¿Cómo es posible que el equipo de seguridad de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum la dejara llegar a un retén del Cártel del Pacífico en Chiapas instalado desde hace semanas? ¿Cómo es posible con la memoria fresca del asesinato de Luis Donaldo Colosio en un mitin en una zona de riesgo en Tijuana, en condiciones de riesgo inferiores a las que enfrentó Sheinbaum en Motozintla, su equipo de seguridad actuara con tanta irresponsabilidad?
Tanto Sheinbaum como el presidente Andrés Manuel López Obrador han tratado de minimizar el episodio acusando absurdamente un montaje de Latinus, el medio digital hipercrítico del poder moreno, escondiendo lo inocultable: la violencia política que vivimos, donde todas las semanas se acumulan los ataques, secuestros y asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, ha convertido este proceso, de acuerdo con la consultora Integralia, en el más letal en la historia de México.
El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el miércoles, 360 candidatos habían solicitado protección por razones de seguridad, de los cuales 300 están compitiendo a nivel federal –Presidencia, Congreso y Senado– y 60 a nivel local. Según Milenio, la petición de seguridad se elevó en 44 por ciento durante la última semana. El miedo es patente. Integralia reportó en su actualización sobre violencia electoral que hay 15 estados en riesgo de intervención del crimen organizado, de los cuales 12 están gobernados por Morena, dos por el PAN y uno por Movimiento Ciudadano.
Aunque la violencia política es transversal y ha tocado a todos los partidos y candidatos, se puede entender que haya tantas entidades encabezadas por Morena y sus aliados porque, salvo en la Ciudad de México –que no se encuentra en esas 15 entidades–, se ha aplicado la política de López Obrador de contener sin combatir, inhibir pero no enfrentar a las organizaciones delincuenciales. La estrategia de López Obrador ha sido catastrófica. En lo que van del sexenio, de acuerdo con el registro diario de la consultora TResearch, se han dado 185 mil 169 homicidios dolosos, que totalizan más asesinatos que en 12 años de gobiernos del PAN.
Cuando arrancó el satanizado gobierno de Felipe Calderón había 80 municipios controlados por los cárteles de la droga. Hoy en día, cuando menos hay 750 donde la autoridad y quienes proveen seguridad, establecen las reglas del mercado y cobran impuestos, son las organizaciones delincuenciales. En este contexto se desarrolla la mayor contienda electoral que hayamos visto, donde pese a los antecedentes de las elecciones de 2021, cuando el crimen organizado operó a favor de candidatos de Morena en la costa del Pacífico, el Estado mexicano, o no está listo para enfrentar ese desafío, o hay una parte de ese corpus que está en complicidad con los cárteles de la droga.
Una advertencia de esto la deslizó la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, que también realizó una gira por Chiapas recientemente y cuya poca asistencia a sus mítines en Tapachula y Huixtla se debió, dijo, a que grupos armados bloquearon el transporte público que trasladaba a sus simpatizantes. Chiapas, que vive una guerra en los municipios cercanos a la frontera con Guatemala entre los cárteles Del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, se encuentra entre los estados de “muy alto riesgo” durante las elecciones por la presencia y posible intervención del crimen organizado, de acuerdo con Integralia.
En su categoría están Colima –donde se enfrentan los mismos cárteles que pelean en Chiapas–, Jalisco –controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en etapa de descomposición y fragmentado en tres– y Michoacán –donde buscan el control territorial el Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana fundida en Los Viagras y una organización filial a ellos y al Cártel del Pacífico, Cárteles Unidos–. Clasificados como “alto riesgo” están Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, donde además de prácticamente las anteriores organizaciones, se suman los cárteles Del Golfo, Del Noreste, Santa Rosa de Lima y Los Zetas.
Las organizaciones criminales están en su propia guerra, sin control alguno y con casi una plena impunidad. El último informe de la organización civil Data Cívica de su proyecto Votar entre Balas, señala que en el actual proceso electoral, que empezó en septiembre del año pasado, se han registrado 30 asesinatos políticos, entre candidatos, sus familiares y funcionarios. Sólo los recientes asesinatos de alto impacto pusieron a pensar a quienes aspiran a un cargo de elección popular que su vida, si no pactan con los criminales, está realmente en riesgo. Los números son persuasivos.
Integralia contabilizó 386 hechos entre el 7 de septiembre y el 21 de abril, de los cuales resultaron 501 víctimas. Es decir, 2.2 por día, que se refieren a amenazas, secuestros, atentados y asesinatos. No se incluyen actos de intimidación, que han llevado a candidatos y candidatas a retirarse de la contienda. Sólo en Michoacán, al menos 22 aspirantes a un puesto de elección popular decidieron renunciar ante la inseguridad y la violencia en el estado. El último lo hizo el miércoles, Luis Lorenzo Martínez, candidato a la alcaldía de Zacapu por la coalición opositora, que renunció de manera irrevocable por “problemas de salud”.
Los datos oficiales no registran las amenazas de muerte que han recibido varios candidatos, que mantiene en secreto el gobierno federal, contra un importante político de la oposición y contra una figura polémica de Morena. También hay temor de las autoridades que vaya a darse una acción violenta contra analistas críticos de López Obrador, y al menos a dos de ellos les ofrecieron protección.
La violencia política está desbordada y no hay posibilidades reales de que las autoridades, federales o locales puedan proteger a quien lo solicite. No hay dinero ni capacidad humana, y la forma como se permitió el empoderamiento de los cárteles, con apoyo de algunos políticos para apropiarse de franjas del territorio mexicano, deja a todos en la intemperie. Por lo mismo, quienes aspiran a un cargo deben reforzar su propia seguridad sin esperar ayuda de nadie. Estas campañas, no se debe olvidar, son de terror.