El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que lleva cinco días de control de daños por la investigación de ésta por presuntamente haber puesto el Poder Judicial al servicio de los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entró a la contraofensiva. Ayer anunció que presentará una denuncia en el Congreso para que inicie un juicio político en contra de su sucesora, Norma Piña, por intervenir en el proceso electoral para favorecer a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Es decir, abrió una avenida para politizar un asunto que, aunque inmerso en la polarización que vive el país, tiene un origen de orden legal.
Zaldívar ha buscado afanosamente establecer que la Corte está violando la ley con la investigación, y sostiene que carece de un marco jurídico para sancionarlo. El exministro se apoyó en la Ley Orgánica que no prevé esa posibilidad de manera expresa, pero ha omitido mencionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo artículo 4 se refiere a las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos, como es su caso, mientras no hayan prescrito las conductas ilegales, que tienen una vigencia de siete años, que prevé el artículo 74 de la misma ley.
El Consejo de la Judicatura, que llevará la investigación, está facultado para hacerla e, incluso, tiene la posibilidad de sancionar administrativamente, si el caso lo ameritara, a los imputados, lo que podría significar una inhabilitación que le afectaría su vida política dentro de Morena y cancelaría su posibilidad de ser consejero jurídico de la Presidencia, como aspira, y eventualmente ser fiscal general y candidato presidencial en 2030, como algunos de sus cercanos hicieron trascender como un objetivo de mediano plazo en vísperas de que renunciara a la Corte a finales del año pasado.
Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura puede, una vez terminada su investigación, si encuentra culpables de algún delito a los imputados, dar vista a la Fiscalía General de la República para que proceda penalmente en contra de uno o varios de ellos. Este último paso de la pesquisa que se inició la semana pasada es explosivo, porque los tres actores centrales de la denuncia que motivó la investigación son enemigos del fiscal Alejandro Gertz Manero: Julio Scherer, Santiago Nieto y Zaldívar.
En la columna publicada en este espacio ayer, se subrayó que la parte más delicada de la denuncia y la investigación tenía que ver con un tema que no es aparente, la mesa de judicialización que se inició en este gobierno, donde se construyeron los casos políticos de interés del presidente López Obrador, la coordinaba Scherer, en ese entonces consejero jurídico de la Presidencia, pero Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, proporcionaba los principales insumos para que se abrieran las carpetas de investigación, que una vez armadas, Zaldívar se encargaba de instrumentarlas dentro del Poder Judicial.
La existencia de esa mesa de judicialización fue revelada en marzo de 2020 en este espacio, que nació de la necesidad de disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos trabajando en tándem con las áreas de inteligencia del gobierno y en coordinación con el Poder Judicial para tener toda la cadena de procuración y administración de justicia alineada para esos fines. El primer trabajo que vieron, en diciembre de 2018, días después de haber asumido López Obrador la Presidencia, fue el robo de combustible.
El objetivo primario fue cambiándose ante el poco interés de López Obrador por atacar al crimen organizado, por lo que los objetivos de la mesa de judicialización también fueron alterándose. Los cárteles de las drogas y los narcotraficantes dejaron de ser su prioridad, al ser remplazados por políticos, exfuncionarios y empresarios. En este segmento se enfocaron los esfuerzos, pero no todos los casos tenían sustento.
Nieto forzó varios casos y entregó documentación a la Fiscalía General que se topó con la imposibilidad de judicializarlos. Ante los ojos del Presidente, quien fracasaba en su trabajo era Gertz Manero, no Nieto, que de manera regular, como lo hizo cuando lo conoció durante la campaña presidencial de 2018, tocaba la música que le gustaba a López Obrador, empeñado en la destrucción del sistema político vigente para imponer el suyo.
La documentación sin sustento que entregaba Nieto en la mesa de judicialización fue una eterna fuente de conflicto con el fiscal general, que obligó a Gertz Manero a mostrar, de manera extraoficial, sus expedientes a los jueces –varios de ellos aparecen mencionados en la investigación como cercanos a Zaldívar–, para que antes de presentarlos les hicieran las observaciones pertinentes para ajustarlos y que los jueces no se los rechazaran por estar mal integrados.
Las fricciones entre dependencias se agudizaron. No sólo fue entre la Fiscalía General y la UIF, sino también entre Scherer y el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Razones subjetivas afectaron también la homogeneidad de la mesa, como el conflicto que fue creciendo entre Gertz Manero y Scherer, alimentado por el apoyo a Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y del fiscal para delitos de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera –otro participante en la mesa de judicialización–, con quienes tiene diferendos. Con Zaldívar chocó luego por la misma razón por la que se enemistó con Scherer, su falta de apoyos para saldar cuentas contra su familia política.
La investigación abierta tiene varias pistas para entender qué sucedió dentro del gobierno y el Poder Judicial en la primera parte del sexenio, principal, pero no únicamente, y el potencial para que Gertz Manero, con la ley en la mano, pudiera cobrarse cuentas pendientes con ellos tres. La contraofensiva de Zaldívar, que empezó ayer, cubre la parte política y mediática, quedando en el aire por algún tiempo los resultados de la investigación y lo que pudiera hacer Gertz Manero contra ellos, al ser un fiscal que trascenderá el sexenio.