La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue parada en seco esta semana por un video donde aparecen dos de sus más cercanos colaboradores y una senadora de Morena, recibiendo dinero. La revelación hecha por el noticiero En Punto en Televisa, que conduce Enrique Acevedo, la sacudió, dejándola sin poder articular una estrategia políticamente correcta y ética. Sansores dijo que era un “montaje”, pese a que sus colaboradores reconocieron la validez del video. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha respaldado a la gobernadora y su gobierno le ha dado insumos del espionaje político que realiza para denostar a figuras de la oposición, buscó minimizar las imágenes transmitidas. Pero nadie, en capacidad de hacerlo, ordenó una investigación para aclarar si hubo algún delito y, en dado caso, actuar en consecuencia.
Sin embargo, el intento de acotarlo políticamente está a punto de ser rebasado. Ante la ausencia de siquiera un estudio de las fiscalías sobre el posible delito de tipo penal y determinar si procedía una investigación de oficio, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que viajaría a Campeche para presentar una denuncia. De esa forma, no habrá pretexto alguno para que no se abra la pesquisa. Una investigación, contra la afirmación de López Obrador de que se trataba de “echar porquería al ventilador” para dañar su proyecto, ayudaría a la salud política y a romper el patrón de impunidad que encabeza el Presidente, cuando se trata de los suyos y siente que es el afectado.
La investigación de Fátima Monterrosa para En Punto no acusa de ilegalidad o ilegitimidad lo que hicieron los dos funcionarios y la senadora. Simplemente presenta hechos contextualizados, a partir de lo cual las autoridades judiciales pueden iniciar su trabajo y deslindar responsabilidades en un episodio previo a las elecciones que llevaron a Sansores a la gubernatura, y que involucra a cercanos a ella y a un gobernador priista, Carlos Miguel Aysa, a quien el Presidente, en agradecimiento porque, como dijo, “siempre apoya”, nombró embajador en la República Dominicana al terminar su interinato.
En el video exhibido aparecen el actual jefe de la Oficina de Sansores, Armando Toledo; el actual secretario de Educación, Raúl Pozos, y la senadora Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes –ella en dos ocasiones– que no es posible contabilizar en su totalidad, aunque se aprecian varios que podrían ser de 50 mil pesos cada uno, si el empaquetado corresponde a lo que normalmente equivalen los fajos en los bancos. El dinero se les entregó, precisó una persona que identificó el lugar, en una oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno.
Hay discrepancias sobre la fecha. La investigación periodística ubica la grabación cuando Aysa era gobernador interino, en relevo de Alejandro Moreno, que pidió licencia a mediados de 2019 para buscar la dirigencia del PRI. Toledo aseguró que fue cuando Moreno aún era gobernador. Lo que no aclaró es que Aysa era su secretario de Gobierno. Es decir, hay tres gobernadores que quedan embarrados por este episodio. Sansores, por proteger y no actuar judicialmente, y Moreno y Aysa, que han guardado silencio sin aportar información que ayude a saber qué es lo que pasó, cuándo, cómo y por qué.
Sin embargo, hay que entender que esconder la cabeza como avestruz, es un reflejo para que nadie voltee a verlos, y dejar que todo el fuego se consuma en la figura de Sansores. Pero es imposible no ver el elefante en la sala. Moreno y Aysa eran gobernadores del PRI, y más allá de la fecha en que se repartieron esos fajos de dinero, tiene que haber varias explicaciones, legales y políticas.
Toledo y Pozos justificaron haber recibido ese dinero alegando que eran recursos para dispersarlos a beneficiarios de programas sociales. Se oye muy noble, pero fue dinero en efectivo que se entregó en una oficina de gobierno, lo cual tiene implicaciones legales, y se puede alegar que fue dinero de los impuestos de los contribuyentes que se entregó de manera irregular para fines que tienen que probarse. Incluso si se hubieran utilizado para programas sociales, se configuraría el probable delito de peculado ante un evidente desvío de dinero del erario. Si no hay forma de probar que se destinó a programas sociales –que sería lo menos grave–, se puede configurar el probable delito de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
El hecho que se haya entregado en la Secretaría General de Gobierno mete en el problema a Aysa, principalmente, como titular de esa oficina o gobernador interino, y a Moreno, ya sea como gobernador o como jefe político de su sustituto. También abre la duda sobre si apostaron por alguna razón a la victoria de Sansores, o si al ver su victoria irremediable, se subieron a su carro ganador por razones particulares. Huellas dejaron en el camino. Moreno jugó con López Obrador para darle la mayoría constitucional en la reforma eléctrica, que no se consumó por la rebelión dentro del PRI contra el líder. Aysa entregó el poder antes de terminar el mandato, y fue expulsado de su partido.
La polémica ha ido creciendo con el paso de los días y la denuncia de Gálvez, si efectivamente la interpone, impedirá que, cuando menos formalmente, esa entrega irregular de dinero se muera en la discusión política. Las consecuencias legales no son menores, y los probables delitos afectan en diverso grado a todos. Si se prueba que fue dinero ilegalmente entregado, Aysa, Toledo y Pozos son quienes en más riesgo están porque carecen de fuero. La senadora Abreu tendría que ser sometida a un juicio político para enfrentar las mismas acusaciones.
Moreno se puede escapar, si ese episodio fue durante su gobierno, si traslada la responsabilidad a su exsecretario de Gobierno. Sansores, que en términos legales es quien menos riesgo tiene, es políticamente la más vulnerable, porque podría haber sido la benefactora de todo un esquema de desvío de recursos, que es una sospecha sostenida en la defensa a ultranza de sus colaboradores, que la convierte en eventual cómplice.