Cuando se dice que el pecho no es bodega entendemos que una persona puede ser muy franca o, de plano, impertinente. Pero cuando esa persona es el presidente de la República, lo que salga de su pecho tiene connotaciones políticas que pueden meter en problemas a un gobierno o revelar cosas que se manejan, por definición, con secrecía. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta mezclar su papel de jefe de Estado con el actuar de un ciudadano ordinario, aunque cada vez que nos receta la frase “mi pecho no es bodega” está acompañada de un fin político. Pero a veces, su incontinencia verbal lo lleva a darse un tiro en el pie y al corazón de sus colaboradores, como sucedió ayer.
Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, uno de los tres medios que junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Social Tic ha participado en una investigación permanente sobre el espionaje del Ejército, regresó el tema a la mañanera de este jueves y preguntó al Presidente, para abrir boca, si conocía de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), adscrito a la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pertenece a la Sección Segunda del Estado Mayor, Inteligencia Militar, en cuyo organigrama no aparece el CMI. Ahí comenzaron los problemas para el Presidente y para su gobierno, porque en lugar de haber hablado de que era un tema de seguridad nacional y pagar costos por su silencio, comenzó a hablar y trastabillar.
Confundió la pregunta o quiso evadirla, e incluso no pudo llamar al Centro Nacional de Inteligencia (el CNI) por su nombre correcto. Y cuando Tourliere le dijo que no le preguntaba sobre esa institución civil que sustituyó al Cisen, sino sobre el CMI, el Presidente respondió que el CNI es el que tiene facultades legales para hacer ese trabajo y que comparte su información, porque “es la institución que legalmente puede llevar a cabo, con autorización judicial, estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia”.
Si se interpretara al pie de la letra lo que dijo el Presidente, sería una negación de la existencia de las áreas de inteligencia que tienen el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, que también gozan de facultades legales, y al mismo tiempo que quienes realizaran esas funciones, salvo el CNI, lo estarían haciendo fuera de la ley. Sus confusiones no sólo son conceptuales, sino incluso derivadas del desconocimiento de cómo funciona su propio gobierno. Pero esto fue lo de menos.
La revelación publicada por esas organizaciones se fundamentó en los correos electrónicos hackeados por el grupo que se identifica como Guacamaya, que mostraron que el Ejército utilizó una estructura de inteligencia secreta (el CMI) para espiar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, para acceder e interferir en las investigaciones sobre las recientes ejecuciones militares en esa ciudad tamaulipeca. El Presidente no lo negó, como tampoco negó en ningún momento la existencia del CMI, y confesó que Ramos se había comunicado a un teléfono de un presunto narcotraficante, cuya línea estaba intervenida, al ser sujeto de una investigación. “Esa es la información que a mí me han entregado”, remató. “Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia”.
En los correos hackeados se cuenta una historia diferente. Un documento interno del CMI que reprodujeron las organizaciones y los medios muestra que Ramos no estaba conversando con ningún presunto narcotraficante, sino que fue grabado de manera ilegal al hablar con una reportera de Televisa y dos reporteros más de El Universal y El País sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Ese documento también buscó vincular a Ramos, sin aportar evidencias, con el Cártel del Noreste. El equipo de intervención telefónica, como documentó el mismo grupo desde octubre del año pasado con la colaboración del Citizens Lab de la Universidad de Toronto, utiliza un malware –un programa espía– de fabricación israelita llamado Pegasus.
Tourliere, sin agredir ni transgredir, insistió al Presidente en precisiones y clarificaciones, que buscó evadir con su famosa frase “yo tengo otros datos”. Si esto fuera cierto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lo estaría engañando y desinformando. Sin embargo, lo que ha trascendido es que el general mantiene perfectamente informado al Presidente.
El reportero insistió: “¿Usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus?”. El Presidente replicó: “No opera Pegasus. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México, no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”. ¿Qué reveló López Obrador? Su ignorancia, pues Pegasus no es una marca ni un sistema, sino un programa cibernético. Después, un secreto: el gobierno tiene otros sistemas que hacen el mismo trabajo de Pegasus, como el Rafael, un sistema que tiene un software más poderoso que el primero, también de manufactura israelita, del que poco se sabe.
El Presidente estaba incontenible sin darse cuenta. En la búsqueda por salir del paso, dijo que ayer mismo se informaría sobre “cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado”, que es donde identificó la mayor parte del trabajo que realiza su gobierno. Si esto llegara a suceder, sería una traición al Estado mexicano, porque estaría regalando información estratégica y secreta al crimen organizado, en detrimento de la seguridad nacional. No sucederá. Su gobierno no va a dar esa información, como tampoco puede reconocer otra más, que el Ejército y el CMI sí espían, a activistas, políticos y periodistas de manera ilegal en una clara función de espionaje que, por lo que ha trascendido, es mayor que en anteriores gobiernos.