De repente, el espíritu de Pitágoras se apoderó de Adán Augusto López, el encargado de cuidar los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado, y cuando le preguntó la prensa sobre la construcción de la mayoría calificada que aprobará la reforma judicial, dijo que se necesitan 85 votos a favor, detonando una controversia, porque la última vez que todos checaron la ley, la cifra mágica era de 86. “Hay quienes interpretan que son 85 porque dicen que cuando es resto mayor o menor de 50, entonces se reduce”, dijo el coordinador de Morena. “Cuando el resto mayor es de 50, se escala. Entonces, vamos a esperar. Yo soy un estricto legislador; estrictamente respetuoso de lo que dice la ley”.
¿Supera los 85 o no?, le insistió la prensa en busca de claridad. “Bueno -respondió-, dice la ley que es 85.36, si la matemática no me falla, (y) si Pitágoras no falla”. La matemática no falla, lo que no puede decirse de la honestidad política, porque todo apunta a que sembró la posibilidad de consumar una chicanada la próxima semana.
El artículo 135 de la Constitución establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los votos de los integrantes de cada cámara –y con similar proporción por la mitad más uno en los Congresos estatales–, que son 86. La ley no considera el concepto matemático del resto mayor o menor, y quienes legislaron jamás pensaron que alguien plantearía alcanzar la mayoría calificada con .36 por ciento del cuerpo de una persona.
El disparate político debe tener una razón de ser, vinculado a lo que anticipó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la víspera, de que la coalición de gobierno de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde tenía asegurada la mayoría calificada. Lo que López dejó entrever con su declaración sugiere que esa mayoría calificada se complicó, y que la reforma judicial está en riesgo de morir en la Cámara alta, cuando menos en este momento.
No parecía que López Obrador tendría problemas para conseguir los votos para su reforma judicial cuando hace 10 días el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que ya tenían la mayoría calificada, lo que sólo podrían obtener con votos de la oposición. El Presidente se enfureció por la indiscreción de Velasco y mandó a López a desmentirlo el día siguiente. Sin embargo, ya había comenzado un movimiento callejero de oposición a la reforma judicial y presiones con paros en el Poder Judicial, al que se sumaron cientos de estudiantes de escuelas de derecho en el país. La declaración de Fernández Noroña agregó nuevas presiones contra senadoras y senadores de oposición.
Se ventilaron nombres de figuras en el Senado, que forzaron desmentidos. Amalia García, de Movimiento Ciudadano, y el priista Manlio Fabio Beltrones fueron los primeros en reiterar que votarían contra la reforma judicial. Una súbita operación en la rodilla del priista Miguel Riquelme lo colocó en el aparador de quienes podrían darle la mayoría calificada a López Obrador, porque las ausencias benefician a la coalición de gobierno, pero esta semana tuvo que dar la cara y reiterar que participaría la próxima semana en la sesión y votaría contra la reforma. El último que faltaba por fijar su posición era Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, por lo que comenzaron a tildarlo de ‘traidor’; éste informó en las redes sociales que no se dejaría intimidar por ningún grupo de poder, del color que sea, y que su voto sería congruente con “lo que sea mejor para México”. Fue enigmático, pero horas después terminó sumándose al resto de la oposición.
Alejandro Moreno, líder del PRI, denunció que sus senadoras y senadores habían recibido ofertas millonarias por votar por la reforma judicial, sin dar pruebas de ello. Versiones de que la oferta ha sido de 25 millones por voto no fueron confirmadas de manera independiente. Lo que sí se ha corroborado es que dentro de los partidos de oposición en el Senado había fuertes presiones para evitar que alguien votara por la reforma judicial, elevando aún más el costo social que las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y los universitarios en todo el país han colocado sobre ellas y ellos.
Un reflejo del momento político y social que se vive fue reflejado por Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, que en su columna titulada Se busca traidor enumeró a todas las senadoras y senadores de oposición susceptibles de presiones de Morena y sus partidos coaligados para votar con ellos. “Sólo uno, de 43. Nada más”, apuntó. “Es todo lo que requiere para completar la cuenta de 86 senadores, necesaria para modificar la Constitución –en caso de que la asistencia sea total– y acabar con la independencia del Poder Judicial federal y único contrapeso al mando presidencial”. Si no hubiera asistencia total, la mayoría calificada se alcanzaría con las dos terceras partes del quorum.
La lucha política en el Senado definirá el México en el que viviremos. López Obrador requiere la reforma judicial para transformar el régimen y restablecer una patria donde el poder esté centralizado en él –y en semanas en la presidenta Claudia Sheinbaum– y sin contrapesos, a lo que se le están enfrentando quienes prefieren un poder compartido que rinda cuentas, cuyos esfuerzos recuerdan de alguna manera el discurso de Winston Churchill, a un mes de ser nombrado primer ministro británico, tras el desastre militar francés en el inicio de la Segunda Guerra Mundial que terminó con la ocupación nazi de París, preparando a la nación para la Batalla de Inglaterra.
Churchill les dijo a los ingleses que Adolfo Hitler sabía que tendría que quebrarlos o perdería la guerra, pero que si podían hacerle frente, “toda Europa (podría) ser libre y la vida del mundo avanzar hacia tierras altas iluminadas por el Sol”. De otra forma, advirtió, caerían a una nueva era oscura, urgiéndolos a cumplir con sus responsabilidades y preservar el imperio británico, para que mil años después se dijera que esa fue “su hora más gloriosa”.