El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, recibió, dentro de sus primeras 24 horas en el Centro de Detención Metropolitano, cuatro ofertas de la Fiscalía Este de Distrito de Brooklyn para imputar a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, a los procuradores y procuradoras de 1988 a 2018, así como a todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación, a líderes del PRI y el PAN, a legisladores y a una decena de dueños de medios y periodistas de colusión con el narcotráfico. En todas las ocasiones García Luna se negó, pero la Fiscalía no se dio por vencida.
El 10 de diciembre, un día después de haber sido detenido, tuvo una quinta reunión con el titular de la Fiscalía, pero en esa ocasión ya estaba presente una abogada que había contactado el despacho Quinn Emanuel, al que se buscó cuando supieron en México de su captura. La abogada, que se encontraba en el centro de detención, lo apoyó mientras llegaba de Nueva York Juan Pablo Morillo, el abogado enviado por el despacho. Cuando el fiscal le repitió la oferta, la abogada le recomendó que si era inocente no firmara nada, y García Luna la rechazó una vez más.
Todavía hubo otra reunión más con el jefe de la Fiscalía en Brooklyn frente al abogado Morillo, quien cuando escuchó lo que ofrecía, preguntó por qué el plazo de siete meses en prisión, a lo que el fiscal prometió de inmediato bajarlo a cinco meses. El fiscal le dijo a García Luna que estaba listo el avión en que llegó para que viajaran a Nueva York una vez firmado el acuerdo y realizar la audiencia donde se declararía culpable y comenzaría a correr el plazo. De haberlo hecho, no habría existido juicio y habría recuperado su libertad en mayo de 2020, convertido en millonario. En cambio, está en la ruta final para que le dicten condena por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La información que ha trascendido no explica las razones de la “petición del presidente de México”, que es como lo presentó la Fiscalía, ni cómo se formuló esa solicitud, pero el contexto en 2019 era la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la migración era eje del debate. Dos semanas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, el canciller designado Marcelo Ebrard habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para que México recibiera a miles de inmigrantes rechazados por Estados Unidos, lo que se concretó en junio de 2019.
No se sabe si fue Ebrard el portador de la propuesta del presidente López Obrador y si el quid pro quo era el acuerdo del programa Permanecer en México para apoyar al presidente Donald Trump, junto con la militarización de la frontera con Guatemala con 27 mil soldados de la Guardia Nacional para contener la migración, modificando la política de asilo al alinearla a los intereses de Washington.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió los términos que se plantearon en Dallas en 2019. Incluso, poco antes del juicio que empezó a finales de enero del año pasado, los fiscales de Brooklyn volvieron, por séptima ocasión, a presentarle la oferta. García Luna nuevamente la rechazó y se negó a declararse culpable. Una vez más, coincidentemente, el contexto fueron los prolegómenos de la campaña presidencial, donde la migración, más que hace cuatro años, apuntaba a ser el eje central del debate y, posiblemente, lo que defina la elección en noviembre próximo.
Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la Fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el exsecretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más siete dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano, que tanto ha deseado López Obrador, sin ensuciarse las manos.
El gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años, a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80, y a los contrapesos en el Poder Judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta eran las Fuerzas Armadas: en ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico.
La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizá seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el extesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario, Juan Francisco Ealy Ortiz, de haber estado coludidos con García Luna, con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la Corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse.
La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar. A partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas tres décadas habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su cuarta transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios.
Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los dos países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación.