Como suele pasar en la mañanera, ayer hubo otro engaño disfrazado de indignación pendenciera. Ahora lo ejecutó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, que amenazó al juez primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, porque lleva 120 libertades absolutorias a favor de acusados por el gobierno de Enrique Peña Nieto de la desaparición y crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal e incluso una denuncia penal”, adelantó. “Se va a actuar en consecuencia”.
Está muy bien lo que dijo el subsecretario, pero falta que lo cumplan. Si esto sucediera, tendría que actuar el gobierno contra sí mismo, por omiso y negligente. Las deficiencias e insuficiencias del gobierno mantuvieron las debilidades y vulnerabilidades de las acusaciones originales formuladas por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, pero incurrieron en algo peor: no hicieron nada por corregirlas para evitar las liberaciones.
Al atajar las críticas a los jueces tamaulipecos iniciadas por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dijo el miércoles que le parecían injustos los señalamientos a los jueces por sus resoluciones, porque sus sentencias absolutorias se derivaban de una del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en Reynosa, el 4 de junio de 2018, que concluyó que los imputados habían sido torturados, afectando el proceso legal.
Mejía, siguiendo el estilo de la casa presidencial, se hizo el gracioso. “No ha habido debido proceso, sino debido pretexto”, ironizó. Ni él ni Encinas han mencionado la sentencia del tribunal colegiado en sus recientes críticas, sobre la cual los jueces tamaulipecos dictaron las resoluciones objetadas, pese a que una de sus recomendaciones propició el nacimiento de la Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia, que encabeza el subsecretario de Gobernación. Incluso, el 20 de septiembre de 2020, al presentar el primer informe sobre el caso Ayotzinapa, Encinas reconoció al tribunal colegiado por haber expuesto la existencia de “indicios suficientes para presumir que las confesiones que dieron lugar a la llamada verdad histórica fueron obtenidas mediante tortura”.
Para entonces, uno de los liberados, Gilberto López Astudillo, el Gil, ya había sido reclutado por Encinas como “Juan”, su testigo estrella para imputar los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada a cuatro militares y apuntalar su vieja creencia de que lo sucedido en Iguala en 2014 fue “un crimen de Estado”. Es un doble discurso el silencio sobre el criminal en el que apoya su investigación contra autoridades federales y estatales, y la denuncia contra los jueces que, bajo los mismos preceptos, liberaron a decenas más del crimen, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, al que Encinas identifica como quien ordenó el ataque contra los normalistas.
Las resoluciones de los jueces tamaulipecos no nos gustan a muchos, pero estuvo en manos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador corregir los errores, auténticos o deliberados de la PGR de Murillo Karam, para evitar las liberaciones. No lo hicieron, aunque desde el 28 de noviembre de 2018, en el apartado 32 de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso Iguala, planteó una fórmula para reforzar los procesos penales seguidos contra los inculpados del crimen de los normalistas para lograr reaprehender a quienes fueron liberados indebidamente, como el Gil, y para la obtención de órdenes de aprehensión contra otros imputados, que significaba presentar ante el juez pruebas que no se habían argumentado. Como botones de muestra:
1.- La detención de la Rana o el Güereque, identificado como el perpetrador de la ejecución de los normalistas, y de quien proporcionaron nombre completo, fotografía, dirección en Cocula y ubicación en Estados Unidos. Esta persona fue identificada por la CNDH como “Édgar”, un sicario de Guerreros Unidos, en ese momento de 27 años, pero la PGR lo confundió –Encinas también– con el profesor Erick Uriel Sandoval, que tenía 32 años y a quien su padre llamaba “la ranita”, que sigue siendo perseguido por la justicia por ese delito.
2.- Las declaraciones recabadas por la CNDH a varios de los choferes de los autobuses, incluidas pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía que demostraban la falsedad de un documento atribuido al chofer del quinto autobús, en el que describe lo que ocurrió con el secuestro de su unidad y el traslado de los normalistas.
3.- La investigación de varias líneas telefónicas cuyos números entregó de manera reservada a la PGR, y el análisis de los chats que proporcionó la DEA al gobierno que revelan información sobre el móvil de las agresiones y la responsabilidad del Gil.
La PGR de Peña Nieto ya no tuvo tiempo de hacer nada al respecto, si en algún momento hubiera pensado hacerlo, pero el gobierno de López Obrador se acerca a cuatro años sin tampoco haber hecho nada para impedir que los asesinos de los normalistas y sus cómplices quedaran libres. La falta de cumplimiento de la recomendación de la CNDH, la inobservancia de sus propuestas y el descuido de los procesos penales tuvieron como consecuencia las liberaciones indebidas de los inculpados.
Este gobierno ha sido omiso y negligente, cometiendo errores monumentales. Por ejemplo, en el caso de Abarca, recientemente absuelto de la desaparición forzada de los normalistas, fue vinculado a proceso el 16 de diciembre de 2020 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Encinas, a través de la Fiscalía General, logró otra orden de aprehensión contra el exalcalde –por un segundo delito de delincuencia organizada, por lo que ya está preso–. Y aunque hace dos años lo investigan por recursos de procedencia ilícita, nunca intervino el gobierno su centro comercial en Iguala, que opera como si nada hubiera sucedido.
Lo de Abarca es un ejemplo de las pifias sistemáticas, que llevan a preguntar a Mejía Berdeja si los pretextos no están en el Poder Judicial, sino en el Ejecutivo.