El subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, afirmó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, es una de las jueces cuyos criterios “parciales” han favorecido a delincuentes. Así, con ligereza, enumeró a varias juezas y jueces que aseguró hicieron lo mismo en el pasado. La denuncia se inscribe en el contexto de la guerra que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, y en especial contra la ministra Piña, pero se realizó en un mal día, porque el Presidente se pronunció a favor de un acuerdo con los cárteles de la droga para que se reduzca la violencia, con lo que el señalamiento de “favorecer” a criminales parece caer en la cancha del gobierno.
La candidez del Presidente, o el cinismo, se combina con la forma de sus ideas, que no es la más clara y consistente que se podría esperar de alguien que tiene su investidura. Aunque es muy pausado en sus respuestas, no logra la abstracción necesaria para sintetizar y exponer sin dar vueltas retóricas, donde a veces se pierde –y regresa al ataque de sus villanos favoritos–, y en otras se mete en problemas innecesarios. Ayer fue uno de esos días, al mezclar la demagogia con su proclividad a tratar con deferencias a narcotraficantes.
Cuando una periodista le preguntó sobre la propuesta de la madre buscadora Delia Quiroga, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo de Sonora, que hace unos días lanzó un llamado a nueve cárteles de drogas para alcanzar un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de las personas, el Presidente, cuya inconsistencia verbal es antológica, contestó: “Yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”.
La mira del Presidente, lamentablemente, está extraviada. Su forma de razonar, igual. Su desinformación es notable. El colectivo había difundido un comunicado dirigido a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de Juárez, del Golfo, del Noroeste, Los Salazar, de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Vieja Escuela, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, donde les pidieron acabar con las desapariciones. “Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen, vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada, por lo que necesitamos su ayuda y colaboración”, dijo Quiroga, quien encabeza el colectivo. “Nuestras autoridades se han empecinado en actuar de forma omisa y negligente. Ustedes pueden contribuir a que pare la violencia”.
López Obrador, en su extraordinaria declaración desapegada de la realidad por su carácter de jefe del Estado mexicano, subrayó: “Que no actúen las organizaciones (con violencia), ¡claro que sí! Sí. Ese es el exhorto, que no actúen de manera violenta… Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia yo lo apruebo, y eso no tiene que ser sólo por demanda de la autoridad. Es por los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad”.
Lo que estas palabras significan es la claudicación de su gobierno a sus responsabilidades constitucionales y entregarle el poder de frenar la violencia a los criminales. Dicho de otra forma, es la subordinación plena del Presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a los deseos y humores de los cárteles de las drogas. Que ellos, no él, sean responsables de sus actos, es otra de sus inverosímiles afirmaciones, que sólo reflejan su profunda ignorancia o tolerancia criminal, y lo que el negocio de las drogas significa.
Previo a este llamado del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, otra organización, la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, había hecho un llamado a los jefes de los cárteles de Sinaloa y su facción Los Salazar, así como a sus adversarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, para que liberaran –quien la tuviera– a una de sus integrantes, Yesenia Guadalupe Durazo Cota, que llevaba cinco días desaparecida.
“Acudimos a ustedes porque en nuestras búsquedas nos hemos dado cuenta, sin querer, que quienes tienen el verdadero control y poder sobre los distintos territorios de México son ustedes”, apuntaron. “Hagan a un lado sus diferencias por un momento y ayuden a que entreguen a la compañera con vida. Demuestren a la sociedad que ustedes pueden sentir amor y compasión por los demás”. Uno de los cárteles la liberó con vida.
López Obrador ha entregado el país –por omisión y comisión– a los cárteles, cedido territorio y acumulado asesinatos y desapariciones como nunca ningún otro presidente en tiempos de paz los tuvo. Dice, sin embargo, que todo marcha mejor que antes. Quizás espere que las cosas terminen mejor de como van, pero a decir de sus propias palabras, pretende ser convocado a la mesa por personas como Ismael Zambada y Nemesio Oseguera, para que firme un pacto social contra la violencia, con lo cual quedaría sellada por él la derrota ante los cárteles, que hoy es humillante para él, aunque no lo perciba de esa manera, y preocupante para el resto de los mexicanos.