El gran caso de corrupción madre del sistema político mexicano que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en riesgo de colapsar, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, podría quitarse de encima las acusaciones de corrupción por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y decenas de políticos del PRI y el PAN, involucrados, ver cómo, sin hacer nada, se desvanecen las acusaciones en su contra.
El principio de ese final potencial se dio la semana pasada en Brasil, cuando el presidente de la Corte Suprema, José Dias Toffoli, anuló todas las pruebas que la fiscalía brasileña obtuvo mediante una serie de acuerdos con los ejecutivos de Odebrecht, cuyos actos de corrupción descubiertos en la Operación Lava Jato (lavado de coches) impactaron en una decena de países y provocaron el derrumbe de presidentes en Perú y Panamá, y produjo consecuencias judiciales en varias naciones, donde, como en México, se utilizó con fines políticos.
Dias Toffoli actuó por petición del presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien durmió 580 días en la cárcel tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en Petrobras, pero dentro del marco de la Operación Lava Jato, acusaciones que se basaban en las pruebas ofrecidas por Odebrecht, que finalmente fueron anuladas. El fallo fue criticado por Sérgio Moro, antecesor de Toffoli, que encabezó la operación anticorrupción y llevó a Lula a la cárcel, argumentando que la corrupción en el Partido de los Trabajadores, del presidente, era real, y que se habían embolsado poco más de mil 200 millones de dólares.
Toffoli anuló la indulgencia que le dio Moro a los ejecutivos de Odebrecht a cambio de sus declaraciones acusatorias, y señaló que las pruebas eran inútiles en cualquier ámbito o grado de competencia, reportó este martes la cadena de periódicos del diario Folha de Sao Paulo.
El presidente de la Corte Suprema respondió indirectamente a Moro, que hoy goza de fuero porque es senador, extendiendo ocasionalmente a otros imputados, que recibieron la invalidación de las pruebas de Odebrecht, y hace unos días, para fortalecer su decisión, prohibió el uso de cualquier documentación presentada por la empresa constructora a cambio de un trato privilegiado, en todos los procesos judiciales en Brasil.
Las pruebas e imputaciones de los ejecutivos de Odebrecht involucrados en la Operación Lava Jato son ahora inválidas en Brasil, pero el fallo de la Corte Suprema no se ha extendido hacia otras naciones que tienen procesos judiciales abiertos contra exfuncionarios, como es el caso de Lozoya en México. El exdirector de Pemex fue imputado por Luis de Meneses Weyll, que era el director general de Odebrecht en México, y que admitió, en un testimonio confidencial ante la fiscalía brasileña y frente a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República de México, que él había sido el responsable de pagar los sobornos a Lozoya.
Meneses Weyll afirmó que en 2010 Odebrecht contribuyó con 500 mil dólares a la campaña del gobernador de Veracruz, y señaló que en 2012, Odebrecht pagó 6 millones de dólares a Lozoya “en reconocimiento a lo que él nos había contribuido (facilitar que participaran en un proyecto en Tula y en Veracruz), y con mi intención y apuesta” de la importancia que tendría en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo nombró director de Pemex.
Lozoya fue denunciado por irregularidades por el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el entonces director de Pemex, José Antonio González, pero no prosperó en la Procuraduría General. Cuando López Obrador asumió la Presidencia, se pensó en su equipo que podían aprovechar a Lozoya como el testigo de calidad, mediante el criterio de oportunidad, para acusar de corrupción a una buena parte del gabinete económico de Peña Nieto y al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya.
El entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, antes de entrar en una brutal confrontación, trabajaron para ofrecerle a Lozoya el criterio de oportunidad. Scherer hizo la primera aproximación y Gertz Manero negoció directamente con Lozoya, que se había ido a vivir a España, con su padre. Le hicieron llegar una lista de los funcionarios peñistas que querían que imputara. La carga de la prueba no era importante, porque en el fondo el caso no era judicial, sino político, y aunque se fueron cayendo los casos, todavía hoy Anaya vive en el autoexilio en Estados Unidos y uno de sus lugartenientes, Jorge Lavalle, está preso.
Lozoya nunca pudo entregarle a Gertz Manero pruebas sólidas para documentar el principal caso de corrupción que querían construir contra gobiernos pasados, y sigue en la cárcel. Los señalamientos de que el dinero de Odebrecht fue para la campaña de Peña Nieto y comprar voluntades del PAN para que caminara sin problema el Pacto por México, no pudieron sostenerse, y las declaraciones de Meneses Weyll lo contradecían.
De manera totalmente inesperada, las cosas están cambiando con el fallo de Dias Toffil. Hubo un preámbulo en 2021, cuando la Corte Suprema empezó a considerar inválido el uso de datos de los sistemas de pago y contabilidad que presentara Odebrecht dentro del acuerdo de colaboración, pero la invalidación de una parte crucial de las pruebas que aportaron los informantes de la empresa, como Meneses Weyll, aumentó las expectativas de que exfuncionarios imputados sean exonerados. Recientemente, como efecto secundario, la justicia prohibió el uso de testigos brasileños en el proceso contra el expresidente Ollanta Humala.
Lo que está pasando en América del Sur le permitirá a la defensa de Lozoya explorar si, como en Perú, pueden ir a los tribunales mexicanos y hacer valer el fallo de Toffil, para que las declaraciones de los testigos que lo imputaron, todos ellos brasileños, sean inválidas. En todo caso, será un camino difícil de recorrer. Bastante daño político le ha hecho al gobierno de López Obrador que Odebrecht no haya producido lo que ofrecieron a los mexicanos, para que termine todo con un sobreseimiento del caso Lozoya. Sería un ridículo que ni el Presidente ni el fiscal aceptarán.