La desaparición de Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, está comenzando a tomar la ruta de un escándalo que no tiene nada que ver con las primeras versiones proporcionadas a los medios por el fiscal estatal Uriel Carmona, quien, sin tener información clara ni la declaración del prelado, aseguró que se trataba de un secuestro exprés. Lo que está emergiendo a través de filtraciones de documentos oficiales a la prensa obliga a Rangel Mendoza y al Episcopado Mexicano a aclarar rápidamente lo que sucedió y explicarlo con detalle –sea lo que sea–.
El giro radical del caso de Rangel Mendoza se dio el miércoles, con revelaciones puntuales en el portal Central de Noticias de Morelos y en El Universal, que contradicen todo lo que hasta ahora se había dicho. Documentos oficiales que se entregaron a sus periodistas desmienten que el obispo, que fue reportado como desaparecido el lunes, hubiera ingresado voluntariamente el domingo al Hospital General de esa capital.
Las dos publicaciones señalaron que paramédicos lo recogieron en un hotel en Ocotepec, a una media hora de Jiutepec, donde el obispo vive, y fueron quienes lo llevaron al hospital. Central de Noticias, que obtuvo una copia de los reportes oficiales, citó: “Mencionan los paramédicos que lo recogieron inconsciente y desnudo en una habitación del Hotel Real de Ocotepec. Los paramédicos presentan las pertenencias del paciente en una bolsa negra, la cual se le recoge, y es un pantalón de vestir gris oscuro, una camisa de cuadros morada, un gel lubricante íntimo y un estuche pequeño color negro con seis condones (uno abierto) y cinco pastillas azules”.
El Universal subrayó los resultados de los exámenes toxicológicos, que mostraron presencia de cocaína y benzodiacepinas –un opiáceo que requiere prescripción médica para tratar alteraciones como la ansiedad–, sin encontrar marcas en el cuello o el tórax.
Los medios reprodujeron la bitácora que muestra que ingresó al hospital a las 10 de la mañana del domingo, poco más de 12 horas después de que lo vieran en una pizzería al sur de Cuernavaca y un día antes de que las autoridades lo localizaran, “con deterioro neurológico, a expensas de estupor, sin pertenencias y con un blíster de dos pastillas de Sildenafil”, un medicamento que trata la disfunción eréctil y estimula sexualmente a quien lo toma.
Sobre esto el gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo, señaló sus dudas desde las primeras horas después de que fue localizado el obispo de que se tratara de un secuestro exprés. La puntilla se la propició al obispo el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, que aseguró ayer que Rangel Mendoza entró al hotel por “voluntad propia” y acompañado por un hombre que “después se retiró”. El Hotel Real de Ocotepec tiene servicio de hotel y de motel, no registró al obispo porque, dijo un dependiente, estaría por corto tiempo.
Rangel Mendoza salió de su casa a una hora no precisada el sábado pasado sin sus dos teléfonos celulares; uno se estaba cargando y el otro estaba apagado. Se fue en su vehículo, dijo un funcionario. El automóvil en el que se movió ese día no ha aparecido. El vehículo sería fundamental porque a través de él se podrían reconstruir sus rutas, la hora exacta en la que entró y salió del hotel y el paradero actual de la unidad, pero se desconoce el avance de las investigaciones para encontrarlo –si no lo han hecho ya–, y revisar sus trayectos y recorridos. La declaración ministerial del obispo permitirá también llenar las lagunas de información sobre su desaparición y conocer su versión de los hechos.
El obispo no había declarado ante el Ministerio Público porque los médicos señalaban que no estaba en condiciones físicas y mentales para poder hacerla, aunque no explicaron por qué si estaba siendo tratado desde la mañana del domingo, no se hubiera podido recuperar. El silencio no lo ayuda, como tampoco encontrará beneficio en ello la Conferencia del Episcopado Mexicano, que sólo emitió una declaración cuando presentaron la denuncia sobre su desaparición, y una más cuando reapareció.
Rangel Mendoza ha sido un obispo altamente polémico desde hace varios años. Alcanzó notoriedad nacional en febrero, cuando se hizo pública la negociación que hizo con las dos principales bandas criminales en Guerrero, Los Tlacos y Los Ardillos, para lograr una tregua y restablecer la paz en Chilpancingo y otras zonas de la entidad. Desde hace más de tres años había estado proponiendo un pacto con criminales, generando una fuerte reacción negativa que lo obligó a renunciar a la Diócesis en febrero de 2022. Pocos meses después regresó como obispo emérito, sin hacer las funciones de su sustituto, José de Jesús González, pero absorbiendo todo el protagonismo.
Poco circunspecto, Rangel Mendoza es una figura mediática que, al tener tantos reflectores encima, lo que le suceda, para bien y para mal, tiene un impacto en la alta jerarquía eclesiástica. Los comunicados de la Conferencia del Episcopado Mexicano abonan en esa relación simbiótica que tienen, aunque no todos los prelados coinciden con él ni comparten sus iniciativas. Sus enemigos están dentro y fuera, en particular por el frágil equilibrio cuando se trata con dos bandas criminales enemigas.
Pero en este caso, él y el Episcopado van juntos y tienen que actuar rápido y con la verdad para enfrentar la información que están dando a conocer las autoridades en Morelos –o algún otro poder fuera del gobierno con acceso a la información–, que apunta que lo sucedido tiene de fondo actividades que lastiman la credibilidad de la Iglesia católica y lo implican en acciones que tampoco sanciona el Vaticano. Los documentos que se han filtrado a la prensa elevan la necesidad de una respuesta contundente de él, mediante explicaciones que abonen a la transparencia, sean sólidas y creíbles.
Rangel Mendoza se está jugando su fama pública y las autoridades han puesto a la Conferencia Episcopal Mexicana en la disyuntiva de saber la verdad y apoyarlo hasta el final o deslindarse de él.