Por la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde se celebra el juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han desfilado narcotraficantes, policías y funcionarios corruptos. Ayer, la joya de la corona de la fiscalía estadounidense, Reynaldo el Rey Zambada, que fue uno de los jefes del Cártel del Pacífico y hermano del líder de la organización criminal, testificó que él, personalmente, le dio 5 millones de dólares a García Luna. Más allá de si lo que dijo es verdad, verosímil o mentira, sus palabras debieron haber tenido otra densidad, al no ser una acusación de oídas, que probablemente causó otro tipo de impacto en el jurado.
A lo largo de los 15 días de juicio efectivo, hemos perdido de vista en México que la secuencia de los interrogatorios no busca la audiencia en este país, sino la atención de los 12 miembros del jurado. Lo que aquí escuchamos no es necesariamente lo que escuchan los jurados, y la forma como procesamos los dichos en la Corte es muy distinta a cómo lo puedan hacer los neoyorquinos seleccionados. No sabe nadie qué abogado tenga el mayor poder de persuasión, y el veredicto del jurado, incluso, no necesariamente reflejará si es culpable o inocente. Del desfile de testigos de la fiscalía sí podríamos hacer un corte de caja y argumentar que García Luna en realidad es un símbolo de lo que deben estar percibiendo en el juzgado: México es un Estado deshonesto (rogue state) que está podrido.
No necesitará conocerse el veredicto sobre García Luna para suponer que, ante los ojos de muchos estadounidenses –y de muchos más en el mundo–, somos una nación infiltrada y controlada por criminales. Un despacho publicado por The New York Times, este lunes, refleja esa percepción. Al señalar que el veredicto podría afectar a funcionarios mexicanos y agentes estadounidenses, parte de la premisa de que García Luna sí estaba involucrado con narcotraficantes –omitiendo la presunción de inocencia–, y que si resultara culpable o inocente generaría un conflicto, en la primera hipótesis, porque las críticas serían por qué, durante décadas, los servicios de inteligencia y policiales de ese país no detectaron sus actividades ilegales, y en la segunda, por la acusación sobre la incapacidad de la fiscalía para recopilar evidencias sólidas contra altos funcionarios mexicanos.
Ambas vertientes del mismo caso tienen asidera en las altas expectativas sobre el caso de la fiscalía, alimentadas en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sentenció sumariamente a García Luna muchos meses antes de iniciar el juicio. El problema del Presidente, porque cualquiera que sea el veredicto le afectará, es que él quedará también en medio de la tormenta que se desate. Cuando el Times habló del caso de García Luna, recordó también el del general Salvador Cienfuegos, acusado por la fiscalía de cohecho y narcotráfico, y que semanas después, “luego de una intensa presión del gobierno mexicano, los fiscales retiraron los cargos y fue liberado”.
La fiscalía de Estados Unidos, sin saberse si esa era su intención original o ha sido una consecuencia de su interés por encarcelar a García Luna, construyó en dos semanas de juicio esa concepción, sin importar el daño infligido a México como país. El colofón fue el testimonio de Zambada, que en el juicio a Guzmán se negó a ratificar la afirmación hecha ante un gran jurado en Brooklyn de haber entregado 5 millones de dólares a García Luna porque, dijo en ese entonces su abogado, ante el riesgo de no poder respaldarla con pruebas y perder su calidad de testigo protegido. En ese entonces, un despacho de la agencia Reuters ofreció más detalles:
“Un testigo en el juicio… testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente a la llamada, ni al mensaje de texto en busca de comentario… Zambada dijo que pagó ‘unos cuantos millones’ de dólares a un funcionario de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública”.
Dentro de aquel juicio, otro testigo de la fiscalía, el narcotraficante Alex Cifuentes –que también testificó contra García Luna–, afirmó que había pagado un soborno de 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto en 2012, que, al final, por cabildeo de la Presidencia, se excluyó su nombre de las transcripciones de los testimonios. Varios nombres salieron a relucir en los testimonios de los narcotraficantes, como el del expresidente Felipe Calderón, gobernadores, políticos, militares y policías.
Al arrancar el juicio del Chapo Guzmán, en la misma corte donde está García Luna sentado en el banquillo de los acusados, Jeffrey Lichtman, el abogado del narcotraficante, reconoció que su cliente sí era un delincuente, pero bajo las órdenes de Ismael el Mayo Zambada, hermano del Rey, que había sobornado a dos presidentes, a jefes militares y policiales. Los testimonios en Brooklyn pintaron una fuerte corrupción en varios gobiernos mexicanos, pero no alcanzaron a establecerlo como un fenómeno sistémico. Lichtman quiso pintar una realidad mexicana que pondría, aseguró, “los pelos de punta”, pero no pudo hacerlo.
En el juicio de García Luna, la fiscalía sí ha logrado establecer un patrón sistémico de corrupción del gobierno con narcotraficantes. Una vez más, para los efectos del caso y la persuasión al jurado, lo más importante es la narrativa, que, por lo pronto, ha ido convenciendo a periodistas y observadores de la culpabilidad del exsecretario. El mensaje que se transmite afecta a García Luna en su imagen y en su legado, que parece irreparable aun si el veredicto fuera de inocente.
La fiscalía presentó a criminales, testigos cooperantes o testigos protegidos, y cerrará sus acusaciones con el testimonio del Rey Zambada. El prestigio de García Luna no es lo único que quedará en ruinas. Es a un país entero al que los fiscales están destruyendo en Brooklyn.
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