Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó la reacción en los medios sobre el veredicto de culpabilidad del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, y que no hubiera una condena automática del expresidente Felipe Calderón. Su ideal, aparentemente, habría sido una posición como la de La Jornada, donde trabajan sus asesores políticos y amanuenses, que publicó en su portada un cartón donde estaba Calderón con un grillete en el pie que conectaba con la cabeza de García Luna. Objetivamente hablando, el deseo presidencial no era posible.
Testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la Corte, que inventaron reuniones donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de su culpabilidad. ¿Es cierto que recibió sobornos del Cártel del Pacífico/Sinaloa? Realmente no se sabe porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al Cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia.
Al contrario. Los resultados entre 2000 y 2010, en los gobiernos de Calderón, como secretario de Seguridad, y Vicente Fox, como jefe de la Agencia Federal de Investigación, muestran que capturó a 410 miembros del Cártel del Pacífico, que incluía a los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Milenio y de los Beltrán Leyva, incluidos altos mandos de esas organizaciones y operadores financieros. Lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa.
Lo que se podía documentar no fue puesto a consideración del jurado en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, porque la estrategia de la defensa fue atacar la credibilidad de los criminales que declararon contra García Luna, no demostrar –porque no le correspondía– su inocencia. Los datos, sin embargo, si López Obrador fuera menos vitriólico y más cuidadoso de sus palabras y sus deseos, deberían ayudar al Presidente a enfocar mejor su ataque contra Calderón utilizando de pretexto a García Luna, porque quizá los deseos que verbaliza se cumplan, en contra suya.
En México no hay, hasta la fecha, una acusación en contra de García Luna por alguno de los delitos de los que lo acusaron en Estados Unidos. Incluso, no había ninguna causa penal en su contra hasta casi tres años después de que lo detuvieran en Dallas, cuando la Fiscalía General lo acusó de enriquecimiento ilícito y por la introducción de armas dentro de la operación Rápido y Furioso. En el primer caso es un delito administrativo, que es lo que denunció Santiago Nieto, como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un tribunal en Florida; el segundo no procede, porque el gobierno mexicano nunca fue enterado de los detalles de esa operación, y la comunicación no era con la Secretaría de Seguridad, sino con la Procuraduría General de la República.
López Obrador sugirió ayer que “por el bien de México”, esperaba que García Luna pudiera ser testigo y que informara si recibía órdenes o informaba a Fox y Calderón de lo que hacía. “Es probable que sí puede contribuir, entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y, sobre todo, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, independientemente de que le aminoren los años en prisión”, agregó.
El Presidente asume que el veredicto de culpable lo convierte en un colaborador del narcotráfico. Ciertamente ha sido una pieza central de su narrativa sobre la corrupción del pasado durante casi tres años, pero su gobierno no lo ha acusado de vínculos con el crimen organizado, lo que es una contradicción entre la palabra y los hechos. Puede incitar a García Luna a que se asuma como testigo, pero es improbable que suceda, porque sería equivalente a reconocer que todo de lo que lo acusaron los criminales del Cártel del Pacífico/Sinaloa, era verdad. Animarlo a que declare lo que sabe es una provocación que podría, en el lejano caso –en estos momentos– de que sucediera para aminorar la sentencia, ser contraproducente.
Si no se declaró culpable y mantiene su inocencia, no es concebible que, como pretende López Obrador, acuse a Calderón o a Fox de vínculos con el narcotráfico. Lo que, hipotéticamente hablando, podría conjeturarse es que sí podría aportar información sobre quiénes, en esos gobiernos, pudieron tener vínculos con el narcotráfico, entre los que se encuentran miembros de su gabinete, generales y gobernadores cercanos a él. Declaraciones ministeriales de criminales que fueron testigos contra García Luna, incluso señalan a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y a dos periodistas relacionados con Palacio Nacional de estar en sus nóminas.
García Luna probablemente tiene pruebas de esas relaciones, como también de otros casos que lastimaron los esfuerzos para el combate contra las drogas. Uno, sobre los entretelones de cómo pudo haber sido asesinado en los locutorios de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, Arturo Guzmán Loera, el Pollo, que sustituyó y asumió la operación del Cártel de Sinaloa cuando fue detenido su hermano Joaquín, el Chapo, poco después de haber aceptado ser testigo protegido de la DEA.
Otro caso podrían ser los detalles de cómo reclutaron los hermanos Beltrán Leyva a un funcionario en la oficina particular del entonces presidente Fox, que les proporcionaba su agenda diaria. Dos más, quiénes dieron los pitazos desde la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que impidieron la captura del Chapo Guzmán en la sierra de Durango y en Baja California Sur.
Información en poder de García Luna, como piensa el presidente López Obrador, sí existe. Lo que no ha problematizado es contra quiénes podría aportar lo que sabe y conoce, aun sin pruebas que lo soporten, porque como experimentó en carne propia, a los fiscales estadounidenses no les importan las evidencias, sino meter a la cárcel a quien le pusieron el ojo, para lo que sólo necesitan una buena historia oral que convenza a los jurados.
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