A días de que el Comité de Ética de la UNAM dé a conocer su dictamen sobre quién plagio a quién la tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel cometió un error político al ampararse para impedir que la Universidad hablara públicamente del proceso. Esto, aunque sus voceros oficiosos traten de matizarlo, es un acto de censura que al mismo tiempo actúa como búmeran, porque la hace ver como culpable del delito. Esquivel quisiera que nadie hablara de este caso porque afecta su reputación, pero, con lo que hizo, ella mismo le dio el tiro de gracia a su honra.
Desde que el académico y escritor Guillermo Sheridan reveló en diciembre que Esquivel había plagiado la tesis de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, la opinión pública y la publicada no dudaron en ningún momento de su culpabilidad. No era un caso juzgado, ni tampoco claro, pero ella no supo hacer un control de daños. Incluso, las inconsistencias y mentiras en las que incurrió Báez Gutiérrez –como el que nadie había hablado con él y que, en efecto, había tomado algunas ideas del trabajo de la ministra para su tesis, que presentó un año antes que la ministra– no fueron suficientes para cambiar la percepción.
Buscar un amparo para que la UNAM calle sobre el caso, en manos del Comité de Ética, sólo amplió la idea negativa sobre ella, al hacerla parecer como culpable. La ministra lo niega. Se amparó, afirma, porque la actuación del Comité de Ética es ilegal y arbitraria, resolución que este miércoles se determinará si es definitiva. Se dice inocente de la acusación de plagio, pero fue criticada por no actuar con ética institucional y retirarse de la Suprema Corte de Justicia mientras se deslindaban responsabilidades. No pidió licencia, sostiene, porque que nunca ha cometido una conducta irregular o una falta de ética.
Entre más trata de salir del pantano, la percepción es que más se hunde. No han ayudado tampoco las ambigüedades del presidente Andrés Manuel López Obrador, producto de las contradicciones entre su manejo público y privado, y la creencia de que los señalamientos a Esquivel son ataques contra él. Empero, desde diciembre López Obrador consultó a varios miembros de la Suprema Corte para analizar posibles vías para que Esquivel fuera hecha de lado, lo cual no era posible porque no existe ninguna disposición prevista para este tipo de irregularidad. Mientras eso sucedía, el Presidente la defendía en público y criticaba a la UNAM.
Las auscultaciones sobre cómo deshacerse de la ministra, que se estaba convirtiendo en un problema para el Presidente, continuaron. Hasta principios de febrero, cuando menos, seguía analizando escenarios que le propusieron para ofrecerle un cargo en la administración pública, a fin de que dejara la Suprema Corte. No se tomó la decisión, pero el Presidente, mientras todo esto pasaba, se refería a ella y a la ministra Loretta Ortiz –las dos son esposas de viejos colaboradores y amigos de él–, aunque no las mencionaba por nombre, que él había propuesto a la Corte, como ministras leales a su proyecto. Es decir, que votaban a favor de los intereses de López Obrador.
En el futuro de Esquivel, por los comunicados previos de diversas instancias universitarias, parece estar el retiro de su título de licenciatura. El criterio que ha prevalecido es que, al haber entregado Báez Gutiérrez primero su tesis, la ministra fue quien plagió. Con toda la información que se le hizo llegar al Comité de Ética de las partes involucradas, pudiera matizarse o cambiar incluso el rumbo de la decisión. Pero, más allá de cuál pudiera ser la resolución, la percepción no cambiará, porque la ministra tampoco hizo nada por enfrentar la acusación con valor, no con arrebatos, con inteligencia racional, no con inteligencia emocional, y sin crear enemigos externos para buscar consenso interno.
La ministra tenía apoyos dentro de la UNAM, donde se pensó incluso que un dictamen negativo, en aras de un equilibrio, podría ir acompañado de una revisión crítica del trabajo académico de Sheridan, a quien trataron de ensuciar artera e injustamente gatilleros que responden al vocero presidencial, describiéndolo como un aviador por haber cobrado largas temporadas mientras estaba en sabáticos o realizando investigaciones fuera de la UNAM –todas autorizadas por la Universidad, que también produjeron obra académica–, usando material que olía al Centro Nacional de Inteligencia.
La actitud de la ministra no contribuyó para que actuaran eficientemente los contrapesos, y su férrea negativa a solicitar licencia le fue restando credibilidad y respeto. Esquivel nunca aceptó ese señalamiento y siempre rechazó esa posibilidad porque “no tenía nada de qué avergonzarse”. Uno de sus argumentos era que prácticamente todos sus pares en la Suprema Corte le habían expresado respaldo. No era tal. El equipo de la presidenta del tribunal, Norma Lucía Piña, estuvo evaluando opciones para solicitarle la renuncia por el costo que estaba generándole al Poder Judicial, pero legalmente no existe ninguna provisión legal. Varios de sus pares comentaron que su presencia era muy incómoda para todos.
El viernes pasado la Suprema Corte inició consultas internas para determinar si cuenta con las facultades para iniciar un procedimiento de responsabilidades contra ella, lo que parecía adelantarse al dictamen de la UNAM, pero en respuesta a las diversas denuncias ciudadanas en su contra, alegando que no tiene la buena reputación que la Constitución exige a quien ocupe el cargo. Esta consulta caerá en la subjetividad, a menos de que se determinen los parámetros para medir la reputación. Lo que sería una salida automática de la Corte es si le cancelaran el título, que es una exigencia para que sea ministra.
El daño reputacional, que era lo que ella quería combatir, está hecho y se puede alegar que será irreversible, cualquiera que sea la decisión final de la UNAM. Su ética institucional es inexistente y con el paso de las semanas se ha ido pudriendo como servidora pública, pasando de ser activo para Palacio Nacional y para la Corte, a lastre.
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