La oposición y una parte de la sociedad civil iniciaron formalmente el desafío al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar un método para seleccionar candidato de oposición totalmente opuesto al que él diseñó para escoger a quien competirá en las elecciones presidenciales del próximo año para buscar la continuidad de su proyecto de nación. Al crear el Frente Cívico Nacional, anunciaron también los lineamientos generales que mediante una fórmula híbrida y multifactorial encontrarán a la persona que más quisiera la gente que enfrente a quien López Obrador decida como sucesora o improbable sucesor.
El frente anunció un proceso dividido en tres etapas de donde resultará quien se quede con la candidatura el 3 de septiembre, tres días antes que Morena dé a conocer quién se queda con la suya, que identifica la nominación no como candidatura, sino como coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que es una trampita burda, porque nadie les cree, para darle la vuelta a la ley electoral. El método, cuyas líneas generales anticiparon a la prensa el sábado pasado, fue anticlimático, y la falta de detalles y un calendario específico no permiten ver un horizonte con el éxito que añora la sociedad civil en la contienda interna.
La primera etapa, como lo informaron, abre el registro de aspirantes el 4 de julio, pero deberá ser respaldado por militantes, simpatizantes y ciudadanos a través de una plataforma. ¿Qué tipo de plataforma es de la que hablan? ¿El respaldo debe ser por las tres categorías incluidas o basta una sola? Si, como aseguraron en el anuncio, anima a que los ciudadanos participen, ¿no existe la posibilidad de que las reglas mismas los excluyan antes de empezar? ¿Cuántas firmas se necesitan como respaldo? En lo que informaron a la prensa hablaban de 150 mil, que para conseguirlas se necesita estructura y dinero que ¿cuántos ciudadanos podrían costearla? ¿Cuánto durará esta fase?
En ella se hará la depuración y todo indica que sólo la pasarán aquellos que sean miembros de partidos o ciudadanos con apoyo de partidos. Otros no parecen caber en la segunda etapa, que permitirá a quienes no quedaron excluidos en la primera fase contrastar sus ideas y propuestas en un debate (al que llaman foro, para darle también la vuelta a la ley electoral), y participar luego en una encuesta, de donde saldrán lo que llaman “los tres mejores perfiles” (eufemismo de precandidatos).
No se sabe el formato de los debates. Tampoco los detalles de la encuesta o quiénes la realizarán, ni cómo se definirá la muestra, los cuestionarios y el orden en el que aparecerán al ser medidos, o si ésta será en papel o en una tablet, que son variables que alteran los resultados de un estudio de opinión. No está claro si la encuesta se realizará de manera abierta o, como sugiere la prensa, las 150 mil firmas –si hay más de ese total, ¿tienen un peso adicional a favor de quien las consiga?– se integrarán en un padrón electoral para que se pueda votar. Y otra duda con potencial de conflicto es si en esos tres perfiles no apareciera nadie de alguno de los tres partidos detrás del frente, ¿aceptarían la realidad de la exclusión?
La terna de finalistas pasará a la fase tres, que es la más interesante por el tipo de derrotero que pueda seguir el modelo presentado. En esta etapa los tres finalistas volverán a ser medidos mediante una encuesta, pero también figurarán en un papel o en una tablet donde votará la gente (que definen como consulta ciudadana).
No se sabe con claridad cómo será la votación, pero si, como ha trascendido, será únicamente en los 300 distritos electorales, ¿cómo podría cualquier aspirante sin el respaldo de un partido y sin dinero movilizar a sus simpatizantes a votar? Otro escenario es si el resultado de la votación, que en buena medida ayudará al PRI –si alguien tricolor llega a esta fase– por ser quien tiene la mejor estructura territorial para movilizar votantes, no coincide con el resultado de la encuesta. Si cada una vale 50%, de acuerdo con lo trascendido en la prensa, en caso de empate ¿quién decide?, ¿cómo lo decide?, ¿con una votación cupular?, ¿con un volado?, ¿en una tómbola?, ¿con algo como piedra, papel y tijeras?
Hay muchas preguntas sin resolver, pero al mismo tiempo hay mucho entusiasmo, sobre todo en las organizaciones civiles que participaron en el lanzamiento del frente. Ana Lucía Medina, cabeza de UNID@S, la organización que organizó la multitudinaria marcha a favor del INE en noviembre pasado, dijo que era un acto “inédito” lo que se estaba conformando, porque la ciudadanía sería quien elegiría la candidatura presidencial. Es cierto, pero hasta ahora, en teoría.
De lo que se ha visto por lo conocido, sí parece una “faramalla”, como descalificó ayer el proceso López Obrador. La revisión del método, en función de lo que se conoce, permite la participación de la ciudadanía mediante la encuesta, lo que puede ser visto como algo positivo y sin precedente en la forma de selección del PRI, el PAN y el PRD, pero es una trampa anticipada que va a servir como una mera coartada de los partidos para demostrar su apertura a los ciudadanos, si no se renegocian los detalles que trascendieron a la prensa, para que se acote e impida la movilización territorial de los partidos y, mediante la falta de balance competitivo, ser quienes decidan la terna de finalistas.
Los partidos han llenado de contenido ciudadano sus discursos, y todos aquellos que aspiran a la candidatura presidencial se vanagloriaron ayer de que la inclusión ciudadana que habían exigido, se había cumplido. Parece un engaño de los partidos, jugando con los sueños de la sociedad civil para que emerja quien, como en la marcha del 27 de noviembre, capitalice el antilopezobradorismo en las urnas. Por supuesto, López Obrador y quienes pensamos que este proceso es una faramalla podemos estar equivocados. Que sus acciones, entonces, lo demuestren.
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