En la Corte Federal de Brooklyn están pasando cosas importantes relacionadas con Genaro García Luna. Por un lado, la información documentada que está recibiendo la defensa para probar la inocencia de su cliente y el perjurio de varios de los testigos, motivo por lo cual se pospuso la sentencia hasta septiembre, y por el otro, los casos en los que la fiscalía de Nueva York está interesada en la cooperación de García Luna para que aporte su información sobre las redes de protección institucional a los cárteles de las drogas, que, de darse, por lo que ha trascendido, sería demoledor para funcionarios de cinco gobiernos.
De acuerdo con la información, es una decena de casos en los cuales se han enfocado los fiscales, y que ven en García Luna una oportunidad para que les aporte pruebas que les permitan construir casos contra funcionarios de alto nivel en los gobiernos de Miguel de la Madrid, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, por su relación directa o indirecta con los cárteles de Guadalajara, Pacífico/Sinaloa y de los Beltrán Leyva. Además, hay dos gobernadores en funciones que son de interés para los fiscales neoyorquinos por la presunta protección que dieron a los Beltrán Leyva.
Hay casos que son muy conocidos, casi obvios, como el del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, por lo que se acusó y sentenció a Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca. En lo que han mostrado interés en Nueva York es en el papel que jugaron dos funcionarios del actual gobierno en aquel crimen en 1985, y de colaboradores de Peña Nieto, por la aparente desatención de la Procuraduría General de Justicia que permitió salir libre a Caro Quintero en 2013, que fue recapturado en julio de 2022. Al menos uno de los funcionarios que mantuvo una relación estrecha con personas que tuvieron acceso al narcotraficante cuando huía de la justicia ocupaba un alto cargo en Los Pinos.
Las dos fugas de Joaquín el Chapo Guzmán, en 2001 y 2014, también son del interés de los fiscales, enfocados en varios de los altos funcionarios responsables de la seguridad pública, del Cisen y de la Secretaría de Gobernación. La primera fuga fue investigada por la Agencia Federal de Investigaciones, que encabezaba en ese entonces García Luna, que encontró que altos funcionarios insistieron al presidente Fox que no lo persiguiera para recapturarlo, a fin de evitar que se diera más violencia en el país.
En la segunda fuga, el primer énfasis está en la forma como se fueron desmontando los sistemas de seguridad en el penal del Altiplano y se le permitió al Chapo Guzmán tener privilegios, como un IPad que tenía un geolocalizador, que fue fundamental para que sus cómplices supieran con exactitud su posición dentro de la cárcel y pudieran cavar un túnel hasta su baño, que no fue detectado porque antes de iniciarse la excavación, se ordenó al Ejército retirar la vigilancia en el área perimetral en El Altiplano. En esta segunda fuga son personas de interés el expresidente Peña Nieto y varios miembros del gabinete de seguridad.
Casos poco conocidos en la opinión pública también son fundamentales para los propósitos que se buscan en Nueva York. Uno es la captura y asesinato del hermano del Chapo, Arturo Guzmán Loera, que lo había sustituido como jefe del Cártel de Sinaloa, en diciembre de 2004. El Pollo, como lo apodaban, se encontraba bajo custodia federal en espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde había aceptado ser testigo protegido de la DEA, que participó en su captura en 2001, cuando fue asesinado a balazos en la zona de locutorios en El Altiplano, mientras conversaba con su abogado. Por eso, un exsecretario de Seguridad Pública y dos exprocuradores generales son de interés para los fiscales. El otro está relacionado con la captura y protección de la segunda esposa del Chapo, Griselda López Pérez, madre de Ovidio López, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero fue liberada al día siguiente por instrucciones de altos funcionarios del gobierno de Fox.
En la larga historia de protección a los Beltrán Leyva, antes que rompiera con La Federación, la organización paraguas de todos los cárteles en México, salvo el de Tijuana, del Golfo y Los Zetas, existe interés en altos funcionarios en el gobierno de Fox, donde están un exprocurador general, un exsecretario de Gobernación, un político panista que ha ocupado varios puestos en la administración de López Obrador, los dos gobernadores en funciones, además de un exgobernador y dos altos exfuncionarios mexiquenses.
Hay otros casos, como los que tienen que ver con el polémico michoacanazo, cuando fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejército 11 alcaldes, 16 funcionarios del gobierno estatal y un juez, y la ejecución de 13 policías federales en la región de la Tierra Caliente, ambos en 2009, donde hay interés por conocer la participación de dos altos funcionarios del gobierno de Calderón, un exgobernador y varios políticos, uno de los cuales es hoy alto funcionario en el gobierno de López Obrador.
El interés que existe en Nueva York sobre García Luna es porque, o fue protagonista en algunos de los episodios donde quieren saber la profundidad de la protección o participación institucional, o porque fue parte de los equipos que investigaron algunos de los casos. No ha habido, por lo que se conoce hasta ahora, una propuesta formal de la Fiscalía de Nueva York a García Luna para llegar a un acuerdo que les permita tener acceso a toda su información.
La estrategia de la defensa parece ser agotar los recursos judiciales que tiene, las mociones –donde podría pedir un nuevo juicio por las nuevas pruebas recibidas– y una apelación a la sentencia, que fue aplazada tres meses por el juez Brian Cogan, de junio al 27 de septiembre próximo. Pero ya está sobre la mesa lo que buscan los fiscales, que verá García Luna, más adelante, si ese es el camino que desea seguir.