En dos años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador construyó un misil nuclear para las elecciones presidenciales del próximo año, que ya está emplazado con la decisión del viernes pasado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, que invalidó la condena de 45 años de prisión de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI, e instruyó dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio, con base en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, cuando se produjo el asesinato.
Si la Fiscalía General de la República no apela el amparo, Aburto caminará hacia la libertad el 23 de marzo del próximo año, el mismo día en que le disparó a la cabeza a Colosio. No lo va a impugnar, pues sería un contrasentido del fiscal Alejandro Gertz Manero, que propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inicio el sexenio reabrir el caso y enfilar las baterías en el expresidente Carlos Salinas y el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. López Obrador no le hizo caso en ese momento, porque no necesitaba distractores ni chivos expiatorios. Pero en la segunda parte de su sexenio, cuando las cosas le empezaron a ir mal, la visión cambió y se comenzó a construir una estrategia –de muchas– para ser utilizada en caso de emergencia.
Eso sucedió tras la fuerte derrota de López Obrador y Morena en las elecciones de 2021, cuando el Presidente descubrió que había sido engañado por sus operadores políticos y no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso, además de sufrir una amarga derrota en la Ciudad de México, su enclave electoral.
En octubre de ese año se vieron los primeros ladrillos de esa variable estratégica, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró la razón por la que fue colonizada, y recomendó a la Fiscalía General abrir una nueva investigación del caso Colosio por “violaciones graves a los derechos humanos” de Aburto.
Lo que sucedió en Tijuana el viernes fue la conclusión de la primera fase de ese proceso, al encontrarse la salida jurídica para liberar a Aburto, que no lo exime del asesinato de Colosio, pero considera que la sentencia que recibió excedió lo marcado por la ley. El alegato fue sólido: el homicidio tuvo los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, pero no debió haberse juzgado en un tribunal federal porque Colosio no era funcionario federal, sino un ciudadano (ser candidato no le da una categoría penal diferente), por lo que el crimen debió procesarse conforme al Código Penal de Baja California, que establecía un máximo de pena por 30 años, y no de acuerdo con el Código Penal Federal, cuya pena por el delito de homicidio era mayor.
De esta forma, por el delito de homicidio, Aburto recuperará su libertad, y aunque el caso seguirá abierto, no será en su contra, sino a favor del gobierno de López Obrador, que lo estará utilizando para construir los enemigos del pueblo que le sirvan con fines electorales. El amparo que determinó el tribunal en Tijuana pide que la autoridad responsable dé vista al Ministerio Público para que analice sus denuncias de tortura y resuelva, con presuntas nuevas pruebas, la responsabilidad penal de Aburto, quien presentó una queja ante la CNDH –no documentación– que no se le dio un trato justo y se alteró el proceso hace 30 años.
La recomendación de la CNDH fue resultado de la carta de Aburto, revisada por el político morenista Jesús González Schmal, junto con el titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval –hermano de la exsecretaria de la Función Pública–, que tomaron el caso. En la carta, escrita de su puño y letra en mayo de 2021, donde por primera vez en 27 años mencionó a Salinas y Beltrones, y modificó la primera declaración que hizo en Tijuana tras asesinar a Colosio, de que sólo quería herirlo para llamar la atención de los medios a sus ideas pacifistas y aportar información sobre grupos armados.
Aburto fue cambiando sus dichos. En una declaración dijo haber ideado un plan para asesinarlo. En otra modificó su móvil, y declaró que le disparó a Colosio por accidente, cuando la pistola que llevó al mitin la traía en la mano –porque le estorbaba en la cintura–, que disparó inintencionalmente al ser empujado. Su alegato de tortura no es nuevo, y aunque no lo dijo en su primera declaración ministerial, la formuló casi un mes después del asesinato. La carta, que fue tomada como prueba por el tribunal en Tijuana, señala que sus abogados originales no presentaron ante las autoridades sus argumentos por presiones y amenazas que recibieron.
La tortura es el delito por el cual el gobierno piensa que puede dar nueva tracción al caso Colosio. De acuerdo con un experto que conoce el expediente de Colosio, aun suponiendo sin conceder que se tuviera por acreditada la tortura, el juez de la causa estaría obligado a aplicar la jurisprudencia que establece que deberá subestimar o desconocer todo aquello que pudiera estar afectado de nulidad y determinar con el resto del cúmulo probatorio. El contrargumento es el criterio hipergarantista de algunos jueces, que deja abierta la posibilidad de que se le dé entrada a la acusación de Aburto.
El fallo del tribunal es la rendija deseada por el gobierno. Las acusaciones de Aburto fueron contra destinatarios específicos, Salinas, Beltrones y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba, y dejaron fuera, curiosamente, a quien era el procurador general, Diego Valadés. La idea central del uso de Aburto, como se reveló aquí, es meter a la cárcel a Salinas, y aunque López Obrador lo negó, es cierto. Aburto será el peón, y una vez libre, podrá ser utilizado para hacer un road show de medios y culpar a Salinas de tortura, justo cuando la campaña presidencial lleve un mes de haber empezado, donde la percepción, no la realidad, será lo que cuente.