Mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la corte de Palacio Nacional, para golpear por esa vía al expresidente Felipe Calderón, que lo derrotó en la elección de 2006. Esa cruzada permanente se intensificó en las dos últimas semanas, las primeras del juicio en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Federal, en donde las cosas no han salido como esperaba. Los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada, salvo su palabra, contra él.
Desde 2019, su entonces consejero jurídico, Julio Scherer, le advirtió que no estaba sólido el caso contra García Luna, pero el presidente apretó el acelerador. La Fiscalía General le abrió carpetas de investigación en enero de 2022, y para cubrir las apariencias, las recicló en un comunicado de prensa en junio del año pasado, y le volvió a dar la vuelta para informar lo mismo hace unos días. Tenían que ganar tiempo, después de un desaire del gobierno de Joe Biden, que no hizo caso a una solicitud del presidente para que les facilitaran la documentación que el Departamento de Justicia presentó al juez Brian Cogan en Brooklyn.
El gobierno mexicano está a ciegas. García Luna nunca solicitó la ayuda consular, por lo que su información depende únicamente de lo que publica la prensa y del equipo multidisciplinario que envió a darle seguimiento a las audiencias en Brooklyn. No se sabe si García Luna es culpable o inocente de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, y tampoco dependerá la verdad del jurado en aquella corte, porque la justicia en Estados Unidos no depende necesariamente de qué es justo, sino de qué abogado tiene la mejor narrativa para convencer al grupo de 12 personas responsables del futuro del ex secretario.
Los fiscales quieren convencer al jurado de un patrón criminal en donde estuvo involucrado García Luna. La defensa, demostrar inconsistencias y contradicciones para generar la duda razonable e impedir una sentencia unánime en contra de su cliente. En México, lo que tiene en juego la Presidencia corre por diferentes correas: necesita una sentencia condenatoria para que López Obrador pueda continuar su linchamiento contra Calderón. No importa qué decida el jurado, pues en caso de ser opuesto a sus deseos, siempre tendrá el discurso de que García Luna lo corrompió y que el Departamento de Justicia prefirió mantener sus privilegios.
Pero para esto, necesita alinear la opinión pública en México a fin de que no se publiquen textos que siembren la duda razonable y afecten su estrategia. Para esto, la Presidencia tuvo una ocurrencia, que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores a Brooklyn, bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio, para que comenzara a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio que Arturo Beltrán Leyva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reynaldo Zambada, El Rey, en octubre de 2008.
A los primeros que le endilgaron semejante aberración, fueron a Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro conducía un importante noticiero matutino, y en mi caso, porque era director editorial de El Universal. De las cuentas personales de los propagandistas de López Obrador y de las afines al vocero Jesús Ramírez Cuevas, se retuitearon las mentiras. El enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos, que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos.
No se sabe si Beltrán Leyva pagó a algún periodista, pero lo que sí es verdad es que la prensa acudió ese día rápidamente a Lindavista, donde se había dado una balacera con la policía de la Ciudad de México, gracias a que, como sucede con quienes cubren asuntos policíacos, escucharon por la radio policial que había un enfrentamiento. Quien llegó primero, porque estaba cerca del lugar en ese momento, fue un reportero de TV Azteca. En unos cuantos minutos llegaron muchos periodistas más.
Todos los que estaban ahí, incluidos los policías capitalinos, desconocían a quién se había detenido. En la puesta a disposición presentaron a una persona que se identificó como “Víctor Rosas Montes”, acusado de los presuntos delitos de tentativa de homicidio, portación de arma de fuego y otros objetos “aptos para agredir”. Fue hasta esa noche que las autoridades informaron que se trataba de El Rey Zambada, y que junto con él, la Policía Federal había detenido a uno de sus comandantes, Édgar Bayardo, que trabajaba para él, y lo entregó a la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Maricela Morales.
El intento de la Presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra García Luna, no tiene destino alguno. Sin embargo, demuestra un intento desesperado por tratar de acallar a la prensa crítica mediante la intimidación. Nadie, fuera de los abogados saben qué contienen las evidencias de la Fiscalía, o la lista completa de testigos de los fiscales o la defensa, pero con lo que va del juicio hasta ahora, no hay vinculación directa de García Luna con los delitos de que se le acusa.
A López Obrador no le gusta que se diga esto, y para su pesar, hay periodistas con perfiles independientes en Brooklyn, algunos incluso afines a su gobierno, que han reportado la debilidad de los testigos presentados hasta ahora. Como dice el presidente, serénense, que todavía faltan al menos seis semanas de juicio y quién sabe cómo se irán dando las cosas. Buscar estrategias para acallar periodistas no le funcionará, al ser un juicio de alto impacto mediático que siguen directamente periodistas con profesionales con experiencia, a quienes tampoco tiene manera de silenciar.
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