Samuel García, el gobernador de Nuevo León, abrió sus aspiraciones presidenciales en diciembre pasado, pero hasta hace unos días comenzó a medir mediáticamente sus posibilidades. En un reciente evento en el Instituto Estatal de la Juventud en Monterrey, García resaltó su edad, 35 años, que es la mínima para aspirar a la Presidencia, y provocó: “Aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?”. El gobernador estaba muy animado, luego de que las encuestas de EL FINANCIERO y Reforma lo empezaron a medir entre quienes aspiran a la Presidencia, y le daban alrededor de 12 por ciento de apoyo.
García está siendo promovido por quien más interesado está en que Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece, divida el voto de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es algo fortuito. García está dentro de la negociación que tuvo el líder nacional del partido, Dante Delgado, con López Obrador, para que vayan con un candidato único a la elección presidencial de 2024, y cancelar el respaldo a Xóchitl Gálvez, que será la candidata del Frente Amplio. No se sabe qué recibirá Delgado a cambio, pero la relación que han tenido a lo largo del tiempo se ha inscrito en la simulación, donde finge que se pelea, sin nunca realmente pelearse con López Obrador.
Delgado prefirió enfrentar una rebelión dentro de Movimiento Ciudadano que afrontar a López Obrador. Su acuerdo con él es inconfesable, pero ha sido motivo de conversaciones recientes en Palacio Nacional a propósito del choque con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien desea una alianza con el Frente Amplio que le ayude a que su grupo mantenga la gubernatura el próximo año.
Jalisco es el principal motor de Movimiento Ciudadano, donde se ganaron en 2021 las únicas siete diputaciones federales de mayoría relativa de este partido. Las 17 diputaciones restantes son proporcionales, lo que significa que la fuerza en tierra la tiene Alfaro, no Delgado, y la capacidad de negociación se inclina por el gobernador, no por el líder del partido. Nuevo León es el otro estado que le da fuerza a Movimiento Ciudadano, pero depende fundamentalmente del gobernador, que tiene una alianza táctica con Delgado y está escuchando el canto de las sirenas que sale del Zócalo, llenándose la cabeza de humo con la candidatura presidencial.
Si esa fuera su decisión, García tendría un dilema al dejar la gubernatura, ya fuera si solicita licencia antes de octubre, cuando cumple dos años en el cargo, y tendría que buscarse un interino que convoque a nuevas elecciones, o, tras cruzar esa línea, donde sería un gobernador sustituto quien concluiría el mandado. El exgobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, se enfrentó a la misma disyuntiva, pero el contexto era totalmente diferente. Rodríguez negoció con el Congreso estatal que el interino fuera su secretario general de Gobierno, Manuel González, que al término del plazo para la licencia le regresó el cargo, con el respaldo de los diputados locales.
García ha tenido serias dificultades para gobernar y se ha quejado de que el PRI y el PAN lo han saboteado. Por consiguiente, tiene una pésima relación con el Congreso, donde no cuenta con ningún respaldo, por lo que, si pidiera licencia, no habría punto de retorno y dejaría de ser gobernador. Más aún, de acuerdo con observadores neoleoneses, si deja García la gubernatura, la probabilidad de que Movimiento Ciudadano desaparezca de Nuevo León es enorme.
En Palacio Nacional, hasta donde se ha podido saber, le dijeron que no se preocupara y le han garantizado que, si se lanza por la Presidencia, regresará a gobernar una vez pasado el proceso. Para esto, el gobierno de López Obrador ya comenzó a limpiar de obstáculos el camino, para animarlo a que dé el paso, con la apertura o ampliación de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República contra dos priistas que se han convertido en una pesadilla para su administración, el exdiputado local Francisco Cienfuegos, que fue cercano colaborador del exgobernador Rodrigo Medina, y Adrián de la Garza, que fue alcalde de Monterrey.
Cienfuegos, secretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional, mantiene un bajo perfil, y ha acusado al gobierno de García de persecución política, negando que la Fiscalía General de la República haya ampliado una investigación por presuntamente utilizar empresas fantasma para sus actividades empresariales. No está claro cuáles son las nuevas imputaciones federales contra él, o si se trata de una reactivación de las acusaciones pendientes, como tampoco han trascendido los presuntos delitos por los que los fiscales federales quieren acusar a De la Garza.
De la Garza fue procurador estatal, donde enfrentó acusaciones de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, y posteriormente fue alcalde de la capital regiomontana, donde fue acusado de corrupción, sin que ninguno de los delitos pudiera probarse. Aunque hoy no tiene ningún cargo público, su influencia en el gobierno de García es muy fuerte, al tener fuerza relativa en las fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción, además de la Auditoría Superior estatal.
No está clara la decisión que tomará García, cuyos patrocinadores, entre los que se encuentra uno de los principales grupos empresariales de Monterrey, están en desacuerdo con que se vaya, enormemente decepcionados por su gestión. Pero 7 puntos, que es el peso de Movimiento Ciudadano tras las elecciones nacionales de 2021 –al que habría que descontar Jalisco–, son fundamentales para López Obrador, que no quiere que los capitalice Gálvez ni el Frente Amplio.