La guerra en Chiapas –como se describió el lunes en este espacio– no da tregua ni sorpresas. El martes por la tarde un comando armado interceptó un camión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado en el entronque a Llano San Juan, a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, donde está el cuartel de la Policía Estatal, y privó de su libertad a 16 trabajadores. Unas cinco horas después, comenzó a circular en las redes sociales un video donde aparecían los trabajadores, y uno de ellos leía un mensaje de los criminales al gobernador Rutilio Escandón: a cambio de su liberación, debía cesar a tres jefes policiales.
La evolución del crimen organizado es significativa: ya no dejan mantas, sino toman rehenes. Ya no escriben amenazas, pero amagan con matar a sus rehenes si no acatan sus instrucciones.
Escandón, cuñado del exsecretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial, Adán Augusto López, que hasta recientemente estaba a cargo de la gobernabilidad en el país, está en grandes problemas, al igual que el esposo de su hermana, por esconder la realidad de Chiapas y soslayar la inestabilidad al tomar partido, incluso inopinadamente, por una organización criminal. No queda excluido de responsabilidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apenas hace una semana aseguró que había paz y tranquilidad en Chiapas, aunque no era la primera vez que elogiaba a Escandón. Hace dos años dijo que la mesa de seguridad del gobierno de Chiapas “era la mejor”.
Pero hace dos años, precisamente, la gobernabilidad se terminó de romper con la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación y la inclinación de las autoridades estatales y federales, por omisión o comisión, de proteger al Cártel de Sinaloa, como sucedió recientemente en Frontera Comalapa, donde se desató la violencia generalizada por el ataque del Jalisco Nueva Generación, que se frenó ante la llegada de la Guardia Nacional y le permitió a los sinaloenses mantener su territorio y la fluidez del negocio criminal de drogas, tráfico humano y de armas.
La respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación fue inesperada, con el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el manejo de la comunicación política. En el video, uno de los trabajadores leyó la lista de los tres funcionarios que quieren los criminales que sean cesados: Francisco Orantes, subsecretario de Seguridad; Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva, y Roberto Yahir Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza. No se explicaron las razones, pero los criminales abundaron en los porqués en un mensaje que circuló este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, que decía:
“Le hacemos un comunicado a todos los Policías del Estado de Chiapas que la bronca y el pleito no es con ustedes, sino contra el Cártel de Sinaloa, tampoco es por la muerte del Michoacano en el cateo que hubo en el rancho. El pleito es con los traidores que se dicen ser ‘JEFES’ de la SSyPC de nombres ROBERTO YAHIR HERNANDEZ TERÁN Y FRANCISCO ORANTES ‘PANCHO ORANTES’, porque ellos dos tienen un cochinero el estado ya que trabajan el cártel de Sinaloa de la mano con el JESÚS ESTEBAN MACHADO MEZA ‘EL GUERO PULSERAS’ al que le dan protección y permiten que se mueva en todo el estado”.
“Este levantón de personal de la SSyPC fue porque ellos permitieron al GUERO PULSERAS levantar a la femenil Nayeli Cyrene Cinco Martínez, si no la regresan con vida lo mismo se le hará a su personal que se levantó si la entregan con vida se les entregará con vida a su personal al que hoy sufrió el levanton si no solucionan su mugrero el estado de Chiapas va a arder más de lo que ya está”.
“Hasta para eso son pinches mugrosos como EL PULSERAS no respetan códigos porque a la familia se le respeta pero si a ti ROBERTO YAHIR HERNANDEZ TERÁN Y FRANCISCO ORANTES les vale madres la familia pues cuiden a su familia porque puede ser la siguiente”.
Es decir, la toma de rehenes pretende, desde la óptica criminal, empatar el marcador y anular lo que consideran la protección institucional al Cártel de Sinaloa, donde señalan como un personaje central al Güero Pulseras, apodado así por las pulseras que siempre trae en el brazo derecho; se trata de Jesús Esteban Machado, a quien se le reconoce en Chiapas como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Frontera Comalapa.
Machado llegó hace dos años a Chiapas, tras la ejecución de Ramón Rivera Beltrán, que heredó el control del estado de su padre, Gilberto Rivera, el Tío Gil, detenido en el aeropuerto de Guatemala en 2016 a punto de tomar un avión a México, a fin de llenar el vacío de poder que habían dejado los Rivera, viejos socios de los sinaloenses, que querían ocupar el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Huistas, un cártel guatemalteco que opera desde Huehuetenango, que nació al amparo de los sinaloenses.
La escalada en el grado de violencia que se vive en Chiapas al involucrar a población civil es un nuevo método para dirimir sus diferencias criminales, pero también significa un reto abierto del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado, el guerrerense Juan Manuel Valdovinos, apodado el Señor de los Caballos, que primero se ligó con Los Zetas y después con el Cártel de Sinaloa, hasta finalmente convertirse en el adversario que ha desatado la guerra en el sureste mexicano.
La situación que se vive en Chiapas es altamente volátil e incierta sobre lo que vendrá en las siguientes horas y días. Hay unos mil policías y militares buscando a los trabajadores secuestrados y llegarán refuerzos. El gobernador está escondido y no ha dicho nada. El Presidente debió haberse callado, porque advertir a los criminales que, si no liberan a los secuestrados, los “acusará con sus padres”, es un insulto a las víctimas, a sus familiares y a la inteligencia mexicana. La guerra en Chiapas, lo único cierto del momento, no está para incompetentes ni frívolos.