Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó hacerle el trabajo sucio migratorio a Estados Unidos a costa de los mexicanos. Una vez más, quería hacerlo a espaldas del pueblo mexicano, pero no pudo lograrlo porque, lo que aquí quería dejar en lo oscurito, lo hicieron público en Washington. Ayer en la mañanera trató de darle el spin de soberanía a lo que acordó hacer a partir de este viernes, cuando entre en vigor el Título 8, un infame decreto del presidente Joe Biden contra los migrantes, y reconoció que enviaría a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, haciendo nuevamente las veces de buffer state.
“No lo acordamos”, atajó López Obrador para apuntalar la idea de una toma de decisión autónoma. “Nosotros tomamos la decisión… ayudar en todo para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera”. Las palabras ni son ciertas, ni son suyas. “Caos” la usó Biden la víspera para describir cómo serían los primeros días de la cancelación del Título 42, la política del expresidente Donald Trump para impedir la entrada de migrantes con el pretexto del covid-19, y la entrada en vigor del Título 8, que significa deportaciones y penas criminales a indocumentados.
Ciertamente no acordó con Biden la decisión de enviar a la Guardia Nacional al Suchiate durante su conversación esta semana. El resumen que hizo la Casa Blanca sobre los temas tratados señala que “hacia el final (de la conversación) discutieron sobre una coordinación estrecha y continua entre las autoridades fronterizas y fuertes medidas de fortalecimiento policial, en preparación” de la entrada en vigor del Título 8. No entraron en detalles y amarraron compromisos porque habían sido acordados una semana antes con una funcionaria de cuarto nivel dentro de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, la responsable de seguridad territorial en el Consejo Nacional de Seguridad.
En un briefing con cinco funcionarios de los departamentos de Estado y de Seguridad Territorial en la Cancillería estadounidense el miércoles, uno de los diplomáticos que hablaron en una teleconferencia con periodistas dijo que los dos presidentes habían hablado sobre los compromisos que había hecho López Obrador con Sherwood-Randall, que incluye la aceptación de renovar la iniciativa que le presentó Biden en enero, para que recibiera 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al mes.
Pero lo que no ha dicho López Obrador, y menos aún explicado, es lo que esto significa. El compromiso de enero se enmarcaba en el Título 42, donde Estados Unidos impedía la entrada de nacionales de esos cuatro países, y dentro de lo establecido en el programa Permanecer en México esperaban en territorio mexicano a que se tramitara su ingreso documentado a esa nación. Lo que aceptó López Obrador es continuarlo bajo el Título 8, que parece similar al anterior, pero es completamente distinto.
El Título 8 no pone en espera a los migrantes, como el Título 42, sino que los deporta y les abre una ficha que les impide volver a solicitar asilo a Estados Unidos en cinco años, y que, si reinciden, se les procesará criminalmente. Además, a espaldas de los mexicanos, sienta un precedente, al ser la primera vez en la historia de México que se acepta deportados de nacionalidades que no son mexicanas.
López Obrador siguió rompiendo hitos. Sucumbió a las presiones de Trump en 2018 y por primera vez puso el territorio mexicano para que fuera aquí, no en las estaciones migratorias en Estados Unidos, donde esperaran los migrantes la conclusión de sus trámites de asilo. A diferencia de Turquía, que suscribió un acuerdo distinto, el de tercer país seguro, que para efectos prácticos era lo mismo, México no recibió fondos del gobierno estadounidense para apoyar su esfuerzo.
El canciller Marcelo Ebrard presumió varias veces la diferencia de acuerdos, pero fue retórica barata. Le salió gratis a Trump, y más adelante a Biden, que continuó con esa política, a costa de México, que modificó sus políticas migratorias y de asilo para apoyarlos en un tema muy sensible en Estados Unidos y altamente electoral.
Bajo el Título 42 envió 27 mil guardias nacionales a la frontera con Guatemala, materializando el viejo sueño de Washington de que la primera línea de policías que buscaran frenar la migración, fuera en el Suchiate, no en el río Bravo. La receta se la volvieron a aplicar a López Obrador, aunque no ha querido decir cuántos guardias nacionales desplazará ahora a la frontera con Guatemala.
Esta decisión entra en el contexto de otro punto que conversó con Biden en torno a “la urgencia de reducir eficazmente el amontonamiento de gente en la frontera norte de México”. No quería Biden que hubiera paso libre de migrantes con México –como lo hubo hasta abril– y que se apilaran en la frontera sur de Estados Unidos, generando probables situaciones de “caos”, como dijo. Mejor, quedó implícito, que el caos y la anarquía se dé en México.
Los acuerdos de López Obrador con la Casa Blanca no benefician a los mexicanos ni al país, convertido por él en un renovado patio trasero de Estados Unidos. El Presidente no fue engañado por Washington, y desde enero está escuchando las preocupaciones y prisas de Biden por resolver una promesa de campaña –acabar con el Título 42–, pero disfrazar un endurecimiento de la política migratoria –el Título 8–, que también tiene objetivos electorales. Lo que no hizo López Obrador, que sí están haciendo en la frontera sur de Estados Unidos a nivel local, estatal y federal, fue prepararse para estos días de ajuste y tensión. Del lado mexicano, cada ciudad y cada estado enfrentará los eventuales problemas de arribos masivos y tensión, sin la ayuda del gobierno federal.
A López Obrador no le importa lo que suceda con la migración. Tampoco le preocupa impedir un conflicto social en las ciudades donde más se amasen los migrantes. Le interesa quedar bien con Biden y que haya reciprocidad. Un trueque político que haga buena su frase de “amor con amor se paga”.