El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles a la columna La sorpresa de octubre, publicada en este espacio el martes pasado sobre el interés de su gobierno por acusar al expresidente Carlos Salinas y a otros funcionarios de su administración de tortura y violación al debido proceso en contra de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994. “Es una falta de respeto a la gente”, dijo en la mañanera. “Es una volada”. La carpeta de investigación, sin embargo, existe.
En su alegato de desmentido, López Obrador le envió públicamente un mensaje a Salinas y le dijo que se despreocupara porque “no he recibido ni un solo informe, ni un solo escrito”, sobre su presunto involucramiento en el caso Colosio. El Presidente juega con las palabras. No tiene por qué recibir un informe o un escrito de la Fiscalía General sobre el caso, y lo único que podría entregarle el fiscal Alejandro Gertz Manero sería la carpeta de investigación. No lo ha hecho, como nunca le ha dado carpetas de investigación, ni tampoco hay necesidad.
La fijación del caso Colosio como uno de los juicios contra las cabezas en los gobiernos anteriores fue planteada por Gertz Manero desde octubre de 2019, cuando ordenó al Ministerio Público reabrir la averiguación previa para el “perfeccionamiento de aquellas diligencias que permitieran la continuidad de su integración”.
Casi un año y medio después, el caso Colosio fue reabierto oficialmente a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que fuera revisado “a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones” de Aburto. Las “nuevas evidencias” se centraban en la queja que una semana antes había hecho por teléfono su hermano Rubén, alegando que no le daban atención médica ni la alimentación que requería por encontrarse “muy débil y deteriorado en su estado de salud”, además de sufrir “tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura”.
La celeridad con la que actuó la CNDH y el gobierno fue inusual. El mismo día que se presentó la queja, se remitió al comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para trasladarlo a la prisión federal en Guanajuato, una de las más modernas del país, y una semana después le dictaron medidas cautelares. En tres semanas ya se habían solicitado informes y recibido respuestas de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y cuatro meses después ya se habían iniciado los interrogatorios de la nueva carpeta.
En ese momento, el caso Colosio no era una prioridad del presidente López Obrador. Estaba en el caso Odebrecht, que deseaba fuera el ícono de la lucha contra la corrupción, y en la Operación Rápido y Furioso, con lo que quería disparar sus obuses a gobiernos panistas. Gertz Manero abrió carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por Odebrecht, pero el Presidente no le autorizó proceder con las órdenes de aprehensión. El fiscal sí obtuvo la orden de aprehensión contra el expresidente Felipe Calderón por Rápido y Furioso, pero López Obrador le ordenó no ejecutarla. Los tres casos siguen vivos.
La idea estratégica de López Obrador, como se describió en La sorpresa de octubre, era utilizar la condena de García Luna en el juicio en Brooklyn por vinculaciones con el Cártel de Sinaloa, para martillar contra panistas y priistas durante la campaña electoral, pero cuando el juez pospuso hasta marzo el fallo, se tuvo que cambiar de objetivo. Salinas era el indicado, por el trabajo intenso que se había hecho en la fiscalía desde hace casi un año, con 50 abogados y ministerios públicos construyendo el caso.
López Obrador autorizó que siguiera adelante, pero pidió que al hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, no lo involucraran en la investigación. La carpeta se abrió sin que Salinas figurara en un principio, aunque desde el inicio de la administración Gertz Manero quería inculparlo. Por lo que se sabe, la carpeta contra Salinas está concluida, y en ella se intenta culpar también a quien fue jefe de la Oficina Presidencial, José Córdoba, y al Cisen. La aparición de Salinas y Córdoba en el caso Colosio no es nueva, aunque nunca llegó a nada.
Sus nombres surgieron años antes. Un día antes de que Pablo Chapa Bezanilla fuera anunciado como nuevo fiscal del caso Colosio, comí con él en la casa de un amigo común y me dijo textualmente: “Voy a meter a la cárcel a Salinas y a Córdoba”. Cuando le pregunté por qué, respondió que por haber asesinado a Colosio. Y cuando le pedí qué pruebas tenía, contestó literal: “No tengo, pero las voy a conseguir”. Casualmente, la noche anterior había quedado en cenar con Alfonso Durazo, que se había quedado sin trabajo y era uno con quienes estaba muy agraviado el entonces presidente Ernesto Zedillo. Llegó 45 minutos tarde y me comentó que había estado platicando, precisamente, con Chapa Bezanilla. Sabía de la animadversión de Durazo contra Salinas, por lo que la conjetura que hice fue que la inspiración vengativa del nuevo fiscal, era él.
Cuatro fiscales del caso Colosio, incluido Chapa Bezanilla, concluyeron que Aburto era un asesino solitario. La investigación sobre el crimen sólo rivaliza con la de la CNDH sobre Ayotzinapa como la más exhaustiva en la historia. Aburto ha hecho declaraciones ministeriales recientes que nunca formuló antes, como su inocencia, aunque en 1994 nunca negó haber disparado contra él en los diversos interrogatorios, donde lo único que varió fueron sus móviles para hacerlo.
Veintinueve años han pasado desde el crimen de Lomas Taurinas, aunque el caso Colosio nunca se cerró, ante la eventualidad, como dijo el último fiscal, Luis Raúl González Pérez, de que surgieran nuevas evidencias. La CNDH y la fiscalía encontraron en los dichos de Aburto esas nuevas evidencias para enfilarlas al expresidente Salinas, aunque, al parecer, López Obrador ha decidido que la Fiscalía General no proceda.