El presidente Andrés Manuel López Obrador quedó muy satisfecho, a decir de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de que la asesora de Seguridad Territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, dijera que la investigación de la DEA sobre presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa en su campaña presidencial de 2006, era un caso cerrado. Un día después, el Presidente no parecía nada satisfecho, pues le dedicó casi media hora de su mañanera de ayer a este tema que lo tiene descolocado.
La caracterización de la canciller sobre la satisfacción del Presidente no tiene mucho sentido, porque los trabajos periodísticos en ProPublica e InSight Crime sobre la investigación de la DEA, señalaban precisamente eso, que por razones políticas se había cerrado a finales de 2011, durante el gobierno de Barack Obama. ¿Por qué estaría complacido si Sherwood-Randall, si es que es cierto que lo dijo, no aportó nada nuevo a lo ya sabido? Por cierto, el comunicado de la Casa Blanca sobre el encuentro con López Obrador no tiene ninguna referencia a lo dicho por Bárcena, lo que no significa que no hubiera sido señalado en un intercambio extraoficial.
El interés del Presidente, en todo caso, es justificado. La investigación se cerró cuando tenían claro que iba a contender una vez más por la Presidencia, que dejó molesta a la DEA, como se puede apreciar en lo que apuntó Steven Dudley, en su trabajo en InSight Crime, como la respuesta de uno de los agentes a la orden recibida. “¿Qué sucede si AMLO gana y nosotros sabemos esto de él?”, reparó el agente, lo que deja entrever su creencia de que tenían evidencias sólidas sobre el financiamiento del narco en su campaña.
La investigación puede ser reabierta, si así lo considerara el Departamento de Justicia, como la del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, que se mantiene vigente, o una del FBI similar a la de la DEA, que está activa. En los análisis de la Presidencia no hay nada que esté tomando el tema con seriedad, y están enfocados en el impacto en la imagen y popularidad del Presidente, que ha sido enorme.
El propio López Obrador recordó ayer que hubo 170 millones de menciones a la frase “presidente narcotraficante”, aunque probablemente se refería al hashtag en X de @NarcoPresidente. Ese altísimo volumen de menciones quizás explique que ayer deslizara como hipótesis, que a veces cambiaba por afirmaciones, que la publicación fue resultado de la reapertura del caso Colosio y la nueva línea de investigación de la Fiscalía General sobre “el segundo tirador”.
El nuevo complot, en su línea de pensamiento, habría sido para ocultar y minar la investigación del caso Colosio que él llama “un asunto de Estado”, pero que en sus medios afines califican como un “crimen de Estado”. López Obrador dijo que ha buscado la explicación del porqué del “ataque”, al ser un asunto de la elección de 2006 y en coincidencia con el actual año electoral. El Presidente centró su crítica en Tim Golden, editor de ProPublica, que trabajó por meses en el armado de la investigación de la DEA, y lo emplazó a ir a la mañanera para que hable sobre sus motivaciones de hacerlo público ahora, afirmando que lo “contrataron” e incluso “lo llamaron porque estaba aparentemente en Israel y lo trajeron”.
Para el Presidente, todo se armó a partir de que la Fiscalía General informó el 29 de enero pasado sobre la nueva línea de investigación del “segundo tirador”, Jorge Sánchez Ortega, que era el agente del Cisen enviado a Tijuana en marzo de 1994 para que informara sobre las actividades del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. “Tengo como hipótesis, que les molestó, les preocupó algo que yo ni pensaba de trascendente, que no era mi fuerte la venganza y no iba a estar investigando a expresidentes”, dijo, en relación con que uno de los sospechosos del asesinato, según la fiscalía, es el expresidente Carlos Salinas.
De esta manera cuadró que Golden, que la víspera había dicho era amigo de Salinas y hasta corría con él, se prestó a que la DEA, que quería vengarse de López Obrador, publicara una investigación de esa agencia que en su momento hizo con el apoyo del expresidente Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que a su vez, según la fiscalía, viajó a Tijuana a liberar a Sánchez Ortega.
En el complot agregó a quien esto escribe, por haber adelantado en septiembre que la fiscalía quería acusar a Salinas por el asesinato de Colosio, al juez que negó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, y al propio hijo del finado candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey. En su propia secuencia de tiempos, en menos de 48 horas se fraguó y consumó el complot, desde que apareció en la prensa la orden de aprehensión contra “el segundo tirador” y la publicación de los materiales sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial.
El objetivo central de sus señalamientos esta semana ha sido Golden, quien fue corresponsal del periódico The New York Times en México durante los gobiernos de Salinas y de Ernesto Zedillo, y que ganó uno de sus Pulitzer por una serie de trabajos sobre el narcotráfico en México, que incluyó uno sobre corrupción con el narcotráfico en el gobierno de Salinas y otro sobre cocaína y política en los gobiernos de Salinas y Zedillo.
El complot tiene sus debilidades. Una es hablar de una relación cómplice entre García Luna y la DEA, cuando fue ésta la que llevó a los testigos protegidos del Cártel de Sinaloa a testificar en su contra, algunos de los cuales fueron también fuentes de información sobre el presunto financiamiento criminal a su campaña de 2006 y del caso contra el general Cienfuegos. Otra es que no pudo vincular a la DEA con el caso Colosio. De cualquier forma, dijo que “fue una venganza”, y que la reapertura de esa investigación fue lo que les generó el coraje.