productor que también fue escogido por Bartlett. Extraoficialmente lo identifican como Régulo Zapata Jaime y, como se apuntó ayer, su empresa Beneficio Carboníferos ha obtenido contratos de la CFE por más de 250 millones de pesos desde 2019. Esa empresa ha sido relacionada con la tragedia en la mina de Las Conchas, donde están atrapados 10 mineros.
Una cuarta persona, aunque no en la lista de Bartlett, pero que es considerado el mayor productor de carbón en esa región, es el senador de Morena Armando Guadiana, a quien en un principio se le señaló como el propietario de Las Conchas. No es suya esa mina, pero sí muchas otras más. Guadiana ha sido financiero importante de campañas de Morena, por lo cual durante un largo tiempo ha tenido un trato respetuoso y agradecido de López Obrador, a quien ha permitido que le condonen adeudos fiscales por más de 2 mil y medio millones de pesos en empresas donde aparece como accionista o representante legal.
El diseño de Bartlett, que efectivamente le dio control en la región carbonífera, ha sido motivo de conflicto con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien lo acusó de que, por bajar los precios, provocó el descuido en el mantenimiento de las minas, a lo que le respondió el director de la CFE que sólo ha querido proteger los intereses de los grandes productores.
Controlar la región carbonífera es estratégico. El próximo año hay elecciones para gobernador y Coahuila es donde opera la maquinaria electoral más aceitada del PRI. El papel de Bartlett ha sido fundamental para ir quitando apoyos y recursos al PRI, trasladándolos a Morena. Esta operación estratégica es un buen blindaje frente a una investigación de la Fiscalía General que, antes que la justicia, funciona políticamente.