Una bomba sacudió el martes por la noche a la opinión pública. La Fiscalía General de la República informó que había abierto una investigación en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por una presunta conducta delictiva al incumplir con sus obligaciones de protección y seguridad de las personas y los centros provisionales migratorios a su cargo. Pareció un acto de justicia tras la tragedia en Ciudad Juárez, pero no lo es. Fue una acción política y mediática más que una de justicia, y una invitación indirecta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su viejo amigo Garduño para que renuncie, con la certeza de que está blindado y nunca terminará en la cárcel.
Es una nueva farsa del gobierno. López Obrador, el político, se sacude la tragedia donde murieron 40 inmigrantes en una cárcel migratoria, enviando la papa caliente al fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero López Obrador, el presidente, ratifica que el Estado de derecho no le importa. El crimen de Estado, que es lo que sucedió en Ciudad Juárez, quedará acotado políticamente y ya sabemos en qué terminará.
Si Garduño no entiende la señal que le están mandando y no renuncia, será responsabilizado de omisión, un cargo no grave que no amerita cárcel, aunque la misma acusación fue formulada contra Rosario Robles –conductas ilegales y omisas–, por lo que la exsecretaria de Estado pasó tres años en la cárcel por la llamada ‘estafa maestra’.
Si renuncia, lo acusarán de cualquier forma de omisión por el delito de ejercicio indebido de funciones, como a Robles, y podría ganar el sobreseimiento o cancelación de la causa penal, que equivale a una sentencia absolutoria, también como ella, por violaciones al debido proceso, con el escudo protector del Presidente, que, ayer mismo, volvió a dar la cara por Garduño, de quien dijo “es bueno en su trabajo, en general siempre ha tenido un buen desempeño”. Tanto cree eso de su amigo “de muchos años”, que ha salido impune de todos los escándalos provocados de violencia, corrupción y maltrato a inmigrantes, pese a cargar con más de 40 muertos y decenas de inmigrantes heridos en los centros de detención bajo su responsabilidad.
El comunicado de la Fiscalía General, donde informa el inicio de la investigación en su contra, es una burla del gobierno a los mexicanos, al mostrar cómo, a lo largo del sexenio, se ha utilizado un doble rasero en la ley y se han violentado los procesos. En la investigación de antecedentes, apuntó, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio, en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, donde murió una persona y 14 resultaron lesionados, que generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que indica un “patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
En aquel trágico incidente, la Fiscalía General de Tabasco fue la que investigó, y la Fiscalía General no intervino, pese a ser un asunto del fuero federal, ni abrió actuaciones judiciales. A Garduño ni lo tocaron. ¿Por qué ahora sí y entonces no? ¿Por qué, si antes fue no, ahora se utiliza como antecedente para fortalecer la imputación a Garduño? Porque en aquel momento el contexto político era diferente. López Obrador vivía los momentos de mayor fuerza de su sexenio, y hoy va en declive con un proceso de sucesión presidencial en marcha. Ayer, la tragedia le hizo lo que el viento a Juárez, como dice, pero hoy le ha costado en la opinión pública. Hace tres años tenía un aura internacional que lo protegía, y ahora recibió reclamos fuertes de gobiernos como el salvadoreño, que no sólo le exigió investigar lo que sucedió en Juárez, sino pedir la renuncia a los responsables.
Garduño ignoró la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no le pasó nada. Tampoco hubo consecuencias tras los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años, mencionados en el comunicado de la Fiscalía General, que “vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo, e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior, no presentó denuncias penales contra Garduño, según funcionarios federales, lo que, de ser cierto, representaría una omisión en sus funciones. Si las presentó, como lo ha hecho en otros casos y no se atendieron, la responsabilidad recaería en la Fiscalía General. Por lo pronto, lo que se tiene es una especie de complicidad en el caso de Garduño y el INM, para cuidar el garrote del presidente López Obrador que ha utilizado para apoyar a la política migratoria discriminatoria e indignante del gobierno de Estados Unidos.
Los desaseos que se ven al deconstruir el comunicado de la Fiscalía General, incluyen una extraña –e ilegal– usurpación de tareas de la Secretaría de la Función Pública, al investigar las adjudicaciones directas que dio el INM a una empresa de seguridad privada para atender y cuidar los centros migratorios. Esta es una tarea que no correspondía, en primera instancia, a la Fiscalía General, sino a la Función Pública, que debió de haber investigado los contratos y sancionado administrativamente en su defecto, para después proceder a una denuncia penal en la que ya intervendría Gertz Manero. Hasta ahora, se desconoce si esto existió en algún momento, quedando, por lo pronto, la ausencia del secretario Roberto Salcedo, y la arrogación de sus responsabilidades por parte del fiscal.
Ciudad Juárez galvanizó en la opinión pública el desastre de la política migratoria de López Obrador y las miserias de un gobierno que hoy quiere salvar a la política y a los amigos, sacrificando a la justicia. ¿Alguien se sorprende? No habría por qué. Es consistente con lo vivido desde 2018.