El juicio a Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, deberá concluir, cuando más, tres semanas después de las elecciones presidenciales en México. Si no se acelera el proceso, a finales de junio será condenado por el juez Brian Cogan, o anulará el juicio y repondrá el proceso, como pretende la defensa del mexicano. Este no es el desenlace que tenía en mente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le pidió al gobierno de Donald Trump su detención, que esperaba haber tenido una condena mucho tiempo antes. La estrategia alteró su calendario por lo lento y las circunstancias del proceso legal, y detalles de lo que hicieron ambos gobiernos en secreto comienzan a trascender.
La historia comenzó la mañana del 19 de diciembre en Dallas, cuando fue detenido García Luna, en el pequeño departamento que rentaba de manera temporal mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado. Los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón donde había siete funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA. Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido “a petición del Presidente de México” para que imputara a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.
El abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al “señor de la telefonía”, al “de la televisora”, a “los de Televisa” y “al empresario de medios que tiene hospitales”. Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.
No estaba el nombre del presidente Ernesto Zedillo, y Peña Nieto aparecía sólo de manera tangencial. Sí estaban incluidas las figuras del PRI y el PAN más connotadas de la última generación, líderes de partido, legisladores y jueces. También había una decena de periodistas. En todos los casos querían que García Luna acusara a los empresarios de haber utilizado dinero del narcotráfico en sus empresas, y que el resto había sido parte de un esquema de corrupción y encubrimiento.
Cuando el representante de la Fiscalía hizo la oferta, el representante de la CIA se salió del cuarto, algo que sólo sucede cuando lo que está prometiendo un funcionario con representatividad no tiene el consenso de quienes están presentes, lo desaprueban o pueda estar al margen de la ley. Ese fue el primero, pero no el único momento en que afloraron las diferencias entre los servicios policiales y de inteligencia estadounidenses. En el curso del juicio, la DEA también se dividió y una parte importante no respaldó el actuar del agente Miguel Madrigal, que fue quien llevó a la Fiscalía en Brooklyn a Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante ni había sido detenido por él, y a quien señala la defensa que cometió perjurio. Madrigal, tras la moción de la defensa donde presentó pruebas de que el agente de la DEA violó la ley para dañar a García Luna, fue jubilado.
García Luna rechazó la propuesta del representante de la Fiscalía. Su explicación, de acuerdo con la información en los ámbitos judiciales de Brooklyn, es que no imputaría a nadie de quien no tenía información. Como reacción a su negativa, el exsecretario no fue enviado a una celda ordinaria, sino a un SHU, las siglas en inglés de Unidad Especial de Vivienda, con la que identifican en el sistema penitenciario estadounidense espacios de dos metros cuadrados que no tienen nada para sentarse o acostarse, y que permanentemente tienen la luz encendida para que el reo pierda toda la noción del tiempo.
Aproximadamente dos horas después de la primera reunión, en un vuelo privado desde Nueva York, de acuerdo con la información obtenida, llegó a quienes varios de los que conocen los detalles de estos encuentros informales y que se mantuvieron fuera de los registros oficiales identifican como el titular de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Sin embargo, no se pudo corroborar que se tratara de Richard Donoghue, cabeza de esa poderosa oficina judicial. De ser así, haber realizado ese viaje para firmar un acuerdo con un prisionero es algo extraordinario, porque prácticamente no salen de sus oficinas, ni siquiera para asistir a sus juicios.
El titular de la Fiscalía de Brooklyn, como lo refieren en las informaciones, le repitió a García Luna que había sido detenido por “petición del presidente de México” –al que nunca llamó por su nombre– y le dijo que, a cambio de las imputaciones y que se declarara culpable, el gobierno de Estados Unidos le ofrecía que estaría en prisión sólo siete meses, al término de lo cual saldría libre y recibiría un pago “millonario”, que no cuantificó, para compensar que perdería las empresas que tenía en México y Estados Unidos.
García Luna repitió lo que había dicho al representante de la Fiscalía que le adelantó parte del acuerdo horas antes, que no imputaría a nadie, porque no tenía información de que hubieran estado vinculados con el narcotráfico, ni prueba alguna contra ellos. El titular de la Fiscalía le dijo que eso no importaba. Que él los señalara y que del resto se encargarían los fiscales. Además, le dijo que no se declararía culpable porque era inocente de las acusaciones que le habían formulado. Lo regresaron al SHU.
Todavía hubo dos reuniones más el 9 de diciembre, sin abogado defensor presente, sin grabación ni minutas para dejar registro de lo ahí platicado. La respuesta de García Luna fue la misma. Ni se declararía culpable, ni imputaría a nadie.
Mañana: El objetivo, desmantelar el régimen.