El colapso de Arturo Zaldívar como el arquitecto de la reforma al Poder Judicial produjo una consecuencia inesperada: la desarticulación, que no destrucción, de un sistema de terror instaurado desde Palacio Nacional con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia contra los contribuyentes, con jueces y magistrados intimidados y amenazados por los operadores del exministro, para que sirvieran como arietes para obtener recursos de manera irregular o ilegal para presuntamente financiar los programas sociales y las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El sistema de terror no operó desde el inicio del gobierno, aunque la determinación de apretar a los contribuyentes morosos y evitar abusos sí empezó de manera inmediata de la mano de la primera administradora del SAT, Margarita Ríos Farjat, que aunque actuó en ocasiones con desplantes y prepotencia, no escaló a lo que vendría más adelante con Raquel Buenrostro, que con el aval presidencial empezó a cobrar impuestos a morosos y cumplidos, con amenazas de iniciarles causas penales si no pagaban lo que les exigía. Hubo un empresario, capitán de una de las principales compañías mexicanas, que prefirió pagar varios miles de millones de pesos por encima de lo que ya había pagado, para no enfrentar acusaciones penales.
Lo que hacía el SAT era desconocer deducciones legítimas de impuestos, duplicar ingresos en las auditorías e interpretar las normas de manera discrecional, inventando en ocasiones créditos que podían ser inexistentes. Detrás del SAT, para apoyar la estrategia, estaba la UIF, la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría Fiscal. No fueron pocas las ocasiones en las que, además, López Obrador utilizó información que le proporcionaron para darla a conocer de manera ilegal en la mañanera con enfoques sesgados, tergiversando y manipulando los datos, con el objetivo de crear linchamientos públicos de quienes consideraba enemigos o que en ese momento habían caído de su gracia.
El terrorismo fiscal en este sexenio ha llegado a niveles superiores, no sólo con esas prácticas irregulares e ilegales, sino con un marco jurídico que impulsaron bajo el pretexto de erradicar la corrupción de cuello blanco, promoviendo una ley para imponer la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales. Las autoridades fiscales llegaron a litigar directamente con jueces y magistrados avalados por Zaldívar, permitiendo que los amenazaran para obtener sentencias que estuvieran alineadas a los propósitos del gobierno de López Obrador.
“El SAT ordenaba la fiscalización mediante revisiones de gabinete o visitas domiciliarias que en realidad servían como sustento jurídico para iniciar la extorsión”, comentó uno de los abogados que enfrentaron a las autoridades. “Estos procedimientos, que se llevan años (de litigio), donde se exige la presentación de mucha información y documentación que no será valorada para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que servía para hacer un listado para que luego, empleando presunciones e interpretaciones sesgadas, terminarían determinando un crédito fiscal equivalente a la totalidad de los ingresos obtenidos por el contribuyente, con lo que el pago se hacía imposible”.
No fueron sólo los grandes conglomerados los que fueron víctimas de este esquema. También empresas medianas y pequeñas, así como individuos específicos que el Presidente consideraba incómodos. Uno de quienes sufrió abusos por parte del SAT pudo haber emprendido un juicio y pelear la duplicación del pago de impuestos, pero la recomendación fue asumir el costo y pagar, ante lo que sería una larga batalla legal donde no había certidumbre de que en tribunales pudiera ganar.
Una de las razones que fiscalistas y abogados recomendaron a algunos de sus clientes pagar, aunque fuera en exceso, fue que como parte de la estrategia de Palacio Nacional, se fueron colonizando las instancias que se habían creado antes del gobierno de López Obrador para defender a los contribuyentes. La más importante fue la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde se nombró en abril del año pasado a Armando Ocampo Zambrano como encargado de despacho.
Su designación fue muy criticada por las cúpulas empresariales, que vieron una invasión de facultades por parte del Ejecutivo al haber nombrado a quien hasta la víspera era subprocurador de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es decir, quien defendía a López Obrador y al secretario de Hacienda contra los amparos de los contribuyentes pasó, literalmente de la noche a la mañana, a defender a los contribuyentes del Presidente y el secretario de Hacienda.
No fue la única institución donde se podían defender los contribuyentes que en el último tercio del sexenio experimentó el relevo de sus cabezas. Cuatro meses antes del nombramiento de Ocampo Zambrano, Guillermo Valls Esponda, que tiene una larga carrera en áreas fiscales –fue administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT–, asumió como el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha sido castigado fuertemente, al mantenerse acéfalas decenas de puestos de magistrados desde la segunda parte del sexenio, como un diseño de Palacio Nacional para dejar mancos y cojos a organismos autónomos y reguladores; es decir, los contrapesos al poder.
Los magistrados en esa institución judicial suelen resolver en primera instancia a favor del fisco, quedando a los contribuyentes, como último recurso, la apelación en los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, donde sus magistrados llegan al cargo mediante exámenes de oposición, y no por imposición. En esos tribunales los contribuyentes tienen derecho de audiencia, por lo que las presiones contra los magistrados se han ido intensificando en la medida que agoniza el sexenio para poder seguir captando impuestos, para que López Obrador pueda cerrar su mandato con recursos para avanzar al máximo las megaobras y aceitar la maquinaria electoral con financiamientos irregulares o, en algunos casos, ilegales.
Este esquema le ha funcionado a López Obrador, lo que no es extraño, cuando su brazo recaudador tiene como tentáculos a los aparatos de inteligencia y de procuración de justicia, que así como presionan a los contribuyentes, amenazan al Poder Judicial, aunque con la caída de Zaldívar, las posibilidades de que se mantenga como un contrapeso del Ejecutivo son alentadoras.