Los incidentes en el Metro de la Ciudad de México siguen ocurriendo y la narrativa del gobierno capitalino sigue justificándolos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que son eventos atípicos producto de sabotajes. El director del Metro, Guillermo Calderón, precisa que son obras del crimen organizado. Son muy temerarios, porque por un lado tienen que probar el sabotaje y acusar penalmente a quien resulte responsable. Y por el otro, las tragedias en el Metro por actos de sabotaje no están contempladas en el seguro contratado para ese transporte público, por lo que todos los costos que las reparaciones conlleven tendrán que ser pagados por los contribuyentes.
Entonces, si hay sabotajes, pero no hay responsables, ¿por qué quienes pagamos impuestos tenemos que cubrir la incapacidad de la autoridad capitalina para encontrar a los culpables de esos actos y que reparen el daño causado? Señalar que las fallas son producto de sabotajes, cuando los expertos sostienen que obedecen a un problema de mantenimiento –afirmación que soporta la reducción presupuestal para el Metro–, fue caminar hacia el terreno de actos terroristas y de reconocer, mientras que no encuentren a los autores intelectuales y materiales, que esos presuntos actos criminales tienen postrado al gobierno capitalino.
La acusación de sabotaje en el Metro es de reciente cuño, muy en la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar la culpa a otros de sus errores y deficiencias. Y actos de esta naturaleza no estaban en la cabeza de Sheinbaum, ni de nadie en su gobierno el año pasado, cuando se firmó el seguro del Metro. La póliza del seguro, firmada el 5 de enero de 2022, no incluye los delitos de sabotaje o terrorismo entre los ramos que cubre y, de acuerdo con fuentes en la industria, el nuevo contrato de seguro, tampoco.
¿Acaso en la fuga hacia adelante y esconder la deshidratación presupuestal para enviarla a los megaproyectos presidenciales y destinar a los programas sociales con alto contenido electoral mintió la jefa de Gobierno y se metió en un problema financiero que impacte aún más en las presuntas deficiencias de mantenimiento?
El seguro del Metro fue firmado el 5 de enero del año pasado –se renovó este año, aparentemente, bajo las mismas condiciones– por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, una muy experimentada financiera que trabajó con López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y de absoluta confianza del entorno más cercano del Presidente. Lagunas tiene un trabajo que no se ve, coordinando con Inter, la aseguradora de la familia Casanueva, que presume muy buenas relaciones en Palacio Nacional, la consolidación de los principales programas gubernamentales que se aseguran a través de Agroasemex, la Aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales del gobierno federal.
Lagunas autorizó la póliza integral de seguros de daños cubierta por Agroasemex para el Metro, que cubre incendios, terremotos y “otros riesgos catastróficos”, responsabilidad civil y riesgos profesionales, además de daños a terceros, cuya prima fue de 504 millones de pesos. El seguro no cubre sabotajes, incidentes atípicos o terrorismo. De esta forma, si las autoridades capitalinas no hubieran señalado esos crímenes –porque, a su decir, fueron deliberados– y respaldarlos con denuncias ante la Fiscalía General –donde se ven delitos federales como los que denunciaron–, 800 millones de pesos que cubre el seguro por colisión y descarrilamiento, como ya sucedió, en este caso no se aplica. Igual sucederá con los 825 millones de pesos para aquellos casos de robo de cable, que igualmente han sido identificados como actos cometidos por el crimen organizado.
En las cláusulas se incluyen 2 millones de pesos de suma asegurada por persona y un millón de gastos médicos por persona, pero una vez más, no están cubiertas las personas que murieron o resultaron heridas en los diferentes incidentes, porque, a decir de la jefa de Gobierno y sus colaboradores, no fue culpa o responsabilidad del Metro, sino de personas que están atacando políticamente a López Obrador.
Sheinbaum se metió en una trampa y al parecer no ha caído en cuenta. A principios de esta semana, en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, habló ampliamente del Metro y los recientes incidentes, para quejarse de que había sido víctima de “calumnias”. Las “calumnias” a las que se refirió han sido los señalamientos y las críticas por la falta de mantenimiento en el Metro, que ha negado reiteradamente.
Los señalamientos sobre la deshidratación del presupuesto no han sido hechos a la ligera. La cuenta pública ha venido reflejando una disminución presupuestal y, además, una mala gestión del presupuesto para mantenimiento, que agrega a la disminución de los recursos para el sistema. El presupuesto del Metro en 2019 fue de 22 mil 889 millones de pesos, que se redujo en más de 3 mil millones en 2022. Para este año se programaron 18 mil 847 millones de pesos, que resultan insuficientes, por lo que el sindicato del Metro solicitó en diciembre una partida adicional de 3 mil millones de pesos para mantenimiento. La propuesta no se escuchó, pero generó, cuando se sucedieron varias de las incidencias “atípicas”, acusaciones de que sus dirigentes eran los saboteadores.
Ante la falta de recursos para el mantenimiento del Metro, la probabilidad de que se sigan dando incidentes es grande, causando un hoyo presupuestal adicional, porque no serán cubiertos por el seguro. La posibilidad de que esto comenzará a cubrirlo Agroasemex es que se reconocieran los problemas descritos en la póliza integral, pero contradeciría lo que ha venido expresando Sheinbaum sobre los sabotajes. No lo va a hacer. En la plenaria de Morena pidió que “nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen”, no por ella, aclaró, sino por cualquier militante, para que, con ello, defiendan el proyecto de López Obrador.
Está bien, pero lo más apremiante es que se ponga a trabajar y consiga los recursos para mantener el Metro funcionando, cuando menos como antes.