Desde hace tiempo hay una preocupación estratégica en Estados Unidos por la expansión tecnológica de China en México. Desde el sexenio pasado, Washington ha presionado a México para cancelar la tecnología de telecomunicaciones 5G china, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado. En los últimos meses, sin embargo, las preocupaciones han girado y se han ampliado. México, por el creciente uso de drones chinos por parte de los cárteles de las drogas, y Estados Unidos por los drones chinos espías que vuelan sobre territorio mexicano.
La preocupación doméstica es por la capacidad de fuego de los grupos criminales que se incrementó con la utilización de drones chinos, DJI, la fábrica más grande en China que produce la marca, y que prefieren y pueden comprarse en las tiendas departamentales mexicanas por unos 2 mil dólares. Estos drones, adaptados con dispositivos para arrojar bombas, eran desconocidos en México hasta hace poco más de tres años, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a utilizarlos con gran efectividad. Les facilitó atacar desde el aire y matar a sus enemigos, a fuerzas de seguridad y a población civil, minimizando sus costos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su arsenal de drones en Apatzingán, Michoacán, el principal campo de batalla contra Cárteles Unidos. La utilización de ese equipo modificado con fines bélicos ha sido copiada por otra organización criminal, La Familia Michoacana, que opera en el Estado de México y Guerrero, y que se ha venido expandiendo en los dos últimos años a otros estados. Eventualmente se puede esperar que otros cárteles incrementen su capacidad de fuego con esta tecnología.
En el caso de los drones utilizados por las bandas criminales, las autoridades mexicanas hablaron con sus contrapartes en China para lograr su cooperación para neutralizarlos, ya que los drones que fabrican sus empresas tienen una huella digital, un código de aplicación universal, por lo que en China saben perfectamente dónde está cada uno de ellos. El gobierno de Xi Jinping accedió a la petición y está aportando información sobre la ubicación de los drones.
Esta cooperación ha sido fluida, pero hay otro tema estratégico directamente relacionado con China, donde las cosas serán totalmente diferentes, al cruzar por el terreno de la geopolítica y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, como en el caso de la tecnología 5G, que tiene que ver con los drones chinos que pasan por territorio mexicano para realizar actividades de espionaje en Norteamérica. En las últimas semanas, el gobierno del presidente Joe Biden empezó a ejercer fuertes presiones contra México para que actualice los reglamentos sobre su espacio aéreo, con el argumento de frenar los vuelos espías que cruzan territorio mexicano y buscan recolectar información sobre Estados Unidos.
Los estadounidenses han detectado que drones espías chinos sobrevuelan el espacio aéreo mexicano, y se quejan de la falta de actualización en la reglamentación vigente. Las leyes mexicanas establecen que todo avión de otro país que quiera incursionar en el espacio aéreo tiene que solicitar permiso para hacerlo, máxime cuando lleve armas –que podría ser el caso del equipo que va fotografiando la superficie terrestre o interviniendo comunicaciones– que tienen que detallar y especificar su objetivo, que se fueron adecuando a las necesidades generadas por las nuevas tecnologías que pudieran aplicarse a la aviación civil, una preocupación planteada por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, desde los 80, y más adelante en 2005, cuando publicó un documento sobre la gestión del tránsito aéreo mundial donde se establecen las estrategias mundiales para la organización y gestión del espacio aéreo.
La discusión en foros internacionales no ha concluido en un tratado internacional, por lo cual las leyes nacionales no son vinculatorias. En México se han tomado acciones para regular el espacio aéreo, pero enfocadas al uso de las tecnologías por parte del crimen organizado, como es el trasfondo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, vigente desde el primero de marzo del año pasado, que establece los lineamientos para la coordinación y colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles para frenar los vuelos no autorizados que, señala, transporten cargamentos no documentados, que incluyan dinero, armas y drogas, que signifiquen un riesgo de seguridad nacional.
Esa ley no habla de drones, y la normatividad la estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2016. Los drones están regulados comercialmente sólo para uso recreativo y comercial y sin necesidad de autorización en tanto no vuelen a más de 122 metros de altura ni más de 450 metros de distancia, y aunque se deja entrever que para drones de mayor alcance se requiere un permiso especial, las disposiciones no son claras. La ley, en todo caso, es de alcance limitado y reduccionista, a juicio de funcionarios estadounidenses, que quieren que México regule todo su espacio aéreo nacional que, de acuerdo con las leyes internacionales, comprende 22 kilómetros de todo su territorio sobre el nivel del mar.
Los aviones comerciales vuelan hasta alcanzar la velocidad crucero en alrededor de los 10 mil metros de altura (33 mil pies), y sólo un avión, el ya descontinuado supersónico Concorde, volaba a lo doble. Algunos drones espía, que no tienen problemas de presurización porque no son tripulados, llegan a volar hasta a 30 mil metros de altura, en un espacio aéreo considerado exterior. Estados Unidos, que se abroga derechos que no tiene para actuar en el espacio exterior, está presionando a México por drones chinos que tiene registrado están volando dentro de su espacio aéreo nacional, y que es lo que quiere que se reglamente.
Las peticiones de Estados Unidos ya fueron hechas a altos funcionarios mexicanos, pero hasta ahora no se conoce ninguna respuesta. Tampoco se sabe cuál es la posición de López Obrador, que se ha resistido a exigencias estadounidenses previas, como en el caso de la red 5G, favoreciendo la expansión de tecnologías chinas que son consideradas en Washington como sistemas de espionaje, como es el caso de los drones chinos sobre territorio mexicano.