La investigación del caso Ayotzinapa está dando tumbos y provocando descrédito para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Las invenciones del subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, siguen acumulando críticas y haciendo cada vez más evidente que el funcionario, si no ahora, cuando todavía lo protege el Presidente, podría terminar en la cárcel por una serie de delitos acumulados, varios de los cuales él mismo ha confesado públicamente.
López Obrador le encargó la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a fin de cumplir su promesa a los padres de los jóvenes de que habría justicia, pero los resultados para cerrar el caso en agosto pasado y proceder a detenciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno, se están cayendo a pedazos. La joya de su investigación, pantallazos de chats que usó para sustentar su afirmación de que había sido un “crimen de Estado”, resultó ser una falsa evidencia.
El último clavo de los que probablemente faltan por colocársele, se lo puso ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, que descalificó la prueba madre de Encinas. Claudia Paz y Paz, la experta guatemalteca, dijo que el grupo no conoció previamente las pruebas que presentó el jefe de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, y que una vez que las hizo públicas y les entregó las capturas de pantalla, realizaron un peritaje informático forense, que arrojó que “esta evidencia es inconsistente y no puede ser considerada como tal de un proceso judicial”.
Paz y Paz dijo que para saber cómo fue obtenida esa “evidencia” y las circunstancias “irresponsables de su realización”, debe haber una investigación. Esa “evidencia” fue obtenida por la comisión presidencial. No está claro si la obtuvo originalmente Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, reclutado por Encinas después de haber sido secretario técnico del GIEI, o del propio subsecretario, que por sus propias confesiones, realizó tareas más allá de lo que le marcaba la ley y usurpó funciones en varias oportunidades.
La investigación que propuso el GIEI, de llevarse a cabo, podría encontrar no sólo el origen de las capturas de pantalla, sino los contubernios detrás de ellas. Por confesión de Encinas, los pantallazos se los dio un solo testigo, presuntamente uno de los asesinos de los normalistas, perteneciente a Guerreros Unidos, y pese a saber que si los entregaba a la Fiscalía General de la República serían sujetos a peritajes forenses, se los ocultó por temor a una filtración. Sólo por esta acción y su declaración correspondiente, a Encinas puede señalársele como un delincuente confeso.
Lo primero, como establece un experto en la materia: la obtención de esa “prueba” no fue obtenida por una autoridad competente. Encinas no es ministerio público, y tampoco existe una autorización judicial para la extracción de información de equipos de telefonía y de intervención de comunicaciones privadas. A la ilegalidad en la que incurrió se le añade un elemento que no está tipificado: incompetencia acompañada de dolo. No se le ocurrió, o no quiso hacer un peritaje forense para poder determinar la veracidad de esas capturas de pantalla. Esto habría sido ilegal, de haberlo realizado, pero le hubiera evitado ser un mentecato. Su pecado es doble.
Tampoco buscó corregir. Quien debió haber recibido esa “evidencia” era el ministerio público, al que mantuvo en la oscuridad por el temor, como lo admitió, a una “filtración”. Al marginarlo, eliminó a quien tenía competencia para obtener y conocer del material de prueba, con lo que rompió la cadena de custodia. Esto, aunque hubieran sido reales las capturas de pantalla, generaba una prueba viciada de origen, que la convertía en nula al haber sido expuesta sin estar judicializada.
¿En qué estaba pensando Encinas? Como se describió en este espacio el lunes, en sus ajustes de cuentas contra el Ejército. Pero el hambre de sentarlo en el banquillo de los acusados, paradójicamente, lo blindó judicialmente –aunque no del daño a su imagen pública– de ello, por haber contaminado el caso contra cuatro militares del 27º Batallón de Infantería acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada por la Fiscalía General, a partir de una petición de Encinas.
En la conferencia de prensa este lunes, el GIEI dio a conocer los resultados de los peritajes que realizaron a los mensajes en las capturas de pantalla, tras lo que concluyeron que no existía confiabilidad en las imágenes y tampoco podían considerarse una prueba digital para ser judicializada. O sea, no sirven para nada.
Aunque no se sabe quién entregó los pantallazos a la comisión presidencial, tampoco coinciden con los chats de Guerreros Unidos que proporcionó la DEA al gobierno mexicano, del amplio seguimiento que hicieron de la organización criminal en 2014, y que mostraban que quien ordenó el asesinato de los normalistas no fue ninguno de los militares detenidos a instancias de Encinas, sino Gildardo López Astudillo, el Gil, jefe de plaza en Iguala la noche del crimen, y que el subsecretario reclutó como su testigo estrella, con el nombre de Juan.
“La confusión, la falta de claridad o de consistencia genera una mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad”, señaló la abogada Paz y Paz, “lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”. Todavía es más grave. Lo que hizo Encinas demostró que lo importante no era la verdad para encontrar a los criminales, sino fabricar criminales a modo, exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y militares, inventando pruebas y engañando a todos.
Lo que hizo, por confesión de él mismo, es mucho más grave que aquello por lo que acusó al exprocurador general Jesús Murillo Karam, implicado de manera circunstancial, por testigos de oídas. Encinas y quien resulte responsable del engaño nacional tendrían que acabar en la cárcel, de haber justicia. Sus delitos no dan margen para que se declare inocente. Los hizo con dolo, malicia y perversión.
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